Desde Suiza hasta Alemania: todos los varapalos europeos a los jueces españoles que investigan el procés

Las causas abiertas al procés independentista catalán llevan años encontrándose con obstáculos cuando llega el momento de enfrentarse a los tribunales de otros países. Suiza ha sido el último país en poner reparos a las peticiones de los jueces españoles, en este caso enfriando la del juez Manuel García-Castellón de localizar a Marta Rovira, a la que acusa de terrorismo en Tsunami Democràtic. A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

El último varapalo ha llegado desde Berna con la firma de Guillaume Rousseau, de la oficina federal helvética de Justicia. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón movió ficha el pasado mes de noviembre y decidió impulsar su causa por posible terrorismo en Tsunami Democràtic, que investiga las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés. Uno de sus escritos partió en dirección a Suiza reclamando a las autoridades que localizasen a Marta Rovira de cara a su posible imputación. Rovira lleva en el país desde marzo de 2018, poco antes de su cita como imputada en el Tribunal Supremo con el juez Llarena.

La respuesta de Suiza no es definitiva porque pide más información al juez García Castellón antes de decidir, por ejemplo, si la de Rovira es una acusación de “carácter político”, análisis habitual en este tipo de solicitudes. Pero sí pone varias pegas. Pide más información sobre la futura ley de amnistía y sus efectos sobre esta causa, y pide también a García Castellón que sea más preciso a la hora de detallar la relación de la dirigente de ERC con las manifestaciones que cortaron el aeropuerto de El Prat en 2019. Cuestiona, finalmente, que el magistrado de la Audiencia Nacional pida información sobre sus cuentas hasta junio de 2020 si las protestas de Tsunami fueron en octubre del año anterior.

Este documento recuerda, de hecho, que la petición del juez del caso Tsunami es “muy similar” al de una comisión rogatoria que puso en marcha sin éxito el mismo magistrado en 2019. Una solicitud de entrega de Rovira que ya fue denegada entonces por un escrito firmado también por Rousseau. Hace un lustro, Suiza ya fue contundente con García Castellón: ni organización criminal ni terrorismo en Tsunami Democràtic para Marta Rovira.

“El terrorismo se define como un acto de violencia criminal que pretende intimidar a una población o a obligar a un Estado o una organización internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, un acto cualquiera. Los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos, exigencia de esta norma suiza”, fue la respuesta. Las reticencias mostradas por Suiza, por tanto, no son nuevas para el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco lo son para el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que seis años y medio después de asumir la causa contra el procés no ha conseguido que los países donde se marcharon los líderes independentistas entreguen, hasta la fecha, a ninguno de ellos. En algunos casos ha sido el criterio de los jueces de otros países pero también el paso del tiempo, la sentencia del procés y los cambios del Código Penal han sido determinantes en los fracasos de los tribunales españoles.

De Alemania a Luxemburgo: la entrega de Puigdemont

Carles Puigdemont abandonó España a finales de octubre de 2017. Poco antes de que la Fiscalía se querellara contra él y todo su Govern, y después ser destituido por la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. No acudió a la llamada de la Audiencia Nacional y empezó entonces una sucesión de peticiones desde España a distintos países europeos, a día de hoy infructuosas o en suspenso.

El primer gran varapalo llegó unos meses después, ya en 2018. Carles Puigdemont había sido detenido en Alemania cuando cruzaba el país para volver desde Dinamarca hasta Bélgica, pero el tribunal germano de Schleswig-Holstein rechazó subirle a un avión y entregarle en las condiciones que proponía el juez Pablo Llarena: lo harían por malversación, pero no por rebelión, delito que entonces estaba aún encima de la mesa. El magistrado español rechazó el trato que proponían sus homólogos alemanes.

Empezó entonces a escucharse en el Supremo y en la Fiscalía un lamento que, a día de hoy, sigue haciendo eco por los pasillos de ambas instituciones: que los tribunales de otros países vayan mucho más allá de sus límites a la hora de analizar y rechazar estas extradiciones. El propio Llarena llegó a denunciar en un auto la “falta de compromiso” de las autoridades alemanas y la Fiscalía acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de “ignorar” la normativa europea.

