Siete años sin debate del estado de la nación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se resiste a la convocatoria del debate del estado de la nación, como le reclama la oposición. Ese Pleno de política general, considerado el más importante del año después del de los Presupuestos Generales del Estado, y en el que el líder del Ejecutivo de turno hace balance de la gestión de ese año y adelanta las líneas generales de lo que piensa realizar en el siguiente, lleva siete años consecutivos sin convocarse. Los motivos de ese cerrojazo a esa importante cita parlamentaria han sido diversos: bien por las sucesivas repeticiones electorales que se han sucedido -cuatro en estos años-, o bien por culpa del estallido de la pandemia. A pesar de que ya no hay nada que lo impida, Sánchez sigue retrasándolo a la espera del momento más propicio. El reglamento de la Cámara no obliga a convocarlo, ni tampoco está regulado en la Constitución, aunque es una tradición instaurada por Felipe González en 1983. Desde entonces el Congreso ha celebrado 25 debates de esa índole.

El último debate del estado de la nación tuvo lugar en febrero de 2015, siendo presidente del Ejecutivo el líder del PP, Mariano Rajoy, que se batió en duelo con el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez, en un ambiente preelectoral y ante la cascada de elecciones que se avecinaban: las andaluzas; las autonómicas y municipales de mayo, las catalanas celebradas ese otoño; y las generales de finales de ese año. Aún no tenían representación en la Cámara baja ni Unidas Podemos ni Ciudadanos, cuyos respectivos líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, dieron el salto a la política nacional meses después, en los comicios celebrados el 20 de diciembre, logrando el primero 42 diputados (69 si se suman los conseguidos por las llamadas 'confluencias'), y 40, el segundo. Los dos han dejado ahora sus cargos y no son ya diputados. Ni uno ni otro han llegado a participar a lo largo de toda su trayectoria parlamentaria en ningún debate del Estado de la nación.

Aquel Pleno de 2015 fue moderado por el expresidente del Congreso Jesús Posada, del PP, y fue muy accidentado. Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó Celia Villalobos, vicepresidenta primera de la Cámara, que fue pillada in fraganti jugando al Candy Crush. Tanto Posada como Villalobos están retirados ahora de la vida política, al igual que el propio Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno fue derrotado en la moción de censura que presentó en 2018 Pedro Sánchez, tras la cual se apartó también del liderazgo del PP, dando paso a la etapa de Pablo Casado.

Algunos de los portavoces que protagonizaron aquel debate también se han retirado o han sido desplazados en sus cargos por otros dirigentes de sus respectivas formaciones. Es el caso de los portavoces del PSOE y del PP, Antonio Hernando y Rafael Hernando, que pese a sus encontronazos en el hemiciclo, mantuvieron a nivel personal una relación cordial. Los nacionalistas catalanes estaban liderados por Josep Antoni Duran i Lleida, también en la actualidad retirado; ERC estaba capitaneada por Alfred Boch; Amaiur -hoy EH-Bildu- por Sabino Cuadra, otros dos políticos que ya no son diputados nacionales. En la izquierda, el ahora ministro Alberto Garzón, tuvo su propio papel como representante de IU, al igual que Joan Baldoví, de Compromís. Los dos siguen siendo diputados en el Congreso. No así Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, o Uxue Barkos, entonces portavoz de Geroa Bai; como tampoco Olaia Fernandez Dávila, del BNG; Carlos Salvador, de UPN, y Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias. Los únicos grupos que no han cambiado en todos estos años de portavoz son el PNV, que mantiene a Aitor Esteban, y Coalición Canaria, que sigue con Ana Oramas, ahora en el Grupo Mixto.

La que aún sobrevivía era Rosa Díez como dirigente de UPyD. No obstante, fue su último debate del Estado de la nación porque meses después, tras los malos resultados en las autonómicas y municipales de mayo, anunció que no iba a volver a presentarse como cabeza de cartel de la formación magenta. En las generales de diciembre, la sustituyó como candidato el abogado Andrés Herzog, pero su formación no logró representación en ninguna de las dos Cámaras y terminó desapareciendo.

La reclamación de ERC de una Catalunya independiente y la política antiterrorista fueron dos de los asuntos que tensionaron aquel debate del Estado de la nación. Rajoy se encaró con Sabino Cuadra por decirle que en el PP estaban “muy cómodos cuando ETA mataba”. “Esa afirmación es repugnante”, le reprochó el presidente del Gobierno al portavoz de Amaiur. Aitor Esteban se sumó a la petición de los abertzales de reclamar cambios en la política penitenciaria. “Nuestra prioridad es restañar las heridas en la sociedad vasca tras 30 años de terrorismo” , señaló, pidiendo el acercamiento de presos al País Vasco.

Por su parte, Alfred Bosch, se “despidió de España” y de Mariano Rajoy, adelantando que Catalunya iba a ser una república independiente en poco tiempo. “Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Me despido en el que para mí será el último debate de política general, y espero que lo sea también para todos los catalanes”, arrancó diciendo el portavoz de los republicanos. Rajoy le contestó que era “profundamente antidemocrático” y “contrario a nuestra Constitución” el planteamiento de la independencia de Catalunya.

