Esta no es una historia del Gobierno contra la Monarquía, sino más bien de la cúpula judicial contra el Gobierno. Tampoco es una estrategia para “confinar” a la jefatura del Estado, sino para blindar a Felipe VI en un momento en que acumula problemas, y no porque se los haya creado precisamente el Gobierno, sino su propio padre, Juan Carlos I. El enésimo pulso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones y con el mandato caducado desde hace dos años, al gabinete de Sánchez ha ido esta vez demasiado lejos al usar a la Corona como ariete contra el Ejecutivo.
El relato que elDiario.es ha podido reconstruir con la versión de las instituciones implicadas sobre por qué el Gobierno desaconsejó la presencia de Felipe VI en Barcelona para la entrega de los despachos judiciales y la tormenta institucional que desató esta semana es muy diferente a lo que hasta ahora ha trascendido. Por las maniobras de Lesmes, por la ausencia de explicaciones de Moncloa, por la falta de transparencia de Zarzuela, por la necesidad de Unidas Podemos de diferenciarse de sus socios de Gobierno, por la ofensiva tuitera de Pablo Iglesias y Alberto Garzón contra la Monarquía. O por todo a la vez.
La historia empieza más o menos hace quince días cuando Carlos Lesmes transmite, en el transcurso de una conversación privada, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el Supremo tiene intención de notificar la sentencia de inhabilitación de Torra la semana que arranca el 21 de septiembre. Unos días después, el presidente del CGPJ designado con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, informa a La Moncloa de que el fallo saldrá el 24 de septiembre. Hasta aquí lo que cuentan fuentes cercanas a Campo.
“No es habitual que el Poder Judicial informe al Gobierno ni del contenido ni de las fechas de las sentencias, si bien todo lo que tiene que ver con Catalunya se ha movido en esas coordenadas desde hace tiempo para que el Ejecutivo pueda organizar las cuestiones de orden público que puedan suscitarse como consecuencia de fallos judiciales que afecten al independentismo”, relatan varios interlocutores en el poder ejecutivo.
Unos días después de la llamada con la que Lesmes informa al Gobierno de la fecha concreta del fallo judicial, la Casa Real pasa a La Moncloa las previsiones –que no la agenda– de Felipe VI para la semana de marras y en ellas aparece el acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona el día 25.
No hubo debate. Desde el Gobierno se le hizo saber a la Casa del Rey que no era oportuna políticamente la presencia del monarca en Barcelona en esas fechas porque coincidiría con el fallo judicial, y el jefe de la Casa “lo entendió perfectamente”, según cuentan las mismas fuentes. Zarzuela declina entonces la invitación de Lesmes.
Poco después, el presidente del CGPJ hace saber al Ejecutivo, para intentar salvar la presencia del rey en el acto, que la notificación de la sentencia será el 1 de octubre, y el Gobierno pone el grito en el cielo al entender que hacer coincidir la posible inhabilitación con una fecha tan simbólica daría lugar seguro a nuevos episodios de inflamación del independentismo con los que se buscaría “santificar” a Torra.
“Carlos Lesmes [lamenta un ministro de Sánchez] buscaba una foto con el Rey por encima de cualquier otra cosa. Entró en cólera y maniobró todo lo que pudo para que la sentencia, una vez que se evitó la presencia de Felipe VI en Barcelona, no se conociera esta semana con el objetivo de impedir que quedase claro que la única intención del Gobierno era proteger al rey, y no emprender una campaña contra él, como ha pretendido hacer ver el presidente del CGPJ”.
El malestar del Gobierno con Lesmes es notorio por cómo ha gestionado la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona sin la presencia del Rey. “Ha ido demasiado lejos”, arguyen en La Moncloa, donde añaden que se le propuso aplazar la fecha del acto y alejarlo lo más posible de la tensión política que provocará la previsible inhabilitación de Torra, a lo que se negó rotundo.
Lo que ocurrió después y ha derivado en la polémica de esta semana es sabido por todos, incluida la “torticera maniobra” –en palabras del Gobierno– de Lesmes con la que desveló una llamada de Felipe VI que “solo fue de cortesía”. Con su avieso manejo no solo ha agrandado la maltrecha relación del ejecutivo con la cúpula del poder judicial, sino que ha arrastrado al jefe del Estado al centro de una polémica, a la que también han contribuido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde sus respectivas cuentas de Twitter al denunciar una supuesta “falta de neutralidad” del jefe del Estado y de “maniobrar” contra el Ejecutivo.
“Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales”, escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Garzón fue incluso un paso más allá al acusar a la “monarquía hereditaria” de “maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido”. Garzón consideró “insostenible” esa “posición” que, a su juicio, es “aplaudida por la extrema derecha”.
En Moncloa prefirieron el viernes, en plena polémica, guardar silencio sobre la posición de sus socios, pero lo atribuyen a estudios demoscópicos cualitativos que maneja el partido morado y reflejan el coste electoral de estar en el Gobierno y la no rentabilidad electoral de las medidas aprobadas. A “su permanente necesidad” de distinguirse del PSOE, dicen las mismas fuentes. De ahí que, desde la vuelta del verano, Unidas Podemos haya elegido de nuevo como bandera el debate sobre Monarquía o República para diferenciarse del ala socialista del Gobierno.
Ni Iglesias ni ningún otro ministro, más allá del titular de Justicia, han estado al tanto de los detalles o el recorrido de esta nueva polémica entre el CGPJ y el Gobierno, ya que han sido el propio Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quienes han llevado personalmente la negociación con Zarzuela y Campo y la interlocución con Lesmes.
Lo nuclear del asunto en todo caso es que al presidente del CGPJ –nombrado por el Gobierno de Rajoy y sin recambio por el bloqueo del PP–, con el mandato caducado y sin visos de que se desbloquee la renovación de la cúpula judicial, le ha dado por ejercer sus poderes, incluidos diversos nombramientos en puestos clave del Poder Judicial. En su enésimo pulso al Ejecutivo de Sánchez “no ha tenido reparo en utilizar y meter en su mismo fango a Felipe VI”, dicen fuentes del Ejecutivo.
No será su última maniobra. Esta semana, el miércoles, el CGPJ tiene previsto hacer nuevos nombramientos y el Gobierno no está dispuesto a cruzarse de brazos. Con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial estancadas tras el fallido pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, Lesmes parece decidido a realizar varios nombramientos discrecionales de calado en el pleno del próximo día 30. Entre otros, tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide los casos de corrupción.
De hecho, en el discurso de Apertura del Año Judicial, Lesmes recalcó que “el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos” y subrayó que esas funciones “son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose, porque lo contrario sería incumplir la norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española”. Atentos a la semana, que el Gobierno ya baraja distintos escenarios para impedirlo.