Seis de los 21 acusados por el 'Rodea el Congreso' de hace 12 años pactan con la Fiscalía para evitar la cárcel

Esta mañana ha comenzado en Madrid el juicio a los 21 detenidos en el Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, la mayoría de ellos acusados de delitos como desórdenes públicos, resistencia, daños, lesiones y atentado contra la autoridad. En total, para todos ellos el Ministerio Público solicitaba penas de cárcel que llegaban a los 112 años, con penas individuales de hasta ocho años de prisión. Antes de la apertura del juicio oral, seis de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía a penas de prisión que se sustituirán por multas que ascienden a los 1.320 euros tras aplicarse, 12 años después de los hechos, una atenuante de dilaciones indebidas. 

En esta primera jornada del juicio, que se extenderá hasta el 28 de noviembre, se han llevado a cabo cuestiones previas y se ha escuchado el testimonio de varios agentes de Policía Nacional que intervinieron en el dispositivo de seguridad de aquel día. Según fuentes conocedoras del caso, algunos de ellos han sido mandos del Cuerpo y agentes que durante la protesta actuaron de paisano.

Conocido como el 25S, ese día de 2012 se saldó con 35 personas detenidas. Muchas de ellas denunciaron malos tratos y torturas tras la detención. De hecho, España fue condenada por el Tribunal de Derechos Humanos en 2021 al considerar que no se investigaron adecuadamente estos presuntos abusos policiales.

Pactar para terminar con la incertidumbre

Doce años después, y sin haberse investigado las denuncias de malos tratos, seis de los acusados han reconocido un delito de desórdenes públicos, materializado en una pena de 11 meses de prisión que se sustituirá por una multa económica. De estos seis, dos de ellos han aceptado otra pena de 11 meses de prisión por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso, tal y como han informado fuentes jurídicas, quienes han añadido que otros tres de los acusados también han aceptado dos meses y 20 días de cárcel por un delito de atentado básico. 

“Las penas para aquellos que han aceptado 22 meses de prisión se conmuta por una pena económica durante ese mismo tiempo a razón de dos euros diarios”, ha especificado Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica y defensor de tres de los acusados que han pactado con el Ministerio Fiscal.

El letrado ha explicado que “han preferido la conformidad ante las elevadas penas de prisión que solicitaban para ellos, que alcanzaban los ocho años de prisión”. También ha recalcado que este proceso judicial se inició hace 12 años: “Las circunstancias de estas personas han cambiado mucho. Algunas son padres y ante la remota posibilidad de entrar en la cárcel han elegido pactar con la Fiscalía. Así también se evitan seguir esperando, porque para que haya una sentencia firme puede quedar todavía otro año”.

Por su parte, los abogados de los demás acusados han pedido que sus defendidos declaren una vez haya concluido la prueba, por lo que su testimonio será el último que se escuche en esta sala de lo Penal. Todos ellos han decidido no aceptar el acuerdo ofrecido por la Fiscalía al mismo tiempo que, a través de sus letrados, han negado los delitos que se les imputan y han solicitado su libre absolución. En este sentido, los abogados ya han puesto a disposición del juez material documental diverso, como fotografías y vídeos, que demostrarían su inocencia.

La Fiscalía mantiene que aquel 25S en torno a unas 500 personas arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, tirando las vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos. Esto “obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de intervención policial para tratar de contenerlos”, ha expresado el Ministerio Público a través de un comunicado. Las cargas policiales llegaron incluso al interior de la estación de Atocha.

Desde su perspectiva, habrían sido diversos grupos “coordinados” y “organizados”, además de otros individuos, quienes se dedicaron “a causar destrozos en la vía pública, intentado rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos, no sólo contra las fuerzas de seguridad sino contra los vehículos policiales, así como en la calzada y accesos públicos, ocasionando cortes en la circulación”.

Esta versión de los hechos ha sido confirmada por los mandos policiales que hoy han declarado, según fuentes de la defensa de los acusados. “Uno de ellos ha llegado a decir que nunca había visto tanta violencia en una manifestación”, han añadido estas fuentes.

Asimismo, la testifical practicada este lunes ha servido para escuchar, por parte de uno de estos agentes de Policía Nacional, que son ellos quienes deciden en qué manifestaciones infiltrarse de paisano y que se llevó a cabo un seguimiento e investigación previa de los convocantes sin cobertura judicial, “pero una vez realizado el atestado lo pusieron a disposición de los juzgados”, han recalcado las fuentes consultadas.

La “escalada represiva” en el proceso penal

En este sentido, ocho de los presuntos convocantes de la concentración fueron procesados por la Audiencia Nacional días antes del 25S. Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados, fue una de ellas. A sus ojos, este proceso judicial significa una “escalada represiva”, tal y como ha expresado antes del inicio del juicio, que comenzó cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, encargada de la planificación del dispositivo de seguridad en convocatorias de este tipo. 

El 25 de septiembre de 2012 llegaron a la capital más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Según la Delegación del Gobierno, aquel día se manifestaron en Neptuno 6.000 personas. “Fuimos perseguidos e identificados. Hubo un despliegue policial como no ha habido en otras movilizaciones”, ha recalcado Martínez. Finalmente, ella y sus compañeros acusados fueron absueltos de un presunto delito contra altos organismos de la nación. El auto, emitido por el juez Santiago Pedraz, incidía en que en ningún momento se alteró el normal funcionamiento de la sesión parlamentaria del día 25.