Puigdemont volvió a ser arrestado en la isla italiana de Cerdeña en septiembre de 2021 y el resultado fue el parecido. Los jueces de Sassari dejaron en libertad al expresident catalán sin cautelares y supeditando una posible extradición al resultado de los pleitos pendientes sobre su inmunidad parlamentaria. Ese resultado llegó en julio de 2023, pero tampoco ha desencallado, por el momento, la situación, aunque fuera una contundente victoria, la primera por escrito, del juez Llarena.

Fue el Tribunal General de la Unión Europea el que retiró la principal protección de Carles Puigdemont: su inmunidad de europarlamentario. La suya y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Una vez conocida esa decisión, el juez Llarena optó por la prudencia y anunció que no tomaría ninguna decisión hasta que los tribunales europeos resolvieran los posibles recursos y medidas cautelares que planteara la defensa del expresident. Esa posible reactivación de las órdenes de extradición por parte del Supremo, según fuentes del caso, sigue a la espera después de la derrota sin paliativos de Puigdemont en esa fase del proceso.

El contexto legal y judicial ha cambiado mucho desde que arrancó la causa del procés. Las primeras peticiones de entrega de la causa principal se cursaron por un delito de rebelión impulsado por la Fiscalía que quedó descartado de plano en la sentencia del procés. Una reforma legal posterior eliminó el delito de sedición por el que se condenó a los acusados y obligó a modificar el andamiaje legal del caso: Carles Puigdemont, en la actualidad, está acusado solo de malversación de caudales públicos. Todos estos cambios han propiciado la vuelta de otros políticos catalanes que se fueron de España y nunca acudieron a la llamada del Supremo.

Ponsatí, Gabriel y Serret

El 11 de marzo de 2021 las cámaras se agolpaban en la calle Marqués de la Ensenada como en los grandes momentos de la causa del procés. Minutos antes había trascendido que, por primera vez en cuatro años, una de las integrantes destituidas e imputadas del Govern había regresado a España y se había presentado en el despacho de Pablo Llarena. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura, había decidido volver. Después de casi cuatro años en Bélgica, había obtenido un escaño en el Parlament de Catalunya y ya no se exponía a una pena de cárcel sino solo de inhabilitación.

La sentencia del procés no solo había descartado la rebelión. También había descartado que su departamento invirtiera ni un solo euro en el procés, por lo que la malversación quedaba descartada. En la actualidad, a la espera de pronunciamiento firme por parte del Supremo, Serret ha sido condenada a un año de inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Catalunya.

Fue la primera en volver de lo que el independentismo denomina “exilio” y los tribunales españoles califican de “fuga”. En julio de 2022 fue Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, la que acudió también voluntariamente al Supremo para entregarse tras cuatro años en Suiza. Su causa, en la que llegó a estar imputada por desobediencia en el Supremo, quedó archivada recientemente por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El goteo de retornos voluntarios culminó en marzo de 2023 con la vuelta a España de Clara Ponsatí. La exconsellera del Govern se convirtió en parte del núcleo duro del expresident en su huida de la causa del procés. Ponsatí optó por Escocia, donde los tribunales de Edimburgo rechazaron su entrega hasta que se mudó a Bélgica, donde ejerce como eurodiputada. Inicialmente procesada por rebelión y malversación, los dos delitos más graves de la nómina de acusaciones de Llarena, volvió a España y después de varios intentos, detenciones y puestas en libertad, compareció ante el juez. Acusada solo por desobediencia, se expone a la inhabilitación en un proceso que está a la espera de juicio en el Supremo.

Todas las causas relacionadas con el procés, tanto las que se tramitan en España como las que tienen un pie en el exterior, están ahora pendientes de un nuevo factor que puede ser determinante: la futura ley de amnistía. La respuesta de las autoridades de Suiza a la petición de Manuel García Castellón revela que la norma, cuyo primer borrador no salió adelante en el Congreso por la falta de apoyo del partido de Puigdemont, puede tener su incidencia también en el extranjero. El contenido de la ley, y saber si la acusación de terrorismo contra Puigdemont prospera, serán las dos claves que marquen el futuro de las ramificaciones internacionales del procés que desde hace siete años traen de cabeza a los jueces españoles.