Un soborno millonario repartido en cuentas del PP: el origen de la obra más polémica de los últimos 30 años en Baleares

La del túnel de Sóller, la única vía de pago de Mallorca, no es una historia cualquiera. Ennegrecida desde sus orígenes a raíz de una concesión con soborno millonario incluido y prescrito —penalmente, ya que a nivel político la infraestructura cavó la tumba del expresidente balear Gabriel Cañellas (PP), cuya dimisión conminó José María Aznar—, su construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Baleares.

La trayectoria del considerado peaje más caro de España y de una de las carreteras más peligrosas del país arrastra a sus espaldas quiebras, derrumbes y retrasos y eleva su condición a uno de los mayores paradigmas de la corrupción de la historia de la democracia en Baleares, nunca ajena a las dádivas y los tratos de favor.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha tumbado el rescate del túnel en lo que supone un duro varapalo al Consell Insular de Mallorca, institución que en 2017 apeló al interés general para hacerse con la explotación de la infraestructura previo pago de 17,4 millones de euros a la concesionaria Globalvia, que reclamaba 31 millones. Era, según la institución, “un acto de justicia, aunque tardío, con los habitantes de la Vall de Sóller”. Sin embargo, la máxima instancia judicial de Baleares no ve motivos que justifiquen ese interés público y recrimina que la Administración supramunicipal no procediera de este modo mucho antes e incluso que a finales de 2016 prorrogase la concesión de la obra.

Los intentos del Consell por recuperar la infraestructura son, sin embargo, solo un capítulo más entre los que componen la historia del túnel, alumbrado a finales de los ochenta como una de las construcciones más ambiciosas de cuantas habían visto la luz hasta entonces en las islas. La intención pasaba por unir, a lo largo de tres kilómetros, Palma y el municipio de Sóller de forma subterránea. Entre los episodios que han condicionado su funcionamiento hay derrumbes —como el desprendimiento de rocas en las proximidades de una de las bocas del túnel que retrasó el comienzo de la construcción—, infinidad de problemas técnicos y la grave situación financiera que atravesó su primera concesionaria y la abocó a la quiebra.

Cuando en 1990 por fin las obras se pusieron en marcha, la polémica estalló de nuevo. En el foco de la misma, el entonces presidente balear, Gabriel Cañellas, y el financiero mallorquín Antoni Cuart, cuya empresa, tal como declaró probado siete años más tarde el TSJIB y posteriormente ratificó el Tribunal Supremo, la había constituido Cañellas al efecto de hacerse con una de las construcciones más codiciadas del archipiélago.

Tras detectar que la mercantil de Cuart no había sido la mejor oferta técnica de entre las que concurrieron al proceso, las sospechas comenzaron a tomar forma. Tras la denuncia interpuesta por la empresa que había obtenido mejor puntuación, los investigadores pusieron la lupa en el proceso de adjudicación y constataron que los resultados del expediente se habían alterado después de que el empresario agasajase a Cañellas con un soborno de 50 millones de pesetas.

Pero antes de que los tribunales pudieran dictar sentencia, desde Génova las directrices fueron claras y, en 1995, el expresidente del Gobierno José María Aznar forzó la dimisión de Cañellas. Su lugar lo ocupó Cristòfol Soler, que sólo permaneció un año al frente del Govern balear. En 1996, Jaume Matas, quien aún no había saboreado las mieles de la primera línea política a nivel nacional, accedió a la presidencia del Ejecutivo isleño, cargo que ostentó hasta 1999. No fue esa, sin embargo, la legislatura que lo colocó en el punto de mira de la justicia a raíz de su elevado tren de vida y su implicación en múltiples fraudes y sobrecostes. Para eso habría que esperar a 2003.

Pese a considerar probada la comisión del delito de cohecho que le había llevado al banquillo de los acusados, dos años después del cese de Cañellas el TSJIB absolvió al exmandatario balear porque había prescrito. En una sentencia demoledora, los magistrados declararon acreditado cómo el 30 de enero de 1989 Cuart, como administrador de la Concesionaria Túnel de Sóller, libró un cheque por valor de cincuenta millones de pesetas y, antes de la formalización —el 23 de febrero de ese año— de la concesión administrativa, se lo entregó a Cañellas a cambio de la adjudicación. 

Los fondos acabaron en manos de la Fundació Illes Balears propiedad del mandatario balear y redistribuidos, en diez cheques de cinco millones de pesetas cada uno procedentes de la concesionaria de la mayor obra pública de las islas, entre proveedores de la campaña electoral del partido previa a los comicios europeos de 1989. Cañellas, por su parte, alegó que no obtuvo beneficio personal alguno por la construcción de la infraestructura y que, en todo caso, su actuación debía ser merecedora de una infracción al amparo de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Para entonces, la compañía de Cuart había sido declarada en quiebra, lo que provocó una nueva paralización de las obras del túnel. Tras ello, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a través de Globalvia, se hizo con la concesión y los trabajos se reanudaron de nuevo.

Finalmente, la infraestructura fue inaugurada el 19 de febrero de 1997. Ni la quiebra de la empresa inicial ni las irregularidades destapadas en torno a la construcción del túnel de Sóller impidieron que los trabajos de construcción viesen su fin. Fue Matas, aún en su primera legislatura, el encargado de descubrir la placa. Su nombre figuraba esculpido en el mármol bajo el título de “molt honorable” (“muy honorable”) como máxima autoridad de Baleares.

La retirada de la placa, 21 años después de la puesta en marcha de la infraestructura, constituye otro de los momentos memorables de la historia del túnel de Sóller. El 4 de enero de 2018, varios operarios desterraban el nombre de Matas de la que fue una de las primeras construcciones que había inaugurado durante su primera legislatura como máximo mandatario balear.

El túnel acababa de pasar a manos públicas y en él no podía figurar ningún condenado por corrupción. Para entonces, Matas acumulaba seis juicios a sus espaldas y varias condenas por sus desmanes en torno a otra construcción, el velódromo Palma Arena, la infraestructura que erigió en su segundo mandato para acabar convertida, a su pesar, en la génesis de sus posteriores tormentos judiciales. No en vano, cuando la placa fue reducida a pedazos, el exlíder del PP estaba a punto de afrontar su séptima vista oral y a una de las mayores peticiones de condena a las que se había visto sometido.

El túnel de Sóller, mientras tanto, no logra soslayar las vicisitudes. Tras la sentencia del TSJIB, desde el Consell de Mallorca, presidido por la socialista Catalina Cladera, se aferran con uñas y dientes a su rescate. La institución quiere estudiar la viabilidad de acudir al Tribunal Supremo para recurrir la resolución del alto tribunal balear, pero deja clara su intención de agotar todas las vías posibles que estén a su alcance para mantener “el estatus de gratuidad” de la infraestructura.