En enero de 2020 Pedro Sánchez era investido presidente tras conseguir ahormar una inédita mayoría parlamentaria que implicaba poner de acuerdo a once formaciones políticas diferentes. En el Congreso más fragmentado de la democracia, aquella votación salió adelante por los pelos: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, un anticipo de las dificultades que entrañaría la legislatura que echaba a andar para el Gobierno de coalición.
La moraleja de aquella primera sesión de investidura enseñó al Ejecutivo de Sánchez que durante cuatro años (o lo que fuese a durar ese Gobierno improbable) no le iba a sobrar ni un voto en el Congreso y que se disponía a vivir votaciones al límite para sacar adelante su actividad legislativa. Tres cursos después, aquellos presagios se han confirmado con algunos agravantes. Por si fuera poca la complejidad política que entrañaba la representación parlamentaria salida de las urnas, las cosas se han ido complicando progresivamente porque hasta seis escaños han dejado de tener la representación que originariamente tuvieron y en todos los casos ha sido en sentido contrario a los intereses del Gobierno.
El primero que saltó del barco de su partido fue el diputado por Sevilla Pablo Cambronero, uno de los diez escaños que consiguió Ciudadanos tras su debacle en las últimas generales. Tras la crisis de la formación naranja a cuenta de la moción de censura fallida en Murcia, Cambronero fue de los que se sumó a la ola de abandonos y anunció su marcha en Twitter sin avisar antes ni a sus propios compañeros argumentando una “deriva sanchista” en el liderazgo de Arrimadas. Sin embargo, decidió mantener su acta y su sueldo de diputado, a pesar de haber firmado un código ético en el que se comprometía a lo contrario, y se pasó al grupo mixto.
Mano derecha del exsecretario de organización Fran Hervías (que abandonó Ciudadanos para fichar por el PP), Cambronero no mantiene apenas relación con ninguno de los que fueron sus compañeros. Una persona que lo conoce bien tras haber trabajado codo a codo con él, señala una “curiosa coincidencia” en sus sentidos del voto desde que dejó la disciplina de Ciudadanos. Mientras su amigo Hervías trabajó para el PP (lo fichó Casado), sus votaciones en el Congreso coincidieron casi siempre con la postura de los populares. Pero cuando llegó Feijóo despidió a Hervías y algo cambió en la actitud de Cambronero: sus votos emitidos ahora coinciden con el sentido impuesto por Vox. “Estará buscándose un hueco en las listas”, sugiere ese mismo ex compañero.
Dos bajas en Unidas Podemos y la ruptura de UPN
El Gobierno entonces no dio demasiada trascendencia al caso de Cambronero porque son excepcionales las votaciones en el Congreso en las que puede contar con Ciudadanos. Fue mucho más perjudicial para sus intereses el caso de Alberto Rodríguez. En una controvertida decisión que aún siguen dirimiendo los tribunales, Meritxell Batet le retiró el acta al diputado de Unidas Podemos desoyendo el criterio de los letrados de la Cámara Baja y asumiendo las tesis del juez Marchena, que le había enviado un escrito recordando que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo en una polémica sentencia por una patada a un policía que nadie vio durante una manifestación, antes de entrar en política. Aquel movimiento de la presidenta del Congreso provocó un fuerte seísmo en el seno de la coalición, con los morados llegando a pedir la dimisión de Batet.
Rodríguez decidió recurrir su expulsión al Constitucional y Unidas Podemos aún no lo ha sustituido en su escaño, pese a que varias voces de la formación morada lo han reclamado, vistos los problemas que acarrea tener un diputado menos de los que consiguieron en las urnas: además de contar con un voto menos, Rodríguez desempeñaba una importante labor parlamentaria en el grupo confederal que no ha sido suplida por nadie. El caso es que, desde el punto de las cuentas, la coalición sigue contando con un apoyo menos que a punto estuvo de llevarse por delante algunas votaciones claves de la legislatura, como la de la reforma laboral. Con el escaño de menos por la salida de Rodríguez, la coalición se presentó en el Pleno de votación sin el apoyo de la mayoría de socios. Para esa ocasión sí contó con el respaldo de Ciudadanos que, sin embargo, solo le pudo garantizar nueve síes tras la marcha de Cambronero. Para cuadrar la suma en el tiempo de descuento necesitó tirar de un acuerdo contra natura: los votos de Unión del Pueblo Navarro, marca navarra del PP y tradicional oposición a la izquierda.
El PSOE cerró aquel pacto con la dirección de UPN en Navarra, pero sus dos representantes en Madrid se unieron a la lista de diputados díscolos que desoían las instrucciones de sus partidos. Sergio Sayas y Carlos García Adanero desobedecieron las instrucciones de su formación y traicionaron la palabra dada a los socialistas, votando en contra de la reforma laboral al igual que el PP, Vox, o aliados del Gobierno como ERC, Bildu o PNV. Aquella votación salió adelante por el ya famoso error al votar del diputado popular Alberto Casero, y supuso la expulsión de UPN de Sayas y Adanero, que actualmente tampoco responden ante ningún partido a la hora de votar en los plenos.
Pocas semanas después del episodio de la reforma laboral también anunció su baja de Podemos la diputada canaria Meri Pita, que dejó por tanto de pertenecer al grupo parlamentario confederal de izquierdas. Pita argumentó el viraje en la posición del Sáhara para dejar de pertenecer a una de las formaciones que conforman la coalición de Gobierno, aunque en la práctica ella no está suponiendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. “Con ella mantenemos una comunicación constante y nos consulta los sentidos del voto. En alguna votación puntual relacionada con asuntos delicados como el Sáhara puede votar diferente, pero normalmente siempre vota igual que nosotros”, explican fuentes parlamentarias de Podemos.
El último escaño que ha visto bailar su representación política respecto al inicio de la legislatura tiene que ver con Canarias. La conservadora formación Coalición Canaria (liderada por Ana Oramas) y la progresista Nueva Canarias llegaron a un acuerdo para presentar listas conjuntas en las generales de 2019. Ese pacto implicó un reparto temporal en uno de los dos escaños logrados: dos años para el progresista Pedro Quevedo y otros dos para María Fernández, compañera de filas de Oramas. Justo antes del verano Quevedo, socio del Gobierno de coalición desde la investidura, dejó su acta en favor de la diputada de Coalición Canaria, que votó contra la gran mayoría de medidas que el Ejecutivo ha llevado a convalidar a la Cámara Baja.
Fuentes parlamentarias socialistas admiten la complejidad de la geometría parlamentaria, aunque recuerdan que en ningún momento de la legislatura lo tuvieron fácil. Explican esos dirigentes que desde hace ya algún tiempo se intentan estrechar vínculos con Ana Oramas para intentar arañar algún apoyo en lo que resta de mandato teniendo en cuenta los votos que se han perdido por el camino. Y en el ala socialista tampoco entienden que sus socios de Unidas Podemos “se permitan el lujo” de pasarse media legislatura con un diputado menos. Quizás por eso desde el Gobierno parecen más convencidos que nunca que la única alternativa para sacar adelante lo que resta de mandato pasa por acordarlo todo con sus socios de investidura, aunque ante el goteo de diputados díscolos que luego pululan en torno al PP recuerdan que los de Feijóo se han autoexcluido del pacto antitransfuguismo.