Cinco años de la semana judicial que hizo temblar el suelo bajo Génova

El 11 de marzo de 2013, al filo de las dos de la tarde, un auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 buscó su hueco en la historia judicial reciente. En él, el magistrado Javier Gómez Bermúdez acordaba la admisión a trámite de una querella interpuesta días antes por Izquierda Unida y otras organizaciones.

La explicación de su relevancia estaba al final del escrito, en la parte dispositiva, donde aparecían los nombres de los quince imputados. Eran grandes empresarios y dirigentes del Partido Popular. De todos ellos había indicios suficientes de que habían participado en un sistema consistente en entregar dinero en secreto al gran partido de la derecha española y después ser recompensados con obras de beneficios millonarios.

Habían pasado ya seis semanas desde que El País publicara los ‘papeles de Bárcenas’, las anotaciones manuscritas del exgerente y extesorero del partido sobre la citada financiación irregular. Esos documentos bautizan desde ese día nombre la causa judicial, un caso que con el tiempo sería renombrado como “la caja B del PP”.

“La Fiscalía había interrogado a Bárcenas hacía una semana y llevaba desde entonces mareando la perdiz. Cada día que pasaba era un paso más hacia la prescripción de los delitos. El tiempo jugaba en nuestra contra. Una adjudicación, un pago, una decisión en el BOE… todo podía prescribir”. Quien recuerda aquellos días es el abogado Juan Moreno, miembro del equipo jurídico que presentó la querella de IU y que hoy sigue integrando la acusación popular del caso.

Los abogados de Izquierda Unida y el entonces líder de la formación, Cayo Lara, habían acudido el 28 de febrero, un día de nieve en Madrid, al registro de la Audiencia Nacional en la calle Goya. En horas, el PP lanzó una nota de prensa urgente: “El Partido Popular, ante las graves calumnias e injurias vertidas en la querella de Izquierda Unida y los demás firmantes, en defensa de su honor, el de sus dirigentes y el de sus militantes, presentará la correspondiente querella contra los firmantes de esa acción judicial”.

Los avances en la instrucción no solo hicieron marchitar ese anuncio sino que obligaron al PP a atrincherarse cada vez más, un partido que a duras penas justificaba los sobresueldos para sus dirigentes que recogían los papeles de Bárcenas. Izquierda Unida acudió a la demanda de conciliación previa a la presentación de la querella. Se ratificó y el PP terminó por desistir.

El auto de Gómez Bermúdez no era, en cualquier caso, la primera decisión que aseguraba que habría una investigación de los ‘papeles de Bárcenas’ en la Audiencia Nacional. El 7 de marzo, con un informe de la Policía en su poder, Ruz había decidido abrir una pieza separada del caso Gürtel. La UDEF había presentado al juez tres coincidencias entre los hechos que él investigaba en el caso Gürtel y la contabilidad paralela de Bárcenas que El País había desvelado el 31 de enero.

La decisión de Ruz también tuvo respuesta en el PP. En un argumentario repartido entre sus dirigentes aquel día, el partido de Rajoy instaba a recordar ante los medios de comunicación que ya habían presentado una demanda por vulneración de su derecho al honor. “Cualquier información que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP es radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa”, aseguraba el argumentario.

Pasaron dos años y dos semanas, el sumario engordó y el el juez Ruz, en otro auto, declaró acreditada “indiciariamente” esa caja B. Había indicios suficientes, escribió, de que el PP “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que le permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Antes de que Ruz tomara el mando de la investigación se había producido una batalla judicial por los papeles de Bárcenas. En aquel marzo de 2013 restaba por conocer si la investigación del mayor caso de corrupción del PP en su historia iba a estar dirigida por un joven magistrado, de talante progresista moderado, que había llegado para desatascar el juzgado de Baltasar Garzón; o por Javier Gómez Bermúdez, de orientación conservadora y que se había convertido, sin embargo, en la diana de un sector del PP por enterrara con su sentencia las teorías de la conspiración en torno al 11-M.

Los querellantes preferían a Gómez Bermúdez. “Era un juez con plaza fija, sin que se pudiera presionar sobre él con la cuestión de la suplencia, como pasó con Ruz, además de que tenía fama de juez de no tener complejos a la hora de abordar una causa judicial”, asegura hoy el letrado Juan Moreno.

