Varios sindicatos de la Policía Municipal de Madrid insisten en que Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, sea condenado por sus declaraciones tras la muerte de Mame Mbaye en Lavapiés en 2018. Según ha podido comprobar elDiario.es, dos de las acusaciones han recurrido su absolución ante la Audiencia Provincial de Madrid mientras que la Fiscalía, que también pidió que Gueye fuera condenado, ha decidido no recurrir aunque todavía puede adherirse a lo que digan las acusaciones populares.
El senegalés Mame Mbaye falleció a los 34 años en la calle madrileña del Oso, en el barrio madrileño de Lavapiés, en marzo de 2018. Mbaye llevaba más de una década en nuestro país y en ese momento huía a la carrera de un control de la Policía Municipal contra manteros en el centro de la ciudad. El senegalés padecía una patología cardíaca y su corazón se paró sin que los servicios de Emergencias pudieran hacer nada por él. Las protestas por su muerte y contra la actuación policial convirtieron el barrio de Lavapiés en un campo de batalla a lo largo de varios días.
Tres personas se sentaron hace unas semanas en el banquillo del juzgado 20 de Madrid acusados de imputar falsamente la muerte de Mbaye a la Policía Municipal de la capital: el tuitero y periodista Alfonso 'Fonsi' Loaiza, el portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid, Malick Gueye, y la dueña de una tienda del barrio de Lavapiés. El primero afirmó en su cuenta de Twitter que “la Policía lo ha asesinado”, el segundo reclamó en una entrevista que “los dos policías responsables paguen por eso” y la tercera fue acusada de escribir en Facebook: “Los hijos de puta de los guindillas son responsables de esta muerte y de muchas más”.
La acusación popular fue ejercida por varios sindicatos de la Policía Municipal e incluso la Fiscalía pidió condenar a los tres, pero el juez José Enrique Sánchez-Paulete rebajó notablemente sus pretensiones. Tanto Malick Gueye –defendido por el letrado Eduardo Gómez, de Red Jurídica– como la dueña de la tienda de Lavapiés fueron absueltos y el tuitero Loaiza fue condenado a pagar una multa de 2.100 euros. Ahora, según ha sabido elDiario.es, los sindicatos policiales vuelven a la carga mientras que la Fiscalía ha rechazado recurrir aunque todavía puede adherirse a lo que digan las acusaciones populares cuando el caso pase a manos de la Audiencia Provincial de Madrid.
El sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) ha recurrido solo la absolución de Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, para quien llegaron a pedir una multa de 16.200 euros. Aseguran que el senegalés no estaba criticando el racismo en términos generales sino que “estaba imputando la muerte de una persona a la Policía Municipal” y que lo hizo con “temerario desprecio a la verdad”. La decisión del juez de absolverle, según el sindicato, está “salpicada de subjetividad” y reclaman una condena para él.
Otro de los sindicatos que ejercieron la acusación popular, CSIT, ha recurrido las dos absoluciones después de haber pedido multas de 8.100 euros para todos los acusados. Asegura este recurso que “la Policía no persigue a nadie sin motivo alguno” y añade que “la realidad es que mientras no cambie la ley, la Policía está obligada a su persecución”. Esto, dice el sindicato, “supone el meollo de la cuestión ya que poco debiera importar si la muerte se produce porque la Policía le persigue o no le persigue”. Califican de “claramente injuriosas” las declaraciones de Gueye y cuestionan también la absolución de la dueña de una tienda de Lavapiés por falta de pruebas de que fuera ella quien escribiera el mensaje.
En este segundo caso el juez entendió que existía la posibilidad de que otra persona hubiera escrito el mensaje desde el ordenador que ella dejó en su tienda mientras acudía a un curso. El sindicato CSIT explica que pudo ser escrito desde el curso con un smartphone y que, por tanto, su absolución debe ser revocada. Afirman también que “el hecho de que posteriormente borre el mensaje denota, con toda claridad, que ha realizado una valoración de la trascendencia y consecuencias que puede tener dicho mensaje y decide eliminarlo por su contenido injurioso”.
La Fiscalía, por su parte, ha bajado una marcha con respecto a su actuación inicial. En un primer momento solicitó una multa de más de 5.000 euros para el portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid por injurias a la Policía aunque al final del juicio redujo esta petición hasta menos de la mitad. Ahora, según fuentes del Ministerio Público madrileño, ha renunciado a recurrir su absolución aunque todavía puede adherirse a los recursos que han presentado los sindicatos policiales ante la Audiencia Provincial.
Las declaraciones de Malick Gueye
En el caso del portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid, Malick Gueye, el juzgado de lo penal entendió que no intentó imputar la muerte a una acción dolosa de la Policía y cuestionó también que la dificultad con el idioma le impidiese expresar correctamente sus ideas en un momento de intenso dolor para él. En unas declaraciones concedidas al digital 20Minutos poco después de la muerte de Mbaye, Gueye exigió “que los que son responsables de la muerte de Mame paguen las consecuencias, que los dos policías responsables paguen por eso, y también el Ayuntamiento. Ellos han permitido estas agresiones”.
El juzgado entendió que en el momento en que hizo las declaraciones las distintas informaciones sobre el caso ya dejaban claro que había muerto por causas naturales aunque no quedaba claro si huía o no de la Policía Municipal, que Gueye estaba muy afectado y que, además, se expresó en una lengua que no es la suya sin que exista una grabación de lo que dijo. La sentencia aseguraba que “no puede afirmarse una intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal, prevalente sobre la de criticar la política de extranjería”.
El magistrado asegura en la sentencia que “se desconoce lo realmente manifestado por el acusado” y avaló, además, su derecho a criticar la represión policial que sufren en ocasiones los manteros. Dice la sentencia ahora recurrida: “Lo que puede ser objeto de crítica, y así lo hace el acusado en el ejercicio de su libertad de expresión, es que se sitúe a dichas personas en la marginalidad, sin papeles”.