La sentencia de Gürtel describe el fraude en el Partido Popular desde su fundación

La Audiencia Nacional acaba de establecer que el Partido Popular ha adulterado la competición democrática española durante más de veinte años. No es una tesis en un informe policial, ni una acusación formal de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de una sentencia de 1.687 páginas dictada por el tribunal que juzga las causas especiales. En ella, los magistrados ratifican que el partido que gobierna España ha mantenido oculta durante más de dos décadas una financiación irregular con la que ha concurrido y ganado elecciones municipales, autonómicas y nacionales.

El fallo conocido este jueves se pronuncia sobre la primera época de una red de corrupción en la que participaban empresarios y políticos del Partido Popular. El tribunal asume las acusaciones de la Fiscalía en su práctica totalidad, entre ellas que la formación de Mariano Rajoy se benefició en 245.000 euros de algunas de esas prácticas corruptas. Pero esa no es la práctica más grave de aquellas que describe en el PP. Los jueces, para dar “contexto” a esos intercambios de favores entre Correa y los cargos políticos, explican que el partido ha disfrutado de “una estructura financiera y contable paralela a la oficial”, que ésta existe “desde al menos el año 1989” y que servía para “entregar cantidades a personas miembros relevantes del partido”.

El tribunal no dicta condenas por esa “caja B” en esta sentencia. El caso Gürtel incluye una pieza separada en la que se basará el próximo gran juicio al Partido Popular. Será entonces cuando la Audiencia Nacional entre a juzgar esa práctica que desveló la publicación en 2013 de los denominados ‘papeles de Bárcenas’, “unas hojas manuscritas en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido”, según describe este fallo.

La sentencia de hoy realiza una afirmación sin precedentes en toda la investigación del caso Gürtel cuando niega que las donaciones de empresarios con dinero negro a esa caja B fueran “altruistas”. Todo lo contrario, tenían “un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”.

Los distintos jueces instructores, la Fiscalía o la Policía concluyeron que no podían acreditar que cada pago en negro se correspondía a una adjudicación y que, por tanto, no podían acusar de cohecho a la veintena de empresarios, por muy demostrado que estuviera que los ingresos anotados por Bárcenas son reales. Entre esos imputados estaban los más importantes constructores de este país.

La despedida obligada de los jueces

Estas afirmaciones, sin embargo, no podrán reproducirse en la sentencia de la caja B. O al menos, no irán firmadas por los mismos magistrados. José Ricardo de Prada y Julio de Diego, dos de los tres miembros del tribunal, fueron apartados de los siguientes juicios de Gürtel por una sucesión de cambios organizativos que han levantado las sospechas sobre la influencia del Partido Popular en la Audiencia Nacional y han provocado la protesta formal de ellos mismos.

La sentencia de la primera época de Gürtel ha supuesto la oportunidad para que De Diego y De Prada puedan extenderse sobre la financiación irregular del PP, a pesar de ser apartados de los próximos juicios por un polémico cambio en las normas de reparto de la Sala de lo Penal.

La sucesión de aparentes cambios rutinarios en la Audiencia Nacional parecía allanar el futuro judicial del PP, pero en los últimos años se han activado otros resortes en la dirección contraria. Las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción han promovido la recusación de tres magistrados que iban a juzgar al PP porque que estaban demasiado cerca de ese partido. La mayoría de los jueces de la Sala de lo Penal, con independencia de su adscripción ideológica, votaron a favor de apartarles. Entre los recusados, Concepción Espejel, elegida presidenta de la Sala de lo Penal por la mayoría conservadora del CGPJ después de haberse demostrado su cercanía al PP.

El progresista De Prada y el conservador De Diego acordaron durante el juicio, con el voto en contra del también conservador Ángel Hurtado, llamar a declarar a Rajoy en el juicio de Gürtel con unos motivos, sus responsabilidades pasadas en el partido, que encajarían en una citación para la vista por la caja B. El presidente del partido y del Gobierno y los otros dirigentes que declararon en el juicio de de Gürtel dijeron desconocer la existencia de la caja B del PP. La sentencia hace un balance demoledor de la supuesta colaboración como testigo del presidente del Gobierno. “Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”, afirma el tribunal.

Según se desprende de la contabilidad del extesorero, Rajoy y otros cargos orgánicos recibían cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros. Las entregas eran mensuales y a través de sobres. Haberlo reconocido en el juicio hubiera supuesto aceptar “la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido”, añade el fallo.

Bárcenas robó de la caja B que el PP le encomendó

La caja B del PP se materializa todavía una vez más en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel. El fallo condena al entonces gerente del Partido Popular, Luis Bárcenas, a 33 años de cárcel. De confirmarse el fallo por el Tribunal Supremo, Bárcenas pasará tres de esos años en prisión por un delito de apropiación indebida.

Pero, ¿qué robó el tesorero? Pues según la sentencia, dinero de la financiación irregular, de eso que él llamó en el juicio “contabilidad extracontable” del partido. O lo que es lo mismo, de la caja B, según el término que utilizaba sin ambages el propio Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en la fase de instrucción. Era una época en la que el extesorero explicaba en sede judicial que cuando se creó el PP, el dinero negro ya estaba ahí, heredado de la época de Alianza Popular. “La caja o bolsa de la que se apodera del dinero Bárcenas, es algo que queda debidamente acreditado”, sentencian los jueces.