Como cuando fue apartado Pablo Ruz, el instructor que dejó acreditada “indiciariamente” la existencia de una caja B en el Partido Popular, el cambio a última hora del tribunal que juzgará el caso se ajusta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las normas internas de la Audiencia Nacional. Y sin embargo, la modificación se ejecuta con la firme oposición de los dos magistrados que quedan desplazados y para estupefacción de las acusaciones populares, auténtico motor del caso de la contabilidad en negro del PP en diferentes momentos frente al criterio de la Fiscalía.
Esas acusaciones populares, ejercidas en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ por Adade, Izquierda Unida, el Observatori Desc y los socialistas valencianos, valoran o han decidido ya, presentar recusación contra el nuevo encargado de redactar la sentencia que salga del juicio de la caja B. Se trata de Juan Pablo González González, considerado por el sector progresista de la Audiencia Nacional un juez cuya carrera ha estado determinada por su proximidad al Partido Popular. Ya en 2001, González fue propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido que entonces lideraba José María Aznar.
La decisión de recusarle, acordada ya por IU y el Observatori Desc, y sobre la que se pronunciará en las próximas horas Adade, tiene un precedente claro. El tribunal que a día de hoy debe juzgar el caso es el tercero que se forma desde que se abrió la fase de juicio oral. En un primer momento iban a sentarse a examinar al partido en el Gobierno los jueces Concepción Espejel, Enrique López y José Ricardo de Prada. Pero los dos primeros fueron apartados por su proximidad al PP, según el voto mayoritario de sus compañeros de la Sala de lo Penal. Uno de los argumentos para la recusación fue que Espejel y López, como Juan Pablo González al tiempo que éste último, fueron vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.
Antes de que Espejel y López fueran apartados del tribunal, una modificación anodina de la normativa interna de la Audiencia Nacional en 2015, aprobada un 24 de julio, hacía imposible que el progresista De Prada tuviera opciones de redactar las sentencias de Gürtel o la caja B. Fue Espejel, presidenta entonces de la Sección Segunda, quien propuso a la Sala de Gobierno que se impusiera un sistema de sustituciones en todas las secciones de tal forma que, si un magistrado se ausenta por vacaciones, licencias, enfermedad u “otras causas”, fuera sustituido por el que tuviera asignado el siguiente procedimiento numerado.
En esas “otras causas” cabía la de recusación, precisamente la que ya entonces amenazaba a Enrique López, a quien le correspondía redactar el fallo. La opción del sorteo quedaba descartada y Ángel Hurtado, otro conservador, se convertiría directamente en el redactor de las sentencias de Gürtel y caja B gracias a la modificación propuesta por Espejel,
Así las cosas, acompañarían a Hurtado en esos dos tribunales el también conservador Julio de Diego y el progresista José Ricardo de Prada. Uno de los acusados en Gürtel, Luis Bárcenas, había presentado unos días antes una sorprendente petición. Quedaban tres meses para que arrancara el juicio. El extesorero del PP quería que la plana mayor de Aznar declarara durante la vista oral, una pretensión que se antojaba muy complicada, toda vez que ninguno de los cinco instructores que había tenido la pieza principal había tomado declaración a Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o Javier Arenas.
Fue entonces cuando se produjo uno de los giros más determinantes desde que comenzó el proceso: el conservador Julio de Diego se alineó con De Prada y ambos votaron a favor de que la plana mayor de Aznar declarase como testigo, dejando en minoría a Hurtado. Después ocurrió lo mismo cuando Adade solicitó la declaración de Mariano Rajoy, rechazada en ocasiones anteriores.
A la postre, la declaración del presidente del Gobierno se convirtió en uno de los episodios más relevantes de la crónica judicial y política española. Y no solo eso. Su testimonio en el juicio de Gürtel parecía la antesala de otro más relevante, el que debería prestar en el juicio de la pieza separada de la caja B, la de la financiación irregular de su partido. Las acusaciones razonaban que si De Diego y De Prada habían apoyado su declaración en Gürtel, al juzgar unos hechos en los que era dirigente pero no presidente del partido, con más razón accederían si lo que examinaban eran unos hechos ocurridos con él como máximo responsable de la formación.
