Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que ha tratado sobre la tramitación del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En primer lugar, Ribó ha destacado que mucho más importante que el hecho de que la Corona deba o no a formar parte de esta Ley es, por ejemplo, separar el concepto de acceso a la información y transparencia del buen gobierno, que deberían articularse en proyectos diferentes.
DIFERENCIAR TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN
Además, ha destacado que el término transparencia está ya desfasado y de lo que se está trabajando en Europa es sobre el acceso a la información y en ello, es “dónde convendría poner el acento”.
Por ello, ha insistido en la separación de estos términos ya que muchos aspectos poco tienen que ver con el acceso a la información. Así, ha destacado que “por la música y por la letra, hay algunas cosas que quizás acaben en el Tribunal Constitucional porque eso no es derecho de acceso a información y puede haber cosas que atenten directamente con lo que significa la Constitución en su título octavo”.
Ribó ha indicado que se debería incluir en la Ley que se puedan supervisar empresas que dan servicios de interés general, aunque pervivirá el problema de cómo resolver algunos mecanismos legales, que habrá que detallar y definir más adelante.
Asimismo, ha considerado “un error” el excluir del proyecto de Ley a la administración de justicia, y ha considerado como fundamental el que exista una autoridad independiente que regule el proceso y medie en los conflictos; y ha subrayado que el órgano independiente en Democracia se llama Parlamento.
El Síndic ha destacado que el acceso a la información debe ser “ágil e independiente”, por lo que ha indicado que la motivación nunca debería ser un límite para recibir la información solicitada, ni el ciudadano debe ser cuestionado por pedir una u otra información.
En este sentido ha afirmado que esta dotación de información no tiene que ver ni choca con el derecho a la información: “no nos escudemos en primar lo regulado con este nuevo derecho, que si nace a la sombra de la protección de datos, lo vamos a obturar”, ha recalcado.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Por parte de los grupos parlamentarios, desde el PP, Pedro Ramón Gómez de la Serna, ha afirmado que tan importante como el procedimiento de la designación de la autoridad, es el perfil del director, el mandato o los medios de los que dispone.
Asimismo, ha indicado que el hecho de que todos los miembros del órgano sean funcionarios de carrera garantiza mas independencia que el procedimiento de elección.
Por su parte, el parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que el grupo mayoritario en el Congreso negocie con la Casa Real cuáles son los límites de una Ley que recaerá sobre estos últimos; y se ha planteado la inclusión en la Ley de la Iglesia, y cómo se pueda gestionar, ya que, según ha aseverado, sólo se financia en un 10 por ciento a sí misma.
Por último, la diputada de CiU Mercé Pigem ha manifestado que tiene la sensación de que a esta regulación se está “llegando tarde y a la defensiva”, y ha manifestado su conformidad con la idea de que la administración de justicia debería incluirse en la Ley.
En opinión de la parlamentaria del PSOE Meritxell Batet se ha mostrado de acuerdo con las propuestas del Síndic, las cuales ha tildado de “novedosas”, sobre todo en lo que se refiere a incluir a las empresas en el proceso y una autoridad independiente que garantice la neutralidad en los asuntos.