Siete de los 19 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace tres años y elegidos durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, han votado este jueves en contra de la candidatura de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Estos vocales, con el mandato caducado, consideran que “no es idóneo” porque no ven en él la imparcialidad requerida, una pega para la que utilizan los mismos argumentos que el PP para oponerse al nombramiento.
En concreto, estos vocales conservadores han emitido un fallo particular se refieren a su cercanía a la fiscal general saliente, Dolores Delgado, y a la participación de García Ortiz en un acto organizado en diciembre de 2019 en Galicia por la Fundación IDEAS, vinculada al PSOE. “No se discute en absoluto la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que esas mismas actividades hayan de ser tenidas en cuenta en toda su dimensión por lo que ello puede implicar desde la perspectiva del acceso a determinados cargos públicos”, consideran.
Es el mismo argumento que utilizó el PP hace dos días tras conocerse la candidatura de García Ortiz. Inmediatamente, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo difundió una fotografía del fiscal en aquellas jornadas, señalando que había pasado “de ahí a la Fiscalía”, acusándole de hacer campaña contra Feijóo y señalando por su falta de “independencia”. Unas acusaciones que se produjeron apenas cuatro días después de que el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza participara en la tercera jornada de los cursos de verano del PP en El Escorial, bajo el título 'Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría'.
En 2019, García Ortiz era el fiscal delegado de Medio Ambiente y participó en una mesa redonda sobre sostenibilidad con dos catedráticos de la Universidad de Vigo y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Ahora, los vocales críticos consideran que este hecho supone “un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado” .
Los vocales resaltan que el evento “no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político”. Y que ocurrió, además, en un contexto “singular”, por la “participación del candidato de ese partido político a las elecciones del territorio”. Un contexto que, según su escrito, generó “inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal”.
En el escrito, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, no ponen pegas a las “condiciones objetivas” del candidato: ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de experiencia profesional. “No se pone en cuestión ni lo uno ni lo otro”, admiten. Lo que sí ponen en duda, contra el criterio de los otros doce vocales, incluido el del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, son los “requisitos de imparcialidad”.
Los vocales aprovechan este voto particular para poner en duda la idoneidad de García Ortiz y, de paso, criticar a Dolores Delgado. En concreto, consideran que el futuro fiscal general “se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la fiscal general recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida”. “Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad [a Delgado] y, en lo que parece –y para valorar la idoneidad desde la perspectiva de la confianza pública, las apariencias cuentan–, algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato propuesto”, afirman.
Se refieren a las “circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público, como los expedientes seguidos en relación con el fiscal Ignacio Stampa, o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto”.
A todo ello añaden que “tampoco su trayectoria [de García Ortiz] en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se ha caracterizado durante su mandato por lo que cabía esperar de ella, ni merece un juicio positivo”, porque “en todo ese período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia”.
Los vocales , que llevan años con el mandato caducado por el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales, sostienen que, si bien la independencia del Ministerio Fiscal presenta “notas características y propias respecto de la independencia de los jueces”, debe regirse por unos cánones que resumen en un antiguo proverbio inglés: “No basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se vea que se hace Justicia”.
Así, consideran “admisible” que sea el Gobierno el que proponga al fiscal general del Estado, con “un grado de discrecionalidad que ha de respetarse”, pero apostillan que dicha independencia, aunque más “débil”, “también comporta el deber de ajustar tal propuesta a las exigencias de legalidad y, sobre todo, a las derivadas del papel constitucional del Ministerio Fiscal”.
Pese al voto discrepante de estos vocales conservadores, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado este jueves, por mayoría de 12 votos a 7, que el fiscal de Sala reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesto el pasado martes por el Consejo de Ministros.