La decisión de que Ruz fuera el instructor se tomó finalmente por dos a uno en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El veterano fiscal Antonio Romeral, quien se había opuesto a la admisión a trámite de la querella de Gómez Bermúdez y de la apertura de una pieza separada en Gürtel, había apostado por Pablo Ruz. La vista en que las partes presentaron sus argumentos dejó una de las anécdotas del caso. La jueza Ángeles Barreiro se pasó las tres horas que duró vista sujetando un papel ante el rostro para evitar que las cámaras lo captaran.

Marcha forzada del juez Ruz

Dos años después, y al poco de haber rematado la instrucción, Pablo Ruz se vio obligado a dejar la Audiencia Nacional. Con decisiones aún relevantes por tomar, el Gobierno había sacado a concurso la plaza que ocupaba de interino, entre una oferta de otras muchas que tenía pendiente cubrir hace tiempo. Al magistrado le dio tiempo a dejar acreditada, de forma indiciaria, la caja B. Después puso rumbo a un juzgado de Móstoles. El Ejecutivo de Rajoy siempre ha negado una intención en aquella convocatoria más que acabar con la situación de interinidad de los destinos ofertados.

A Ruz le sustituyó el juez más antiguo de cuantos aspiraron a la plaza: José de la Mata, exdirector general en Justicia con el PSOE y, a la postre, el magistrado que ha reabierto el caso de la caja B por las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel. De nuevo, la petición de reapertura fue realizada por la acusación popular, en este caso de Izquierda Unida, a la que se sumaron el resto. El fiscal Romeral informó a favor de la petición.

El empuje de la acusación popular

La acusación popular han sostenido el caso todo este tiempo. A ellos corresponde la iniciativa de que declararan como testigos tres secretarios generales del PP o la petición de reapertura del caso por las confesiones de Correa. A la querella de IU hay que sumar otra, presentada unos días antes en los Juzgados de Plaza de Castilla por el Observatori DESC (Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) . Firmaban esa querella los abogados Isabel Elbal, Gonzalo Boye y Jaume Asens, hoy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

El juzgado de Madrid envió a la Audiencia Nacional esta querella y el Observatori pasó a integrar la acción popular del caso de la caja B. Uno de sus abogados, Gonzalo Boye, pone los 'papeles de Bárcenas' como ejemplo de la “importancia” de esta figura procesal. “Cuando comenzamos la Fiscalía no veía delito y el tiempo nos está dando la razón. No es un asunto menor, los papeles de Bárcenas reflejan la auténtica trama de corrupción que se ha gestado en torno al PP en estos últimos 25 años”, asegura.

El abogado de IU Juan Moreno incide en esa idea de la acción popular en este proceso cubriendo las carencias de la Fiscalía. “El Ministerio Fiscal ha tenido una actitud pasiva, silente, para nada ha impulsado la investigación de algo que es muy grave, que refleja que empresarios con una gran capacidad para atesorar contactos, con poder para presionar administraciones, estaban dando dinero a un partido político cuando estaba prohibido que pudieran donar”, asegura.

La acusación popular también es protagonista de la petición reciente de apartar a Juan Pablo González, el magistrado que se ha colado en el tribunal que juzgara la caja B después de un sorpresivo cambio en las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Los querellantes sostienen que el PP ha dado “un decisivo impulso” a la carrera de este juez y que eso le inhabilita para juzgar la financiación irregular del partido.

Está pendiente de fijarse la fecha de celebración del juicio, siempre después de que se conozca la sentencia por la primera gran vista del caso Gürtel. ADADE es otra de las acusaciones populares, procedente, como los socialistas valencianos del caso Gürtel, en el que igualmente han supuesto un impulso continuo a la investigación. Esta asociación logró que Mariano Rajoy se sentara como testigo en ese juicio y lo volverá a intentar, al igual que el resto de las acusaciones populares, en la vista que debería celebrarse en 2018 sobre los papeles de Bárcenas. También fue la encargada de solicitar el ingreso en prisión del extesorero.

Francisco Montiel es abogado de ADADE. “Hay que ser conscientes de que en investigaciones de corrupción política, las presiones del poder pueden llegar a ser muy potentes y una acusación popular independiente, puede y debe ser la forma de contrarrestarlas”, afirma.

El Partido Popular formó parte de la acusación popular del caso Gürtel, pero fue expulsado por decisión de Pablo Ruz, quien alegó que más que acusar, la representación del partido actuaba como defensor de Bárcenas y de su esposa. Con ese argumento rechazó el magistrado el intento del PP por participar como acusación popular en el caso de su caja B.