El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones mueve ficha tras el fracaso de la última reunión sobre la renovación del Tribunal Constitucional celebrada este miércoles con el grupo conservador. Sus miembros han anunciado en un contundente comunicado que explorarán “otras vías alternativas de acuerdo inmediato” para “cumplir en el plazo más breve posible” con la designación de los dos magistrados del tribunal de garantías que deberían haber sido nombrados antes del 13 de septiembre. Así se lo han trasladado también al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al que han dado cuenta de la “falta de horizonte temporal y concreto de los trabajos” de la comisión negociadora creada para negociar estos nombramientos.
En ese mismo comunicado, los progresistas afirman que tratarán de lograr un acuerdo “a lo largo de hoy, mañana y pasado” y dicen no sentirse “responsables” de la parálisis generada alrededor de estas designaciones. Su movimiento llega después de que la tercera reunión entre ambos bloques acabara sin avances. En otro comunicado, los ocho vocales del sector conservador artífices del bloqueo volvieron a poner de excusa la ausencia de candidatos afines.
Los vocales elegidos a propuesta del PP afirmaron que la “intensa búsqueda” de perfiles para optar al tribunal de garantías había resultado “infructuosa” hasta el momento. Y, al mismo tiempo que reiteraron que están “trabajando” para cumplir con la obligación de hacer estas designaciones, pidieron “tiempo” para que la “reciente” visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, rinda los efectos esperados sobre la renovación del CGPJ. Todo ello, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que su vista haya servido para acercar las posturas entre los partidos que tienen que pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores, ocho progresistas y el presidente Lesmes. De la decena de conservadores hay ocho constituidos en una especie de minoría de bloqueo y que durante las últimas semanas han esgrimido diferentes subterfugios para dilatar el acuerdo. Cualquier vía “alternativa” de acuerdo requiere romper ese bloque y atraer a alguno de sus vocales. Fuentes del órgano afirman que Lesmes lleva días haciendo gestiones en ese sentido.
El retraso en la designación de los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar tiene lugar en un momento convulso en el CGPJ por la amenaza de dimisión de su presidente. Lesmes reiteró el viernes pasado que se marcharía en los “próximos días” si el PSOE y el PP siguen sin “visibilizar” un compromiso de renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. En el último pleno trasladó a algunos vocales que no estaría en el cargo más allá de esta semana, aunque su voluntad ha sido siempre dejar encarrilados los nombramientos del Constitucional antes de renunciar.
El pasado jueves ambos bloques acordaron en el pleno retomar este miércoles las negociaciones en la que ha sido la tercera cita de ambos equipos. En caso de acuerdo, la idea era celebrar otro pleno este jueves y dejar el asunto zanjado. De no haberlo, pactaron que el pleno vuelva a reunirse el día 13 de octubre para que los miembros de la comisión negociadora “den cuenta de las gestiones realizadas”. Está por ver si el movimiento del bloque progresista altera este calendario.
En las últimas semanas la minoría progresista ha intentado desarmar el argumento de la ausencia de candidatos esgrimido por los conservadores poniendo encima de la mesa el nombre de hasta nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Constitucional. Aunque todavía no han desvelado el magistrado finalmente elegido sí han manifestado al otro grupo que están “en condiciones” de determinar cuál es el nombre finalmente elegido.
El único acuerdo de mínimos alcanzado entre ambos sectores en las tres reuniones mantenidas desde el pasado 16 de septiembre es que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo.