El gobierno asume que tendrá que adaptar la legislación vigente a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europea, lo que obligará a un cambio legal. Así lo ha señalado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de quien depende formalmente la Ley Hipotecaria. En la ventanilla de Gallardón se cae por tanto un asunto, el relacionado con los desahucios, que hasta ahora estaba siendo gestionado por Presidencia y por el ministerio de Economía.
Habrá cambios pero no serán revolucionarios. El ejecutivo se limitará a realizar pequeñas modificaciones a una Ley que hasta la fecha no querían tocar. Sobre desahucios y dación en pago, Rajoy y el Partido Popular apenas se moverán de sus posiciones iniciales. Este lunes durante la sesión de control, el presidente del Gobierno preguntado por la dación en pago volvió a afirmar que “podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias y el acceso futuro de todas las familias a los préstamos hipotecarios”.
El partido popular paralizó la tramitación de la ILP sobre desahucios a la espera de conocer esta sentencia. Con ella en la mano, los populares tendrán que gestionar un anunciado desacuerdo con los promotores de la iniciativa. Cuando el PP admitió, contra pronóstico, la tramitación de la ILP, en el grupo popular fueron conscientes de que estaban aplazando el encontronazo con los desahuciados para otro día.
La sentencia del Tribunal de Justicia Europea ha caldeado los ánimos en las bancadas de la izquierda parlamentaria. El grupo que sustenta al gobierno tiene cada vez más presión y su margen de negociación se acorta.