Siete mil muertos no podían poner en peligro la estrategia de Ayuso

El 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración del estado de alarma en toda España, el Gobierno de Madrid anunció lo que llamó “un plan histórico” con el que afrontar la amenaza del coronavirus. En el punto tercero del comunicado de prensa, había un compromiso rotundo: “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”. La garantía de que los ancianos contarían con los cuidados sanitarios necesarios con independencia de la situación de los hospitales estaba escrita.

Nunca se cumplió.

No pasó mucho tiempo hasta que se vio lo que iba a ocurrir. Una semana después, la Consejería de Sanidad envió la primera de las cuatro versiones de un protocolo a las residencias que autorizaba a los geriatras de los hospitales públicos a negar la hospitalización a ancianos enfermos de las residencias.

El 22 de marzo, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, envió al de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, un mensaje en el que se oponía al protocolo que impedía en la práctica derivar a miles de ancianos. Se había enterado de su existencia el día anterior, pero no por nadie del departamento de Sanidad.

“Eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas”, escribió el consejero.

No le hicieron ningún caso. Todas las competencias relacionadas con la pandemia, incluidas las residencias, habían quedado en manos de Escudero por orden de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Reyero declaró el jueves como testigo en un Juzgado de Madrid ante el juez que investiga esos protocolos. En esos momentos, se celebraba en la Asamblea autonómica el último pleno de la legislatura. La oposición preguntó a Díaz Ayuso por esa comparecencia. “Espero que el segundo señor que me menciona (por Reyero), salga hoy imputado de sus declaraciones”, respondió.

A ojos de Ayuso, Reyero cometió un pecado cardinal que justifica el odio eterno. Negarse a enterrar la polémica por la muerte de siete mil ancianos en la residencias de Madrid en los primeros dos meses de la pandemia. Afirmar en público que algunos podrían haberse salvado o que todos ellos fueron abandonados a su suerte. Escribir un libro sobre su experiencia en el Gobierno (dimitió en octubre de 2020).

En el primer mensaje enviado a Escudero y otros altos cargos, Reyero les advirtió de las consecuencias que tendría prohibir la hospitalización de esos ancianos. Incluyó el texto en el libro 'Morirán de forma indigna', publicado por Libros del K.O.: “Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene un componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (...) podrían ser rechazadas en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Con tal aviso, no es extraño que se impusiera después la ley del silencio.

¿Qué fue lo que ocurrió en las residencias? Mucho tiempo después, el mismo Reyero ofreció testimonios recogidos por Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional:

“Llamabas al 061 o a unidades de enlace y si eras mayor de 85 años y tenías situación de discapacidad física o intelectual, no era posible derivar”.

“Cuando llamaba, me pedían nombre, DNI y las escalas Barthel y LOBO. Si tú decías que era mayor de 85 años, con mala puntuación en esas escalas, ya no había nada que hacer”.

“Se intentó derivar a dos residentes para los que ya no teníamos medios, desde el hospital nos confirmaron (que) no los admitirían”.

“Llamabas al hospital de referencia y te decían: lo siento, hoy solo podemos admitir a una persona de residencias, elijan ustedes. Aun así, la ambulancia no venía a recogerla y fallecían en pocas horas o días”.

La versión oficial posterior es que esos protocolos sólo eran borradores. O que sencillamente no existieron, como dijo Díaz Ayuso en varias ocasiones. “Un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera”, dijo.

Junto a Reyero, declaró el jueves en el juzgado Carlos Mur, que fue precisamente la persona que firmó los protocolos en calidad de director general. Mur dijo que esos planes existieron, que procedían de decisiones del consejero Escudero y que la prometida medicalización de las residencias no se llevó a cabo. No se reforzaron esos centros con personal sanitario. También declaró que los protocolos eran de aplicación voluntaria, lo que resulta difícil de creer en mitad de una emergencia nacional.

Sobre la supuesta medicalización, después se supo en qué consistió. Se limitaba a una visita por una empresa de ambulancias privadas que no tenía los medios necesarios para mejorar nada. Lo hizo una empresa subcontratada dirigida por la hija de un ex director general de la comunidad sin experiencia sanitaria. A los médicos que hacían esa ronda no les hicieron un contrato.

Ese antiguo alto cargo, que hizo un informe sobre la respuesta ante la pandemia para el Gobierno de Ayuso, tenía claro en junio qué había pasado al final: “Yo creo que en toda España (los ancianos de la residencias) quedaron abandonados a su suerte, incluido Madrid”.

El fiscal del juzgado no se molestó en asistir a la declaración de Reyero y Mur. No estaba obligado, pero llama la atención su falta de interés con dos testigos que jugaron un papel esencial en el caso investigado. La Fiscalía General del Estado ordenó en octubre a los fiscales que escucharan a las familias de las víctimas y tomaran las medidas apropiadas para la investigación.

En el caso de los fiscales de Madrid, eso no incluye ni siquiera escuchar a testigos muy relevantes.

Durante un tiempo, el PP y algunos medios extendieron el bulo de que Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, había asumido la competencia sobre todas las residencias de España. El Ministerio de Asuntos Sociales envió una partida extraordinaria de 300 millones de euros a las autonomías para que reforzaran ese servicio, pero no se había hecho cargo de su gestión. Como demuestra la decisión de Ayuso de entregar el control de las residencias a su consejero de Sanidad, no habría podido dar ese paso si resulta que las competencias estaban en el Gobierno central.

La respuesta del PP de Madrid a toda la polémica de los llamados “protocolos de la vergüenza” se ha basado siempre en negar la responsabilidad del Gobierno de Ayuso. El sistema sanitario de prácticamente todo el país quedó colapsado en los primeros meses de la pandemia, con lo que tendrían argumentos para decir que todas esas decisiones fueron forzadas por circunstancias completamente extraordinarias.

Pero ese reconocimiento de una realidad que arrolló a los gobiernos en España y en el resto de Europa hubiera desmentido la idea sobre la que se construyó la estrategia política y electoral del PP madrileño. A saber, que Díaz Ayuso salvó a Madrid y a toda España gracias a sus medidas y que ella siempre estuvo por delante de la emergencia.

No se podía permitir que esos siete mil muertos empañaran la imagen de Ayuso.