El pacto entre PSC y ERC generó una brecha entre los partidos de Sumar en el verano. Hay asuntos que complican el consenso en la coalición de izquierdas y que requieren un esfuerzo constante de diálogo entre todas sus sensibilidades, como ocurrió en el pasado con el debate sobre prostitución. Tras las turbulencias de agosto, en las últimas semanas las formaciones que se mostraron más críticas con el concierto para Catalunya han rebajado el tono para evitar que las discrepancias alrededor de este asunto generen una imagen de desunión en la opinión pública.
Compromís y Chunta Aragonesista fueron las primeras formaciones que avisaron entonces que no votarían a favor de ninguna reforma en el Congreso que no incluyera también una mejor financiación para la Comunitat Valenciana y Aragón, respectivamente. Izquierda Unida mostró sus recelos en un comunicado de la ejecutiva en el que rechazaba el principio de ‘ordinalidad’ firmado, que establece que esa comunidad no pueda aportar al Estado más recursos de los que recibe de esa administración.
Y más tarde, incluso el portavoz económico de Movimiento Sumar y diputado del grupo plurinacional en el Congreso, Carlos Martín Urriza, mostró su malestar en una columna publicada en este diario, en la que advertía de que ese criterio de ordinalidad, trasladado a personas físicas, “significaría que los ricos tienen que ser los que más servicios públicos reciban, en tanto que son los que más aportan”.
La ejecutiva del partido de Yolanda Díaz no obstante aprobó, en contra de la opinión de su referente económico, una resolución que celebraba el acuerdo alcanzado en Catalunya para la investidura de Salvador Illa y ponía en valor la aportación de los comuns para “abrir una nueva etapa política centrada en las políticas sociales –con acceso a la vivienda y derechos sociales como eje fundamental– y verdes”.
El partido de Jéssica Albiach también hizo una defensa cerrada del acuerdo y Més per Mallorca, formación de corte soberanista en Baleares, se sumó a los catalanes en la defensa del concierto para Catalunya.
Los posicionamientos a favor y en contra mostraron una división en Sumar que ponía en peligro la futura aprobación en el Congreso de un acuerdo como el firmado entre PSC y ERC, por lo que en el grupo parlamentario acordaron establecer mecanismos de diálogo para ir trabajando una posición conjunta.
Con el paso de las semanas, y una vez reactivada la actividad en el Congreso, los partidos de Sumar, sobre todo los más críticos con el acuerdo o con una reforma que no incluya a sus territorios, han ido rebajando el tono de sus intervenciones. No quiere decir que las diferencias hayan desaparecido o que la coalición haya encontrado una postura de consenso.
Diferentes fuentes del grupo sí detallan que hay un acuerdo generalizado para tratar de centrarse no en las discrepancias sino en posturas sobre financiación autonómica en las que sí hay acuerdo. Un ejemplo es el de la condonación de deuda para todas las comunidades autónomas, un punto que había defendido por ejemplo Izquierda Unida, como reflejó en un documento aprobado por la colegiada federal.
“La propuesta de reforma [del sistema de financiación autonómica] de IU debe pasar necesariamente por las siguientes fases: 1. Un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado. 2. Una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa. 3. Garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”, rezaba el documento.
En una de las primeras ruedas de prensa en el Congreso tras el parón veraniego, el tono de Compromís, por ejemplo, era más suave. “El acuerdo que el Gobierno firmó hace un año con Compromís se tiene que cumplir y no es incompatible con cumplir el acuerdo del Gobierno con ERC”, dijo su portavoz, Àgueda Micó.
En paralelo a la actividad del grupo parlamentario, los partidos de Sumar han ido trabajando en verano en un documento para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE. Ese texto aborda en parte la financiación autonómica con una propuesta sobre la reestructuración de la deuda de las comunidades.
El acuerdo prevé que la Airef haga un estudio detallado de los déficits de financiación de las autonomías. “Una vez calculados estos déficits, el gobierno activará los correspondientes mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas”, dice la propuesta.
Compromís está muy satisfecho con esta redacción, que afirma que es calcada a la que ellos mismos presentaron dentro de la Ley de Tracte Just en Les Corts Valencianes, que a su vez recoge las reivindicaciones de la Plataforma pero un Finançament Just y de los agentes sociales.
Esa búsqueda de consenso se ha intentado también dentro del grupo, como se vio la semana pasada en la defensa de la posición sobre una iniciativa en el Pleno al respecto, en la que intervino precisamente Micó y no una formación más proclive al concierto en Catalunya en los términos firmados en agosto.
Las discrepancias sobre financiación siguen existiendo pero el asunto se ha abordado en las diferentes reuniones de grupo de manera más o menos somera. Según diferentes fuentes, no se ha trabajado específicamente la posición del espacio plurinacional en este asunto, entre otras cosas porque todavía falta tiempo para que este debate aterrice de lleno en el Congreso a través de una iniciativa concreta. Movimiento Sumar mientras ha creado un grupo de trabajo específico sobre el asunto que por el momento no ha entregado sus conclusiones al resto de partidos de la coalición.