No podía imaginar el senador de Esquerra Santiago Vidal, cuando estaba de gira a finales del año pasado para alentar el procés, que aquellas confesiones que se permitía ante auditorios amigos fueran a desencadenar semejante operación policial, el “golpe definitivo” al referéndum, según lo ha calificado el Gobierno español.
Vidal ya sabía de sobra entonces, cuando predicaba las bondades de la independencia en auditorios de las provincias de Barcelona y Girona, lo que era estar en el disparadero. Su contribución a una futura (e hipotética) constitución catalana lo había apartado de la carrera judicial. El Tribunal Supremo acababa de rechazar su recurso contra el castigo que le había impuesto el Consejo General del Poder Judicial: tres años fuera de la judicatura por prestarse a redactar el borrador del texto legal. Eso había sucedido en noviembre de 2016. Durante los meses siguientes, despojado ya de la toga, inició un ciclo de conferencias titulado Endavant República Catalana.
La mayor parte del público que asistía a esos actos en localidades como Matadepera, Garcia y Granollers, también en Barcelona ciudad, llegaban convencidos de casa. Hasta las botellas de agua sobre el estrado estaban revestidas con la estelada. El escenario se prestaba a las confidencias y en una de estas el senador Vidal decidió soltarse. Confesó, con una media sonrisa, que el Govern tenía en su poder los datos fiscales de los catalanes.
De paso, el juez que había dejado de serlo unas semanas antes por sentencia del Supremo admitió que esa práctica era ilegal pero que, dada la actitud del Gobierno de Madrid, la Generalitat no había encontrado otra fórmula.
Lo que dijo y después reprodujo El País fue exactamente esto: “Voy a daros una mala noticia porque no todo ha de ser buenas noticias. ¿Y cuál es la mala noticia en el ámbito fiscal y tributario? Pues que en este momento el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no. Porque eso está protegido por la ley de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos, no somos. Ya sabemos que no se nos facilitarán de manera voluntaria. (...) Y la mala noticia es que estáis todos fichados. Todos”.
Lanzado ante el micro en un tono muy desenfadado, dio a entender además que el Govern tiene una lista de unos 300 jueces que podrían servir a una futura república independiente. Y que en los presupuestos de la Generalitat había 400 millones destinados al referéndum “camuflados” entre distintas partidas, “porque si no, serían impugnadas inmediatamente”.
Dos denuncias de sectores vinculados a la ultraderecha acabaron sobre la mesa del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que preside Juan Antonio Ramírez Sunyer. La primera la presentó Miguel Durán, exdirector general de la ONCE a principios de los 90, quien fue candidato del partido ultra Libertas coaligado con Ciudadanos en las elecciones de 2009, y hoy abogado del número 2 de la red Gürtel, Pablo Crespo (el que tenga dudas sobre sus planteamientos políticos puede escucharlo en las tertulias de Intereconomía). Esa querella de Durán partía de las revelaciones del senador Vidal en aquellas charlas.
La segunda fue de la formación de ultraderecha Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y se dirigía contra contra dos cargos del Govern: el jurista que la Generalitat había situado al frente de la arquitectura jurídica del procés tras crear el Instituto de Estudios del Autogobierno, Carlos Viver Pi-Sunyer –un constitucionalista muy reconocido que había llegado a la vicepresidencia del Constitucional– y el responsable de los dineros, Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del gobierno catalán.
Ambas causas, la iniciada por Durán y la de Vox, acabaron en manos del juez Ramírez Sunyer, entre otras cosas porque el senador Vidal acabó presentando su renuncia tras el escándalo que propició la publicación de sus intervenciones en esas conferencias. Si Vidal no hubiera dejado su escaño en el Senado (y su aforamiento), el caso habría llegado al Tribunal Supremo.
Así que mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya investigaba el referéndum con el apoyo de la Fiscalía, el juez Ramírez Sunyer seguía en su despacho con una causa paralela declarada secreta desde finales de marzo y envió a la Guardia Civil para que interrogasen como testigo a altos cargos y funcionarios de la Generalitat. Según El País, fuentes próximas a la investigación sostienen que también ordenó pinchazos telefónicos.
Todo con el máximo sigilo y prescindiendo de los Mossos para su investigación. Eligió como policía judicial a la Guardia Civil con la que trabajó durante meses para perseguir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El miércoles 20 de septiembre Ramírez Sunyer dio por hecho que su día había llegado. Ordenó a los agentes del Instituto Armado 41 registros, entre ellos despachos oficiales de las consejerías de Economía, Exteriores, Governación y Trabajo de la Generalitat. El objetivo de la operación, escribió el juez de instrucción en el auto con el que autorizó la operación, era saber si la Generalitat se había gastado 6,2 millones de euros para celebrar la consulta.
A lo largo de la mañana del jueves fue detenido el número dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia del Govern. Hubo otros 13 arrestos más, la mayoría de altos cargos del Ejecutivo de Puigdemont. En la localidad barcelonesa de Biguess i Riells, a cincuenta kilómetros de la capital, dentro de una nave propiedad de un abogado la Guardia Civil se incautó de casi diez millones de papeletas.
El Gobierno de Mariano Rajoy lo celebró como el golpe definitivo al referéndum. El president Carles Puigdemont aludió a “una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior y sin amparo legal”.
El resultado es conocido: miles de manifestantes se concentraron ante la sede de la Consellería de Economía y la protesta se instaló en las calles de Catalunya y también en diferentes ciudades españolas. Vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves destrozos a las puertas del edificio. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional acabó presentando una denuncia para que se investigue por sedición a los promotores de esos actos reivindicativos en Barcelona.
En la prensa proliferaron los perfiles sobre el juez Ramírez Sunyer. Se destacó su facilidad para encarcelar a miembros de grupos anarquistas que luego recibieron sentencias absolutorias. Y la vez que en 2015 admitió a trámite una querella contra el entonces director de los Mossos por no haber impedido una pitada al himno español en el Camp Nou. Y, cómo no, la condecoración que la Policía catalana le entregó junto a otras 200 personas el año pasado durante el Día de las Esquadres.
En la Generalitat resuenan los ecos de aquellos días en que el Govern amenazó con denunciar al juez por haber montado “una causa general” contra el nacionalismo catalán y que tal vez hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. El mostrador del despacho de Ramírez Sunyer, en el juzgado número 13 de Barcelona, amaneció el viernes en la resaca de las detenciones con decenas de claveles rojos. El independentismo y el Gobierno español coinciden en señalarlo como el personaje clave en la operación contra el procés.
Quienes han estado cerca de la investigación evitan ser tan tajantes y sostienen que la información que ha tenido sobre la mesa el juez de instrucción, recabada por estructuras de élite de la Guardia Civil como la Unidad Central Operativa (UCO) o el Servicio de Información, hubiese llegado antes o después al Tribunal Superior de Cataluña y a la Fiscalía que también investigaban el referéndum, visto que el Constitucional ya había declarado su ilegalidad.