La jueza de instrucción Raquel Robles se ha tenido que enmendar a sí misma por segunda vez y por el mismo “error”. La magistrada del juzgado número 25 de Madrid ha “dejado sin efecto” la notificación para que acudiera a declarar ante ella, en calidad de investigada, la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, aforada ante el Tribunal Supremo. Robles ya tuvo que hacer una rectificación calcada el pasado mes de septiembre, esta vez contra el también diputado Rafael Mayoral.
La jueza investiga los hechos ocurridos el 28 de marzo de este mismo año durante una manifestación frente al Congreso de trabajadores de las plantas de Alcoa de Galicia y Asturias. Durante la protesta se produjo una carga policial al intentar los manifestantes acercarse a la puerta del Parlamento. Los diputados investigados (además de los mencionados, Antón Gómez-Reino y la ya exrepresentante Ángela Rodríguez), que estaban en la concentración mostrando su apoyo a los trabajadores, se vieron involucrados en la refriega e intentaron mediar para evitar los altercados.
Pero, meses después, fueron conocedores de que los cuatro están incluidos en una investigación de un tribunal de instrucción de Madrid que afecta también a otros tantos trabajadores de Alcoa y que obvia la condición de aforados de varios de ellos.
El primero en recibir la notificación fue Rafael Mayoral. El diputado, candidato a la reelección por Madrid este 10 de noviembre, fue convocado al juzgado de Raquel Robles por un supuesto delito de “atentado contra la autoridad” producido durante la manifestación de los trabajadores de Alcoa.
Tras difundirse en los medios la información, Robles anuló la notificación, según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque sin explicar el “error” cometido por la jueza ni qué le llevó a dar marcha atrás ni detallar cómo había tenido entonces conocimiento “fehaciente” de su condición de diputado.
Tres semanas después, el “error” ha vuelto a ocurrir. La jueza, que ya se hizo famosa por remitir a un juzgado de Violencia de Género la investigación de un suicidio asistido, ha llamado a declarar a Ángela Rodríguez y a Yolanda Díaz. Díaz forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, por lo que no perderá su condición de aforada mínimo hasta las próximas elecciones de noviembre. Si las encuestas aciertan, seguirá siendo diputada por lo que Robles no podrá investigarla.
Fuentes del TSJ de Madrid explican a eldiario.es que se trata de “un error” de Robles y que la notificación “ya ha quedado sin efecto”.