La decisión de la Fiscalía de amenazar con la detención de 712 alcaldes catalanes no ha encontrado un seguimiento unánime en el mundo judicial y ha generado alarma en sectores, en principio propicios a las medidas que se habían adoptado hasta la fecha para frenar la posibilidad de un referéndum.
Fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es han calificado la decisión como “innecesaria y perturbadora”. En el alto tribunal se ha optado por tomar día a día las decisiones con criterios de prudencia. La actitud agresiva de la Fiscalía es recibida con malos ojos.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, también ha expresado sus dudas: “De la misma manera que se critica la politización de la justicia hay que evitar la judicialización de la política”, asegura en declaraciones a eldiario.es. En la misma línea se manifiesta un catedrático de Constitucional que prefiere mantener el anonimato bajo el siguiente argumento: “Estoy en línea con las decisiones del Gobierno pero con esto no puedo estar de acuerdo. No se puede inculpar a colectivos completos”.
Los 712 alcaldes a los que Fiscalía advierte de una posible detención presiden el 74% de los municipios catalanes. En esos ayuntamientos reside el 36% de la población de esa comunidad autónoma. Dicho de otro modo, un total de 2,7 millones de catalanes tienen a su alcalde bajo la amenaza de una detención directamente relacionada con la consulta independentista.
Le medida ha cosechado ya las críticas de algunos de los principales dirigentes políticos: “La sociedad catalana no va a entender que se reprima a cientos de alcaldes por apoyar una reivindicación que es mayoritaria en Catalunya y eso la alejaría aún mas del conjunto de España”, dice Pablo Iglesias a eldiario.es. “Los problemas políticos no los resuelven los fiscales y la policía y lo que hay en Catalunya es un problema político”, asegura.
Iglesias apuesta por la celebración de un “referéndum pactado” desde la convicción de que “ganaría la opción favorable a la permanencia de la nación catalana con un nuevo encaje jurídico y refuerzos en su autogobierno”. El líder de Podemos se muestra convencido de que la presencia de Rajoy en Moncloa agrava el problema: “Si el PP permanece atrincherado en el Gobierno, es probable que más catalanes se hagan independentistas”.
El Congreso de los Diputados se hizo eco este miércoles del malestar ante la actuación de la Fiscalía. Los grupos catalanes firmaron un escrito solicitando la comparecencia del Fiscal General para que dé explicaciones. El Partido Nacionalista Vasco, apoyo clave del Gobierno para la aprobación de los últimos presupuestos, se ha sumado a la iniciativa, dejando claro su malestar con la amenaza a los alcaldes.
En el PSOE, se mantienen en la postura de no hacer comentarios bajo la siguiente premisa que apunta un miembro de la dirección: “No nos pronunciamos sobre las actuaciones judiciales”.
En el PSC distribuyeron este miércoles un argumentario en el que se manifiesta respeto a las decisiones judiciales, al tiempo que se carga las tintas contra el Gobierno de Puigdemont: “La investigación preliminar iniciada por la Fiscalía es consecuencia directa de la decisión del Gobierno de la Generalitat de pedir a las alcaldesas y a los alcaldes que se hagan corresponsables de la organización de un referéndum ilegal”.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, para recabar su opinión sobre la advertencia a los alcaldes, sin obtener respuesta por el momento.
Desde el ayuntamiento de Barcelona, su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, asegura: “Se trata de un despropósito político y jurídico, impulsado por una Fiscalía claramente partidista, que ha sido reprobada por la mayoría del Congreso y que ha perdido toda credibilidad como órgano mínimamente imparcial”.
En municipios alejados de Cataluña, la preocupación por la decisión del ministerio fiscal también se ha dejado notar. Es el caso de Santiago de Compostela. Su alcalde, Martiño Noriega asegura: “El Gobierno del PP da un nuevo salto al vacío en esta carrera de recortes de los derechos civiles y políticos. Ahora toca considerar sospechosos habituales a representantes elegidos democráticamente. Fusilada la presunción de inocencia, aterra pensar hasta dónde están dispuestos a llegar en este finiquito del Estado de Derecho que tanto dicen defender”.