El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que aglutina a la mayoría de mandos del Cuerpo, ha concedido la condición de liberado al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, activo miembro de la brigada política en tiempos de Mariano Rajoy e imputado en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El dato fue suministrado de forma confusa por el protagonista durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso y aclarado posteriormente a preguntas del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu.
Una de las primeras medidas del departamento de Grande-Marlaska en 2018 fue cesar a Fuentes Gago y otros miembros de la brigada política de sus destinos en embajadas, altamente remunerados, y enviarlos a puestos burocráticos. José Ángel Fuentes Gago fue destinado a la Jefatura Superior de Policía, lo que levantó suspicacias en Podemos, víctima de las maniobras del policía en el pasado, por considerarlo un destino relevante. En realidad, el policía se encargaba de la gestión del material informático, uniformes, vehículos y armamento, si bien esto no se conoció hasta este jueves cuando él mismo lo contó en el Congreso.
Así fue hasta el pasado 1 de enero de 2021 cuando Fuentes Gago se convirtió en liberado sindical como “asesor jurídico” del SPP, el sindicato que presidió durante siete años (2006-2013), periodo en el que colaboró activamente con el PP en la oposición. El SPP siempre ha actuado como una suerte de “agencia de colocación” de los mandos de la Policía, especialmente cuando gobierna el Partido Popular, coinciden fuentes policiales.
Al SPP pertenecía el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, y varios de los implicados en las maniobras contra la oposición ahora imputados en Kitchen, como Bonifacio Díaz Sevillano, que fue tesorero, o el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas. El propio José Manuel Villarejo fue dirigente del SPP en los años ochenta. Al finalizar su declaración en la comisión del Congreso, Fuentes Gago fue acompañado hasta la salida por la diputada del PP y portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez.
Tras la imputación de Fuentes Gago en la pieza 7 del caso Villarejo o Kitchen, el Ministerio del Interior decidió no suspenderle por completo –enviarlo a su casa– alegando que jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impedía. Según esa argumentación, las medidas cautelares dictadas por el juez contra Fuentes Gago no eran de la entidad suficiente para aplicar una medida tan gravosa a uno de los responsables del espionaje a la oposición democrática. Fuentes Gago evitaba perder una parte sustancial del sueldo que sigue percibiendo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid mientras Unidas Podemos pedía explicaciones por un destino en lo que consideraba un puesto de dirección que no era tal.
En cualquier caso, el Ministerio y la Dirección General de la Policía mantenían el secretismo sobre las funciones reales de Fuentes Gago hasta que elDiario.es desveló un documento en agosto de 2019 que situaba a Fuentes Gago en la comisión policial que se reunió con la auditora para la implementación de la subida salarial pactada entre la Administración y los sindicatos.
En abril de 2019, moncloa.com publicó la grabación de una reunión en Nueva York entre Fuentes Gago y un exministro chavista ofreciéndole residencia y protección en España a él y a su familia si le suministraba información que pudiera evitar que Podemos llegara al Gobierno. Corría el verano de 2016 y Fuentes Gago trasladaba a su interlocutor que actuaba con un "mandato" del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La información que suministró el antiguo cargo chavista fue incorporada a un informe policial, en el que no aparece la firma de Fuentes Gago y que inmediatamente fue filtrado al diario ABC.