Un sindicalista denuncia el engaño de Egmasa y reconoce que cobró 60.000 euros

El sindicalista Antonio Márquez García ha declarado hoy como investigado por el ERE de la empresa Egmasa, que afectó a 373 trabajadores y le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros, y ha denunciado que la empresa le “engañó” y que cobró 60.000 euros de los 120.000 euros de la indemnización pactada.

En su declaración ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, el sindicalista de CCOO ha criticado que Egmasa le obligó a jubilarse porque ya tenía 55 años a pesar de que él no quería, han informado fuentes judiciales.

Tras reconocer que sabe leer y escribir con dificultad, ha dicho que se querelló contra la Junta de Andalucía porque se sintió engañado y ha asegurado que ha ganado el litigio judicial en el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que no tiene que devolver el dinero que recibió.

En este sentido, ha afirmado que cobró 60.000 euros de la indemnización de 120.000 euros que se acordó tras ser incluido indebidamente en el ERE de la empresa pública Egmasa, y ha precisado que de ese dinero ha tenido que pagar la Seguridad Social porque la compañía no lo hizo.

Según el auto de citación judicial, la juez asegura que cuando cesó en el cargo como liberado del sindicato en el año 2004, no fue readmitido en la Empresa de Gestión Medioambiental S.A.(EGMASA), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Por ello, dos años después, dos directivos de la compañía y un líder sindical le buscaron una salida y simularon un despido improcedente, según la juez, que acusó por este ERE a quince personas, entre ellas a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Se pactó con el liberado sindical en el CEMAC una indemnización por despido de más de 120.000 euros “que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado” en una póliza colectiva, subraya el auto de la juez.

Esa “indemnización superaba en mucho la correspondiente a un despido” y fue pagada por la Junta de Andalucía y no por la empresa, según la juez.

Tras la declaración del sindicalista, ha comparecido como investigado por el mismo ERE Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, que se ha mostrado muy nervioso y ha dicho que desconocía todo lo relativo al expediente de Egmasa, según fuentes judiciales.

Albarracín ha dicho que Guerrero le preguntó una vez por el coste que tendría aplicar un ERE para 373 trabajadores, aunque ha negado que le dijera que era para Egmasa, tras lo cual se ha preguntado por qué no está en este caso la mediadora IRSO, que era la que cobraba las comisiones por la gestión de los expedientes.