Los jueces suelen decir que hablan a través de sus sentencias y resoluciones, pero uno de los puntos del pacto entre PSOE y Junts para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez ha abierto la veda a un torrente de críticas poco habituales desde el poder judicial hasta las negociaciones políticas: las menciones al 'lawfare'. Desde varios vocales conservadores del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta todas las asociaciones judiciales, pasando por jueces decanos y presidencias de tribunales territoriales y magistrados de todo el país consideran que ese acuerdo ataca la separación de poderes mientras el propio PSOE ha tenido que aclarar que no supondrá la revisión de ninguna sentencia judicial.
El término 'lawfare' sirve para designar maniobras coordinadas o esporádicas para, a través de los tribunales o los cuerpos policiales, perjudicar a un determinado sector político y no necesariamente por iniciativa de los propios jueces sino por quien es capaz de “instrumentalizar” los tribunales convertir conflictos políticos en causas judiciales. En el caso del independentismo catalán sus denuncias son variadas: desde la decisión de la Audiencia Nacional y el Supremo de arrogarse la competencia para gestionar las causas contra el procés hasta Josep Lluís Alay, director de la oficina del expresident Carles Puigdemont.
El acuerdo entre ambos partidos propone una ley de amnistía para políticos y ciudadanos condenados o imputados en procesos judiciales relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017. Y establece que las comisiones de investigación del Congreso que se van a constituir en la próxima legislatura “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política”. Entre las posibles consecuencias, “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
En una entrevista concedida a la Cadena SER, el ministro Félix Bolaños rechazaba este viernes las acusaciones de vulneración de la separación de poderes, para después destacar algo que es así según la actual legislación: ninguna conclusión de una comisión parlamentaria tiene efectos sobre una decisión judicial sobre el mismo tema. “Obviamente el Poder Judicial tiene sus competencias y nada que ver con que las comisiones de investigación tengan sus conclusiones”, dijo Bolaños en Hoy por Hoy.
El comunicado que abrió la veda y cimentó el resto de quejas similares desde el mundo de la judicatura fue el que emitieron de forma conjunta, con una unanimidad poco habitual en los últimos tiempos, las cuatro principales asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas como las que rechazan ser incluidas en esas categorías. Fue firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, que entre todas aglutinan a 2.985 jueces.
Estas asociaciones, que representan al 55% del total de magistrados en activo en España, interpretan que se “podría” producir una “revisión parlamentaria” de decisiones judiciales, con una “evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. El término 'lawfare', entienden las asociaciones, “no es aceptable” por denotar “alguna desconfianza” en el funcionamiento del poder judicial.
Posteriormente a las declaraciones de Bolaños, la progresista Juezas y Jueces Para la Democracia celebró la “sensatez” de precisar que el Congreso no invadirá competencias de los jueces. La Unión Progresista de Fiscales también emitió un comunicado mostrando su “absoluto rechazo” a estas referencias, considera “inadmisible” la creación de esas comisiones y recuerda que “ningún otro poder del Estado” puede revisar una sentencia judicial.
Es un comunicado al que se han adherido diversos organismos gubernativos, como por ejemplo los jueces decanos de un total de 79 partidos judiciales. Estos magistrados son elegidos por los propios jueces y en España hay un total de 431 partidos judiciales, pero los firmantes aglutinan los más relevantes, entre ellos la mayor parte de capitales autonómicas. También se han sumado los presidentes de las audiencias provinciales, elegidos la gran mayoría por el actual CGPJ a lo largo de la última década, así como las presidencias de algunos tribunales superiores como el de Madrid o el de Castilla-La Mancha.
Los comunicados del Poder Judicial
Desde este poder del Estado también se ha manifestado, aunque dividido, su órgano gubernativo, que tiene el mandato caducado desde hace un lustro y cuyo sector conservador acumula un amplio historial de choques con el actual ejecutivo. Después de un controvertido comunicado –que ni siquiera el presidente Vicente Guilarte quiso suscribir– sobre la amnistía, nueve vocales conservadores y tres progresistas del CGPJ apoyaron un escrito apuntando también a la referencia al 'lawfare' en el acuerdo entre ambos partidos.
Este comunicado califica de “inadmisibles” esas referencias. “Implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”, dice el órgano de gobierno de los jueces. Sería una “inadmisible” injerencia en la independencia judicial, añade, mientras anuncia su “más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”.
Está por ver qué casos de esa posible judicialización de la política terminan siendo analizados en las comisiones parlamentarias a las que se refiere el acuerdo. Por el momento, ningún mecanismo legal permite que las conclusiones de una comisión parlamentaria tengan ninguna consecuencia sobre una instrucción o sentencia judicial, más allá de que por ejemplo se pueda aportar un testimonio de sede parlamentaria a estas causas.