El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, acordó en un auto fechado el 10 de septiembre remitir a juzgados ordinarios sendas denuncias por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas vinculadas a dos cargos del PP de Madrid. Se trata de David Pérez, actual consejero de Vivienda y Administración Local, y de Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos. Ambos forman parte de la Ejecutiva de Isabel Díaz Ayuso y son próximos al líder del partido, Pablo Casado, al que apoyaron en el congreso de 2018 en el que fue elegido presidente. Este mismo auto motivará la declaración voluntaria como investigado del senador David Erguido, también cercano a Casado, por supuestamente beneficiar a una empresa de eventos apadrinada por Francisco Granados cuando era concejal en el municipio de Algete.
El magistrado ve indicios de delito en las dos denuncias que aluden a Pérez y Millán pero, siguiendo el criterio de Anticorrupción, las remite a juzgados ordinarios. No asume él mismo las pesquisas porque, entre otros motivos, no aportan datos que permitan vincular esos contratos a esta pieza del caso Púnica, que indaga en las supuestas comisiones que cobró Granados por conseguir que ayuntamientos madrileños contrataran a la empresa Waiter Music para sus organizar conciertos en sus fiestas patronales u otro tipo de eventos.
Además, se trata de hechos posteriores a 2011 y la investigación ha desvelado que la intervención de Granados como “conseguidor” del empresario José Luis Huerta, administrador de Waiter Music y otras empresas, “se va debilitando respecto de contrataciones iniciales que se distancian mucho del inicial año 2004”, según recoge el auto. Anticorrupción sostiene que Granados, desde su posición privilegiada en el PP de Madrid, benefició durante años a las empresas de Huerta, recientemente fallecido. Con la documentación remitida por la Audiencia Nacional serán los juzgados de instrucción a los que las denuncian toquen por reparto los que decidirán si investigan los hechos. Consultadas por elDiario.es, fuentes del PP subrayan que el auto “excluye” a Pérez y Millán “de la investigación en Púnica y de cualquier relación con Waiter Music” y que ambos “quedaron fuera de la Pieza separada 7 de la Púnica ya que no guarda relación con los hechos investigados”.
“Posible amaño”
No obstante, respecto a los hechos relacionados con David Pérez el juez acuerda inhibirse en favor de un juzgado de Alcorcón tras la sospecha de Anticorrupción de que hay “un importante indicio de posible amaño en la contratación” de Waiter Music por parte del Ayuntamiento de esa localidad en la etapa en la que el actual consejero de Ayuso era alcalde (2011-2015). Pérez es diputado regional desde 2002 y, por tanto, está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según la denuncia que presentó en su día el PSOE local, esta empresa fue la adjudicataria de las fiestas patronales desde que el PP llegó al Gobierno encargándose del desarrollo de las mismas mediante procedimientos negociados sin publicidad, en el año 2011; adjudicatario directo sin concurrencia, en 2012; y a través de una Fundación adscrita al Ayuntamiento, pero que no tenía actividad, en 2013. En 2014, cuando el contrato pasó por Mesa de Contratación —añade la denuncia— Waiter Music fue excluida por incumplimiento de requisitos. A las fiscales del caso les llama la atención el “tipo de contratación”, que resulta “similar” al de otros ayuntamientos investigados en la trama, y que se empezase a contratar con Waiter Music “con el cambio de gobierno local”.
Pérez fue uno de los más fieles escuderos de Esperanza Aguirre y pasó a un segundo plano con la llegada de Cristina Cifuentes a la Presidencia, con quien llegó a estar enfrentado. Tras su llegada a la presidencia del partido, Casado lo colocó en el Comité Electoral Nacional, el órgano encargado de dar el visto bueno a todas las candidaturas de los conservadores. En las autonómicas de 2019 fue el número dos de Ayuso, que lo nombró después consejero de Vivienda. Todo ello, pese a que su gestión como alcalde de Alcorcón estuvo llena de polémicas y fue reprobado hasta en siete ocasiones por el Pleno.
