Cuando se cumplen 15 años de la caída del presidente Suharto y un lustro desde su muerte, el Estado indonesio no ha requisado dinero alguno de la fortuna que su familia amasó de forma ilícita y valiéndose de su parentesco con el patriarca.
Febri Diansyah, destacado activista de la asociación Indonesia Corruption Watch, denuncia que el clan Suharto goza de impunidad y aún cuenta con influencia en las altas esferas del poder y apoyos en sectores de la sociedad.
“Quince años después, ni un solo caso contra Suharto ha sido resuelto. La Fiscalía tiene que tomar la iniciativa para devolver los fondos al Estado”, dijo a Efe Diansyah.
Hasta su muerte por causas naturales, Suharto encabezó la lista de mandatarios más corruptos del mundo elaborada por la organización Transparency International, aunque nunca llegó a ser juzgado porque la defensa alegó que su edad avanzada y su delicado estado de salud le inhabilitaban para ser sometido a un proceso judicial.
Los expertos calculan que la familia de Suharto, padre de seis hijos, es actualmente propietaria de un conglomerado empresarial valorado en unos 35.000 millones de dólares (27.150 millones de euros) y que incluye hoteles, cadenas de televisión, inmobiliarias y compañías madereras,
Suharto, el general que se hizo con la presidencia en 1967 y que rigió Indonesia con mano de hierro durante 32 años, está considerado por un sector de la sociedad como el artífice de las primeras décadas de crecimiento económico, pero también como el máximo responsable de las violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, especialmente contra opositores y separatistas en Papúa y en Timor Oriental.
El presidente dimitió el 21 de mayo de 1998 tras perder el apoyo del Ejército y de parte de su Gobierno en medio de una profunda crisis económica y después de varios días de disturbios que causaron la muerte de unas 1.200 personas en Yakarta.
Ahora, varios organismos anticorrupción de Indonesia denuncian que la Fundación Supersemar, gestionada y utilizada por la familia Suharto para mover su dinero, ha evadido cerca de 300 millones de dólares (232 millones de euros) e instan a la Justicia a actuar.
El décimo-quinto aniversario de la caída de Suharto coincide con el inicio de un proceso judicial contra Ari Sigit, de 42 años y nieto del expresidente, a quien la Fiscalía acusa de sobornar a funcionarios para la adjudicación a su compañía constructora de diversos proyectos de infraestructura en la isla de Java.
Por otra parte, en Indonesia pocos han olvidado al más famoso de los familiares de Suharto, su hijo menor Tommy Suharto, quien fue condenado a 15 años de prisión por ordenar el asesinato de un magistrado del Tribunal Supremo, aunque tras sucesivas reducciones de la pena sólo estuvo encarcelado cuatro años.
A pesar de que para muchos indonesios el nombre de Suharto evoca más de tres décadas de dictadura y nepotismo, parte de la población mira al pasado con cierta nostalgia, condescendencia y hasta añoranza.
“A mí me gustaba Suharto, era un padre para Indonesia, algo que no representa nuestro actual presidente”, dijo a Efe Syuddin, un guardia que custodia la antigua residencia de Suharto en Yakarta.