Es uno de los nombramientos más controvertidos del Gobierno. En la pasada legislatura, el gabinete de Mariano Rajoy ya había tenido problemas con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, una jurista de perfil conservador, que se resistió a aceptar determinadas instrucciones del ministro Rafael Catalá y acabó abandonando sin hacer ruido. Y para ese puesto clave en esta legislatura, se eligió a José Manuel Maza, un magistrado del Supremo, número 1 de su año entre los fiscales de diatrito décadas atrás.
Maza no cargaba con polémicas a cuestas e incluso había archivado una querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Podemos y Pablo Iglesias. Lo que buscaba el Gobierno era un perfil técnico que no diese problemas en una legislatura sin mayoría absoluta que se preveía complicada para el PP. No fue la primera opción. Se barajaron otros nombres pero el Consejo de Ministros sancionó su nombramiento el 25 de noviembre de 2016.
Sin haber cumplido un año en el cargo, su expediente está repleto de lamparones. Designó, o al menos aceptó, a Manuel Moix como jefe de Anticorrupción. El elegido duró cuatro meses, en medio de una sucesión de escándalos y maniobras para obstaculizar investigaciones a importantes dirigentes del PP como el expresidente madrileño Ignacio González.
Maza apadrinó a Moix y acabó defendiéndolo hasta el final de sus días e incluso después de que anunciase su renuncia cuando se descubrió que tenía participaciones en una sociedad familiar radicada en Panamá. Como consecuencia de todo aquello, Moix, el propio Maza y el ministro Catalá fueron reprobados por el Congreso.
Con semejante hoja de servicios afrontan la Fiscalía General del Estado y el Ministerio la crisis catalana en la que Maza ha vuelto a desempañar un papel decisivo. En las entrevistas que concede se ha permitido hacer quinielas sobre un asunto tan delicado como los delitos a imputar en Catalunya antes incluso de que se cometan.
El 17 de marzo, en una entrevista en El Mundo, afirmó que podría acusarse a los independentistas de sedición. Lo hizo tres días antes de que se produjesen las detenciones de los altos cargos de la Generalitat por orden de un juez de instrucción de Barcelona y de que miles de personas saliesen a la calle para protestar ante la Consellería de Economía y se causasen destrozos en tres todoterrenos de la Guardia Civil.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en una denuncia firmada por el teniente fiscal Ángel Carballo, calcó el delito que Maza había deslizado en El Mundo. Y como Maza apuntó en la entrevista, que debía ser la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigarlo. Desde el miércoles un magistrado de la Audiencia ya indaga sobre aquellos hechos.
En la última semana Maza ha vuelto a soltarse. Ha repetido a distintos medios que la detención de Puigdemont es una “opción abierta” y que para atribuir el delito de rebelión en Cataluña, uno de los más graves del Código Penal castigado con entre 15 y 25 años de cárcel, han de producirse episodios de violencia.
Esas respuestas de Maza motivaron nuevas preguntas a Catalá sobre la hipotética detención de Puigdemont. El pasado lunes el ministro dejó el futuro del president en el aire. “Se adoptan medidas de limitación de libertad cuando una persona ha cometido un delito y un juez así lo decide” y ha dicho que desconoce si en el caso de Puigdemont “se está en esos términos”.
“Lo que sí hay es una querella presentada por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, temas muy importantes”, ha dicho el ministro, que ha añadido que la semana pasada también se presentó una querella “por un delito muy grave, el de sedición, que tiene una pena de entre 10 y 15 años para las personas condenadas por él”.
De todas formas, Rafael Catalá ha insistido en que cualquier decisión sobre medidas cautelares en esta materia la adoptará un juez “con todas las garantías”, pues “pese a lo que dicen algunos estos días, está acreditado que España es una gran democracia y tutela los derechos y libertades de todos”.
Los independentistas utilizan cada entrevista de Maza para acusarle de ser un títere del Gobierno, deslegitimar al Estado y recordar que el Congreso le retiró hace meses su confianza.
Algunas de sus polémicas declaraciones han causado malestar en la carrera. La Unión Progresista de Fiscales ya había solicitado su renuncia mucho antes de que estallase el problema catalán y de la sentencia del Tribunal Constitucional.
La última instrucción polémica la remitió la Fiscalía de Menores sobre este asunto. Se envió a colegios e institutos de Catalunya el pasado miércoles a propósito de los alumnos que faltan a clase para acudir a las manifestaciones.
En el oficio fechado el 27 de septiembre y que lleva la firma del coordinador Javier Huete, el ministerio público advierte a los centros educativos “incoar expedientes de riesgo” para proteger a los menores. Según explica un fiscal a eldiario.es, se trata de una figura que alerta sobre posibles problemas en las familias. Tal y como está regulado, “se trata de un trámite previo a, caso de que se den las circunstancias previas, decretar la situación de desamparo de un menor”. En ese caso la Fiscalía podría adoptar figuras de protección más drásticas.
Los fiscales consultados critican que se esté pidiendo a los centros escolares utilizar una figura pensada para hogares en los que existen problemas de convivencia para amenazar a aquellas familias que autorizan a sus hijos a ausentarse del instituto para acudir a las manifestaciones. De momento, no hay noticias de que los colegios o institutos hayan recurrido a esta figura legal.