Es una decisión que tiene pocos precedentes. Todos los sindicatos policiales han firmado una carta remitida al Tribunal Constitucional (TC) para instarle a que lleve a cabo actuaciones preventivas en Cataluña que impidan la celebración del Pleno del Parlament la semana que viene en el que los partidos independentistas pretenden aprobar una declaración unilateral de indepependencia y que ha sido suspendido por el TC.
Los cinco sindicatos policiales reclaman al Constitucional que suspenda de sus funciones al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente Oriol Junqueras, y a la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Que les tome declaración y que si no deponen su actitud, se detenga a las tres primeras autoridades de Catalunya.
En la carta que suscriben el Sindicato Unificado de Policía, la central mayoritaria, la Confederación española de Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y Alternativa Sindical de Policía, al TC recomiendan que el tribunal haga uso de las atribuciones que le dio el Gobierno con el último cambio legal para poder ejecutar sus sentencias y evite “el riesgo de un conflicto social irreversible”.
“Sólo una manifiesta ingenuidad puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal”, recuerdan las distintas centrales. Los sindicatos policiales reivindican la “necesidad de adoptar todas las acciones necesarias para evitar la celebración del pleno, absteniéndose de asistir al mismo y de informar a todos y cada uno de los miembros del Parlamento de que igualmente se abstengan de asistir, todo ello sin perjuicio de que si el TC observara una actitud rebelde pueda acordar cualquier medida coercitiva, incluida la de privación de la libertad”.
Los sindicatos de la policía también pide al Constitucional que “se ”encomiende al Gobierno de la nación para impedir la celebración del Pleno y evitar por todos los medios la celebración de manifestaciones, altercados o desórdenes públicos“.
Los policías piden “pasar de las palabras a los hechos”. Y justifican esta inusual comunicación alegando que representantes de las fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de colaborar y auxiliar a la Justicia “
SUP, CEP, UFP, SPP y ASP recuerdan, como representantes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su obligación de colaborar y auxiliar a la Justicia “ante los gravísimos acontecimientos que se vienen desarrollando en Cataluña y la flagrante quiebra de lo establecido en la Carta Magna”.