La reforma que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años, ya está definitivamente aprobada. El texto enviado por el Congreso la semana pasada ha recibido sin modificaciones el aval del Senado, por lo que ya ha cumplido todos los trámites parlamentarios y entrará en vigor una vez se publique en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Cámara Alta ha aprobado la proposición de ley con 150 votos a favor, 108 en contra y tres abstenciones. PP, Vox y Ciudadanos se han posicionado en contra.
La proposición de ley está centrada en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como los 74 que ha realizado el actual CGPJ desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato. Entre ellos, los de 21 plazas en el Tribunal Supremo, consideradas especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.
A partir de su publicación en el BOE, lo que se prevé para los próximos días, el órgano de gobierno de los jueces —que mantiene desde 2013 una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta— deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.
Con esta proposición, presentada el pasado diciembre tras paralizar la tramitación de otra reforma que preveía un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales y que generó un amplio rechazo, los socios de Gobierno pretendían aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras varios intentos fracasados. No obstante, la nueva coyuntura política en la Comunidad de Madrid —con las elecciones del 4 de mayo— parece alejar de nuevo toda posibilidad de acuerdo. De hecho, el debate sobre la reforma ha estado trufado de menciones a estos comicios e incluso un senador del PP, Francisco Bernabé, ha pedido desde la tribuna el voto para Isabel Díaz Ayuso para que “venzan la justicia, la democracia y la libertad” frente al “comunismo”.
“Anomalía democrática”
PSOE y Podemos defienden que el objetivo de esta reforma es acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que no puede ejercer el CGPJ en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata, sostienen, de una “anomalía democrática” que no ocurre con los demás poderes del Estado. Las tres derechas, sin embargo, ven en esta modificación una “injerencia” en la separación de poderes y la independencia judicial.
Estas posiciones se evidenciaron de nuevo en las más de dos horas de debate que tuvieron lugar este miércoles en el Senado, donde se han rechazado las propuestas de veto y enmiendas formuladas por PP y Vox. El senador del PP Fernando de Rosa, que fue vocal del CGPJ a propuesta de los conservadores, ha acusado al Gobierno de estar “dinamitando uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho” y “obstaculizando el funcionamiento de la Administración de Justicia” y ha dicho en varias ocasiones que esta limitación de funciones es “un ataque a la independencia judicial”. “No cojan de rehén al CGPJ en su pretensiones de meter la mano en la Administración de Justicia”, ha espetado al Ejecutivo De Rosa, que ha calificado la reforma de contraria a la Constitución.
Para la extrema derecha, esta reforma ahonda en la “colonización” de los partidos de las instituciones del Estado y supone la culminación de un “asalto” al Poder Judicial. “El objetivo apenas disfrazado es borrar definitivamente la imprescindible separación entre los tres poderes del Estado haciendo al órgano de gobierno de los jueces preso de los dictados de la mayoría del Gobierno”, ha afirmado su senador José Manuel Marín. Por su parte, el senador Miguel Sánchez, de Ciudadanos, ha criticado el “ataque insoportable” a las instituciones y “desprecio a la Justicia” del Gobierno de coalición y ha dicho que esta es una reforma judicial “al más puro estilo polaco”, en alusión a las las reformas judiciales del Ejecutivo polaco, que acumula reprobaciones de la Unión Europea por su deriva autoritaria.
En respuesta a las propuestas de veto de la derecha y la extrema derecha, el senador socialista José Manuel Fajardo ha defendido que una situación “extraordinaria” —una interinidad que, en la actualidad, se inició hace más de dos años— no puede tener la misma regulación que una situación “ordinaria”. Y, en alusión al senador del PP, ha dicho que si la Constitución no previó un marco regulatorio específico para el CGPJ cuando está en funciones es “porque nunca creyó que hubiera una fuerza tan irresponsable en la política española que diera lugar al bloqueo”. El también socialista José María Oleaga ha defendido que la reforma es “algo tan sencillo” como regular qué puede o no hacer un Consejo cuando su mandato ha caducado.
Tensión con el Ejecutivo
La reforma para regular la interinidad del CGPJ también ha elevado en los últimos meses la tensión entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés, pues la reforma fue tramitada por procedimiento de urgencia y con una modalidad legislativa que permite hacerlo si consultar a los órganos consultivos, y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar.
El Pleno del CGPJ se reunirá de nuevo en sesión ordinaria este jueves, una reunión en la que no habrá nuevas designaciones en la cúpula judicial. El pasado 11 de marzo el presidente Carlos Lesmes trasladó a los vocales su intención de no hacer más nombramientos después del aval del Congreso a la reforma. Tampoco se han producido propuestas en este sentido por los vocales. Durante esta semana, están compareciendo ante la Comisión Permanente diez candidatos a dos plazas vacantes de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, en todo caso, se adjudicarán cuando el órgano sea renovado.