Por otro lado, el juez pide inhibirse en favor del juzgado decano de Navalcarnero para que, si lo estima oportuno, investigue la “relación” de la actual alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, con la empresa Neverland tras encontrar Anticorrupción “indicios de posible delito” en la adjudicación de contratos a esta sociedad a partir de 2009, cuando ella era la “concejala responsable”. En este caso, la denuncia que será remitida a un juzgado ordinario fue presentada en marzo de 2016 por el exalcalde de Arroyomolinos por Ciudadanos Carlos Ruipérez, que dimitió tras ser detenido por presuntos amaños en multas en el marco de la 'operación Enredadera'.
Además, la Fiscalía ha encontrado “evidencias” de que Millán pudo cometer un posible delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación de Waiter Music para varios festejos de Arroyomolinos entre 2004 y 2008 a través de la figura del contrato menor de servicios y “cuando ni siquiera estaba prevista la retención del crédito con anterioridad a su contratación”. Anticorrupción subraya que esos hechos sí guardan relación con las irregularidades en las que indaga esta pieza del caso Púnica, pero no pueden ser objeto de investigación al estar prescritos.
Millán es alcaldesa de Arroyomolinos desde junio de 2019, aunque es concejala de ese consistorio desde 2003. En 2018 respaldó a Pablo Casado en su candidatura a liderar el PP y lo acompañó en su lista al Congreso por Madrid en las últimas generales. Fue en el número 27 y no salió elegida. El pasado viernes, Casado visitó Arroyomolinos para apoyar la iniciativa de su alcaldesa de hacer test de detección de COVID-19 a 12.000 de sus poco más de 30.000 habitantes.
Declaración voluntaria
En este mismo auto, el juez ofrece al senador del PP David Erguido que declare como investigado. El ofrecimiento se debe a que Erguido está aforado ante el Tribunal Supremo y, en caso de que lo hubiera rechazado el instructor habría valorado “la procedencia” de elevar exposición razonada ante dicho tribunal para que decidiera si investigar o no estos hechos. Tras hacerse pública la decisión del magistrado, el PP informó de que Erguido “declarará de forma voluntaria” en la Audiencia Nacional.
La decisión del juez llegó después de que Anticorrupción detallara en un informe la participación de Erguido en la trama para beneficiar a Waiter Music cuando era concejal de Algete. Las fiscales del caso consideran que la empresa de Huerta empezó a hacer negocio con el dinero público de esa localidad madrileña en 2007, coincidiendo con la recepción del bastón de alcaldesa de Inmaculada Juárez.
La exregidora, añade Anticorrupción, se apoyó en su primer teniente de alcalde, David Erguido, y en un cargo de confianza, Lorenzo del Triunfo Calleja, para trocear los contratos y que todas las empresas invitadas a los concursos sin publicidad estuvieran vinculadas a Huerta. Para ello, lo primero que hizo Juárez fue retirar a la Concejalía de Cultura la organización de los festejos de Algete. Entre 2007 y 2014 las empresas de José Luis Huerta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en adjudicaciones solo en esa localidad.
El empresario organizó en 2008 una celebración privada de David Erguido el 7 de marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II que costó 1.800 euros y que, en lugar de ser abonada por el teniente de alcalde , ingresó una cuenta de recuperación de saldos del Ayuntamiento de Algete. Tres semanas antes, el PP de la localidad madrileña había impuesto una medalla al exministro de Economía Rodrigo Rato en un acto celebrado en la carpa de la Casa de la Juventud y que el partido de la localidad endosó al Consistorio, con un coste de 6.775 euros. La organización también corrió a cargo del empresario Huerta. David Erguido llegó a declarar ante la Guardia Civil cuando estalló el caso y próximamente lo hará en la Audiencia Nacional.