Recusada y sin embargo, presidenta
Ahora, ese razonamiento queda tocado. Todos se fijan para explicar lo ocurrido en otro episodio, también perfectamente legal pero que causó gran controversia, el nombramiento de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal el pasado mayo. Siete meses después de que sus compañeros decidieran que no podía juzgar al PP por su afinidad a ese partido, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial imponía en octubre su nombramiento al frente de esa misma sala. Sustituía a Fernando Grande-Marlaska, quien dejaba la Audiencia Nacional para dedicarse en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial, al que había accedido también a propuesta del PP.
Hubo entonces que buscar sustituto para Espejel al frente de la Sección Segunda, la encargada por reparto de juzgar Gürtel y caja B. El CGPJ eligió a María José Rodríguez Duplá, magistrada conservadora que ha tomado una decisión recién llegada: como Espejel, haría efectiva su prerrogativa de presidir todos los juicios de la Sección Segunda. La ley se lo permite siempre que no hayan arrancado las sesiones. Gürtel quedó visto para sentencia el pasado 17 de noviembre. Y cuando el fallo esté redactado, comenzará el juicio de la caja B, ya en 2018.
El sistema de reparto para el próximo año en todas las secciones fue trasladado este mismo mes a la Sala de Gobierno por Espejel, a quien corresponde según la Ley, haciendo suya la decisión de Rodríguez Duplá. Y la Sala de Gobierno lo ratificó por unanimidad el pasado 20 de noviembre. Hurtado y De Diego quedaban fuera del juicio de Gürtel, a pesar de haber presentado un escrito en el que solicitaban que no se tocara la composición de los tribunales con causas “de especial sensibilidad”. La que dictaminará si el partido en el Gobierno se financió en negro durante décadas es, seguramente, el asunto más delicado que se dirime en los juzgados españoles.
Rodríguez Duplá y Juan Pablo González acompañarán ahora a De Prada en el tribunal de la caja B. El nuevo reparto establece que las causas acabadas en 6 tendrán como ponente a González. Tal y como están ahora las cosas, un antiguo vocal del Consejo del Poder Judicial nombrado por el PP redactará la sentencia sobre la caja B del partido. Eso, siempre que las acusaciones populares no logren apartar a esos magistrados por su cercanía al Partido Popular.
Antes de que se nombrara el primer tribunal de los tres que van ya, el principal instructor del caso, Pablo Ruz, estaba sentado ya en un juzgado de Móstoles. Durante su investigación, el juez tuvo tiempo de dar por acreditada indiciariamente la financiación irregular del PP durante al menos veinte años antes de abandonar la Audiencia Nacional.
Cuando dictó ese auto, sabía ya de su salida inminente. El Gobierno decidió en diciembre de 2014 sacar a concurso 364 plazas que estaban ocupadas de forma interina. En el seno del Consejo General del Poder Judicial hubo un choque sobre la interpretación de la ley y la posibilidad de que Ruz pudiera seguir hasta febrero de 2016 en comisión de servicio. Se impuso la mayoría conservadora, que se negó también a que la decisión se elevara al pleno del CGPJ.
En el concurso abierto para ganar la plaza de Ruz se impuso el magistrado de mayor antiguedad de cuantos se habían presentado, José de la Mata, un antiguo cargo del Ministerio de Justicia con el Gobierno del PSOE. El actual instructor de la caja B ha reabierto el caso con ímpetu. Su decisión más reciente ha sido citar a Ignacio González y Eduardo Zaplana, entre otros, para que aclaren el contenido de las conversaciones intervenidas en el caso Lezo y que pueden afectar directamente al esclarecimiento de la presunta financiación irregular del PP.