El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este domingo un acuerdo de “formación” en “defensa personal” para 30.000 policías que impartirá la empresa de desalojos Desokupa, liderada por Daniel Esteve.
El sindicato policial ha publicado un vídeo en el que Esteve firma el acuerdo por parte del “Club Desokupa” junto a Mónica Gracia, secretaria general del sindicato mayoritario en la Policía. Según afirma Esteve, “Club Desokupa es un curso de formación de defensa personal muy real”, en el que van a adiestrar “tanto a civiles como a policías”. Se trata de cursos impartidos por “18 formadores” con hasta “500 policías a la vez”.
Gracia ha calificado el acuerdo de “histórico” y lo ha justificado con la existencia de “un problema en las calles” donde hay “una violencia desmedida” y “la autoridad se ha perdido”. El sindicato policial ha defendido así su colaboración con una empresa que desde hace varios años se dedica a difundir bulos y mensajes racistas en las redes sociales, entre otras iniciativas.
Durante las pasadas elecciones generales, Desokupa se responsabilizó de haber desplegado una pancarta contra el presidente Pedro Sánchez y contra su Gobierno. La empresa también ha estado detrás de las protestas contra el Ejecutivo ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, que durante varios meses, desde el pasado noviembre y con motivo de la ley de amnistía, convocó a decenas de personas llegando a obligar a cerrar la vía al tráfico en numerosas ocasiones.
Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, ha anunciado el registro de una pregunta al Ministerio del Interior, “que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Errejón ha calificado a Desokupa de “banda escuadrista de extrema derecha dando cursos de formación que puntuarán para miles de policías nacionales”.
La secretaria de organización de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado a las críticas contra este acuerdo. “Desokupa es una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España”, ha escrito Belarra en un mensaje en X. El pasado mes de junio, Podemos anunció una proposición de ley en el Congreso para ilegalizar y perseguir penalmente a empresas de desokuapción como la liderada por Esteve. “Creemos que es urgente actuar ya para ilegalizar y para castigar penalmente de una vez por todas a esta gentuza, que se lucra persiguiendo y aterrorizando a las personas más vulnerables”, defendió entonces el portavoz de la formación, Pablo Fernández.
La nueva estrategia intimidatoria de Desokupa
Para lograr sus objetivos, Desokupa ya no solo utiliza la presencia de hombres hipermusculados a las puertas de un domicilio. Ahora también dispone de las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, para intimidar.
El líder de esta empresa se ha acabado haciendo famoso al albor de programas matinales como el de Ana Rosa, en Telecinco, o el de Susanna Griso, en Antena 3, donde ha aparecido en directo en decenas de ocasiones explicando sus actuaciones más polémicas. Sus seguidores han subido como la espuma gracias a estos programas y ahora ya vuela solo.
La empresa dispone de dos cuentas de Instagram que suman 150.000 seguidores y de un canal de Youtube con 213.000 más. Su perfil de Facebook tiene más de 40.000 seguidores. Él mismo se define actualmente en su página web como un “influencer”.
Desde estas cuentas se dedica a publicar los rostros de los okupas a los que quiere expulsar para ejercer presión sobre ellos. En ocasiones también revela su nombre completo, el municipio en el que viven o incluso sus números de teléfono y pide a sus seguidores que le inunden a llamadas. También dispara mensajes racistas, tránsfobos y machistas y muestra apoyo a iniciativas y periodistas de extrema derecha.
Según diversos juristas consultados, este tipo de publicaciones vulneran claramente la normativa de protección de datos. “Utiliza la publicación de datos personales en una cuenta corporativa para ejercer presión social y coaccionar a personas”, apunta Pere Simón, abogado, doctor en derecho constitucional y consultor especializado en protección de datos. “Evidentemente esto no es una finalidad legítima prevista en la normativa”.