El Gobierno de coalición se ha llevado un revolcón parlamentario en el momento más inesperado y en el lugar menos probable: en el Senado y durante un Pleno extraordinario convocado en julio para dar luz verde a un paquete legislativo antes del parón veraniego. Pero una extraña alianza entre el PP y partidos independentistas ha provocado que la Cámara Alta apruebe enmiendas a tres importantes leyes: la del sólo sí es sí, la de Ciencia y una reforma de la Ley Concursal. Las tres deberán así regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Pero, salvo que se convoque un Pleno extraordinario que haga regresar a sus señorías de sus vacaciones, esto no ocurrirá hasta septiembre. La parte positiva para el Ejecutivo es que sí ha sacado la reforma de la Ley del Poder Judicial para desbloquear el Constitucional.
El primer revés ocurrió ya el martes. La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendía en el Senado la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí. Nada hacía pensar lo que ocurrió en la votación. El PP, además de ERC (pero no Bildu, aunque comparten grupo) y los integrantes del grupo de la Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Adelante Andalucía, Mes Mallorca, entre otros), votaban a favor de una enmienda de Junts que modificaba una letra de una palabra en la exposición de motivos de la norma: de “abortos y esterilizaciones forzosas” a “abortos y esterilizaciones forzosos”.
Un cambio, según los defensores de la enmienda, que cambia el sentido de la ley ya que la redacción original dejaba fuera a los “abortos forzosos”. Pero desde Igualdad apuntan a que este error ya se había corregido en el Congreso, y achacan a un error técnico que el texto remitido por la Cámara Baja al Senado no incluyera la modificación.
Sea como fuere, los intentos de Igualdad y del grupo socialista en el Senado por revertir la votación no han tenido éxito. Durante la mañana del miércoles representantes de ambos han intentado convencer al PP de que apoye una petición formal a los servicios de la Cámara para darle la vuelta a la situación, pero el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo se he negado por boca de su portavoz, Javier Maroto, quien aprovechó para burlarse de la ministra.
Después llegó el segundo revolcón para el Gobierno, con protagonistas similares. Esta vez fue ERC quien se sumó a una enmienda del PP para tumbar el incremento de contratos indefinidos previsto en la Ley de Ciencia. Una de las medidas que más habían valorado los sindicatos y las asociaciones de investigadoras y que estaba destinada a mejorar las condiciones laborales del personal investigador español, que después de formarse en las universidades españoles tiene que huir del país para buscar estabilidad.
Lo sorprendente del caso es que ERC, que gobierna en Catalunya, había votado en el Congreso a favor del cambio. Como en el caso de la ley de Igualdad, esta tendrá ahora que volver al Congreso. Las normas no corren peligro ya que el Senado votó sí al texto completo, por lo que los diputados solo se tendrán que pronunciar sobre las enmiendas concretas. Sea ahora o en septiembre, los textos serán definitivamente aprobados.
El arranque de la sesión del miércoles no fue mejor para el Gobierno de coalición. Ya en la primera votación del día el Pleno del Senado aprobó varias enmiendas a la nueva Ley Concursal que, como en los dos casos anteriores, implica retrasar unas semanas su visto bueno final.
El problema en este caso es que se pospondrá la trasposición a la normativa española de una directiva europea, lo que puede acarrear incluso una sanción económica de las autoridades comunitarias a España. El Gobierno de coalición podría argumentar esa posible multa para promover un Pleno extraordinario en el Congreso este mismo mes de julio o en agosto. De momento, no ha ocurrido y las diferentes fuentes consultadas por elDiario.es no coinciden en señalar si ocurrirá o no.
La parte positiva para el Ejecutivo es que sí ha logrado aprobar la modificación de la Ley del Poder Judicial que reinstaura las competencias para que el CGPJ, en funciones desde hace más de tres años por la negativa del PP a renovarlo, designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional. El cambio, aprobado en tiempo récord, permitirá así al Gobierno nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden y que van unidos a los del CGPJ.
El PSOE y Unidas Podemos logran así sortear el bloqueo del PP, que se había extendido al Constitucional el pasado 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los 12 magistrados del tribunal, entre ellos el del presidente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó como condición para acceder a la renovación del CGPJ una reforma integral del Poder Judicial.
El Gobierno de coalición ha sorteado la maniobra del PP con una reforma ad hoc que, en parte, revertía el cambio previo promovido también por el PSOE y Unidas Podemos para impedir que el CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos. Un intento de presionar al PP para acceder a una renovación que, en virtud de las mayorías parlamentarias, le haría perder el control del Poder Judicial. Pero Feijóo mantuvo el bloqueo, lo que ha empujado al Gobierno de coalición a otra reforma.
El PP se ha revuelto contra esta nueva reforma, aunque la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno lo ha aprobado. El propio Feijóo, senador desde el pasado mes de mayo, se ha equivocado y ha votado sí en lugar de no, aunque no ha afectado al resultado final. No ha sido el único: otro senador del PP y dos más del PSOE también se han confundido.