Otro de los sobresaltos vividos durante esas dos jornadas fue el desvanecimiento que sufrió Baldoví en plena intervención. Los servicios médicos del Congreso le atendieron en el mismo hemiciclo y tras una breve interrupción de la sesión, todo quedó en un susto.

Después de ese debate no se ha vuelto a convocar ni uno más. La imposibilidad de investir un presidente del Gobierno tras las generales de diciembre de 2015 provocó unas nuevas elecciones que se celebraron en junio de 2016. Mariano Rajoy consiguió entonces cerrar a un acuerdo con Ciudadanos para ser proclamado presidente del Gobierno. Pero el líder del PP no convocó el debate, ni en el 2017 -año en el que fue la moción de censura de Podemos- ni en el 2018 ya que en junio, como consecuencia de la sentencia del caso Gürtel, Rajoy sufrió la segunda moción de censura, esta vez presentada por Pedro Sánchez, que la ganó. En 2019 hubo dos nuevas citas electorales: una, el 28 de abril -sin acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos-, y otra el 10 de noviembre, que consolidó a Sánchez en la presidencia del Gobierno al lograr por fin cerrar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias. Pero después estalló la pandemia y todo se paralizó.

Lo peor de la crisis sanitaria ha pasado y ahora la oposición reclama a Sánchez la celebración de ese debate de política general para que rinda cuentas de su gestión de estos dos años. Especialmente el PP, que cree que así “quedarían expuestas todas sus vergüenzas”, desde los indultos a lo líderes independentistas a su intención de reformar el delito de sedición. La secretaria general del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, acusaba el otro día a Sánchez de “escurrir al bulto” y “ocultar un debate”, “a la luz de su irreversible descomposición política”.

El interés de Pablo Casado para que se convoque el debate es doble ya que quiere aprovechar, por un lado, las fisuras que ve en el Gobierno de coalición, que acaba de ser remodelado; y por otro, los datos que apuntan algunas encuestas, que empiezan a dar una remontada a su partido después del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Dado que sabe que no habrá adelanto electoral y que Sánchez aguantará la legislatura, sobre todo si logra de nuevo aprobar unos nuevos PGE, el líder del PP no ha querido recoger el guante que le han lanzado Santiago Abascal e Inés Arrimada para que presente una moción de censura a Sánchez. Prefiere no quemarse en una moción abocada al fracaso y seguir apretando al presidente para que convoque cuanto antes ese importante debate.

Vox, sin embargo, no ha mostrado tanto interés en esa convocatoria como el PP porque cree que celebrar un debate sobre el estado de la Nación sería un “fraude” ya que el jefe del Ejecutivo se merece mejor una moción de censura en toda regla“ para ”descabalgarle“ de La Moncloa, según dijo la diputada Macarena Olona. Pero para Abascal supondría también una oportunidad más para atacar por todos los francos al Gobierno. El dirigente de la formación de extrema derecha está crecido tras haber conseguido que el Tribunal Supremo tumbe el confinamiento decretado por el estado de alarma.

Para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sería igualmente una buena oportunidad de sacar de nuevo cabeza como partido de la oposición. A pesar de que su formación cuenta ahora con tan solo nueve diputados, Arrimadas está decidida a hacer valer su pequeño peso parlamentario tras haber celebrado la convención de Ciudadanos en la que se han proclamado “el único partido liberal” de España y ha advertido tanto al PP como al PSOE de que “no se rendirán”, porque su proyecto “es más necesario que nunca” e incluso “imprescindible” para acabar con el “bipartidismo” y su dependencia de los “nacionalistas”.

Pero el presidente del Gobierno prefiere esperar al momento más propicio. Fuentes de Moncloa han dejado caer que la convocatoria de ese debate no está “entre sus prioridades inmediatas”. De momento, Sánchez ha anunciado una comparecencia en la Moncloa ante los medios de comunicación el jueves, 29 de julio, en la que hará balance del curso político. Así que esperará por tanto a que se inicie el otoño, acabe el ruido causado por la concesión de los indultos a los líderes del procés y la apertura de la mesa de diálogo en Catalunya para plantearse la fecha del gran debate. A su favor juega que se está completado el proceso de vacunación y que empiezan a notarse ciertos los signos de la recuperación económica, sobre todo ahora llegan los fondos europeos.

Por otro lado, la negociación de los nuevos PGE para 2022 le va a mantener muy ocupado. “Hemos gestionado la peor pandemias. Hemos sobrevivido. Ahora toca dar un paso más, toca agenda social, Presupuestos y políticas públicas para mejorar la vida de las de abajo. Garantizar a nuestras gentes una vida buena. Y no es pedir tanto”, adelantaba la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, ante la inminente negociación con el PSOE para presentar el proyecto.