El político opositor ecuatoguineano Severo Moto ha aceptado una pena de seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas después de que en 2008 planeara el envío de armas y munición a su país desde el puerto de Sagunto, ha confirmado a Efe el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La condena, fruto de la conformidad alcanzada ayer por las partes en el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia y que hoy adelanta el diario Las Provincias, lleva aparejado el embargo de un vehículo y armas intervenidas al político y otros tres procesados por estos hechos, además del pago de costas, según las mismas fuentes.
La conformidad supone una rebaja de la pena de dos años de cárcel reclamada en un principio por el Ministerio Público y Moto no entrará en prisión por no contar con antecedentes penales.
El político fue detenido por la Policía en abril de 2008 en la localidad toledana de Fuensalida por un supuesto delito de tráfico de armas de guerra con destino a Guinea Ecuatorial.
El arresto se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en relación con la intervención un mes antes de varias armas en el puerto valenciano de Sagunto.
El Tribunal Supremo había acordado meses antes mantener la condición de asilado al político al estimar que el opositor al régimen del presidente guineano, Teodoro Obiang, no supone un peligro para la seguridad de España.
La detención de Moto tuvo lugar a raíz del arresto el 5 de marzo de 2008 de su hombre de confianza, Damián Motu Ngema, “Muti”, quien a su vez fue detenido en Puerto de Sagunto (Valencia) con un vehículo en cuyo interior había ocultos dos fusiles, una pistola, diversa munición y un cargador de pistola.
Según mantenía el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, el político habría planificado el envío de dichas armas a su país de origen.
Para llevar a cabo esta operación, el juez apuntaba en su auto de detención que los implicados adquirieron el vehículo a través de un ciudadano andorrano, que lo habría desplazado a Cataluña, en donde se mantuvo hasta que lograron adquirir las armas, tras lo que Damián Motu se encargó de ocultarlas en el propio coche.
Motu llevó el coche desde la localidad tarraconense de Riudoms hasta las instalaciones del Puerto Marítimo de Sagunto y allí se encargó de contratar el transporte hasta Guinea Ecuatorial.
Tras pasar por la Audiencia Nacional, la causa recaló finalmente en un Juzgado valenciano por ser el competente para juzgar los hechos.