El Gobierno de Esperanza Aguirre y la trama Gürtel forjaron una lucrativa alianza que reportó beneficios en las dos direcciones. La expresidenta madrileña promocionó su imagen política con una agenda rebosante de actos, una hiperactividad propagandística cuya organización asumieron las empresas de Francisco Correa. Por su parte, el empresario se lucró con las adjudicaciones amañadas de esos actos, con las que ganó más de 2,6 millones de euros.
En el centro de esa asociación de intereses compartidos se situó Alberto López Viejo, la primera “rana” de Aguirre. El retrato que hace la sentencia sobre él desmiente a la ex presidenta madrileña, que en el juicio rechazó definirle como su hombre de confianza. Los jueces señalan que tenía un control total sobre los actos de Aguirre que usó para lucrarse con las comisiones que le pagaban las empresas de Gürtel. Solo con lo que sacaba de esos actos se llevó a sus cuentas en Suiza casi 300.000 euros de dinero negro.
Para López Viejo era el negocio perfecto. Promocionaba a su presidenta, la que le había ascendido desde el Ayuntamiento y colocado en un puesto privilegiado dentro del Gobierno regional, mientras ganaba dinero con las mordidas que le pagaba Correa. Este lunes ha ingresado en prisión tras la condena a 31 años y nueve meses. El tribunal le manda a la cárcel sin esperar a que se resuelva el recurso al Tribunal Supremo porque cree que podría huir. “Se incrementa el riesgo de fuga, máxime teniendo en cuenta la disponibilidad que de sus fondos hizo poniéndolos a buen recaudo en cuentas suizas”, dice el tribunal.
La sentencia señala que este alto cargo del Gobierno madrileño forjó buenas relaciones con la Gürtel cuando estaba en el Ayuntamiento, donde amañó un contrato de basuras para un empresario. Correa se llevó un porcentaje de la adjudicación y él otro. Cuando llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Aguirre “puso en marcha una diferente política de comunicación para la Presidenta, incluso, de sobrexposición, que se tradujo en que había días que acudía a tres actos”.
Una “novedosa política de comunicación”
Sustentar esa actividad propagandística no era fácil. Exigía adjudicar rápidamente multitud de actos a la misma empresa, para lo que López Viejo y Correa encontraron una solución: primero se hacía el acto y luego se veía dónde encajaban las facturas, siempre fraccionadas para licitar a dedo. Eso permitió que Aguirre llevase una intensa campaña de promoción de su imagen política. “Alberto López Viejo diseñó una novedosa política de comunicación, con mayor presencia de la Presidenta, que llevaba aparejada un incremento o multiplicación de sus actos”, señalan los jueces. Contraponen esa actividad a la de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, mucho menor.
La sentencia también refleja que López Viejo tenía un control total sobre los actos de Aguirre. Si participaba la presidenta lo organizaba él, lo que se convirtió en una “norma no escrita”, dijo una testigo. Si López Viejo veía que los responsables de organizar el acto no contrataban con las empresas que él decía, amenazaba con que la presidenta no iba. Levantó una suerte de barrera entre Aguirre y el resto del Gobierno regional que le garantizaba un control absoluto.
Nunca se ha podido probar que Aguirre tuviese conocimiento de lo que hacía su mano derecha. Ella misma llegó a renegar de que la persona que se ocupaba de organizarle toda su agenda de actos fuese su hombre de confianza. También negó haber dado orden de incrementar su presencia en inauguraciones y actos conmemorativos, y explicó que iba a los que le proponían las consejerías.
En su comparecencia como testigo en el juicio, en la que recordó sus logros de gestión hasta el punto de que el tribunal tuvo que interrumpirla, se desentendió de la contratación y dijo no saber nada de las empresas de Correa. Sí que admitió que pudieron darse sobrecostes, pero les restó importancia: “Los actos a los que asistía yo, se celebraron todos. Hubo otros. ¿Que se cobró en exceso y que ese es el problema que se ve en este tribunal? No digo yo que no, pero los actos se celebraron”.
López Viejo se llevó comisiones de 348 actos
La sentencia dedica algunos párrafos a desgranar las comisiones que se llevó Alberto López Viejo. Tras constatar que cobró 680.731,01 euros por amañar una adjudicación cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, los jueces se centran en el dinero que ingresó gracias al control de los actos de Aguirre. En total, se llevó comisiones de unos 348 actos, algunos de los cuales tenían carácter benéfico.
Su porcentaje de cada acto era de un 10%, aunque hizo dos excepciones. De la toma de posesión celebrada en junio de 2007 y de la corrida benéfica celebrada por esas mismas fechas se embolsó un 50%. La mitad de lo que le costó a la Comunidad de Madrid celebrar esos actos fue a parar al bolsillo del exconsejero de Aguirre.
Pero López Viejo no se limitó a cobrar sobres en metálico. Articuló también un sistema de facturas falsas para ingresar dinero a través del restaurante de su mujer, que sumaban 21.046,56 euros. En total, la sentencia concluye que entre el dinero que adjudicó irregularmente a la trama y lo que se llevó él, provocó un quebranto patrimonial de 2,6 millones de euros.
Pero el exconsejero no fue el único que hizo negocio bajo los gobierno de Aguirre. La sentencia ha condenado también a Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón que sustentaron con sus aplastantes mayorías las victorias de Aguirre en la Comunidad de Madrid. En los años de Gobierno de la expresidenta y de la Gürtel, el tribunal señala que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local”. Esa manipulación era posible gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.
Aguirre, que siempre dijo no saber nada, ha defendido públicamente y hasta en un libro que fue ella quien destapó la trama. Ha sido durante años su gran argumento frente a quienes le afeaban no haber hecho nada por controlar a sus “ranas”, a esos subordinados que, como López Viejo, utilizaron los puestos de poder a los que ella les aupó para lucrarse con la corrupción.
Pero este relato también lo ha echado al traste la sentencia, que reconoce como denunciante al exconcejal del PP José Luis Peñas, al que le atribuye haber entregado la información que permitió iniciar la investigación. Ni una palabra en ese sentido sobre Aguirre, de quien solo se habla como la protagonista de los actos con los que la trama hizo caja.