Sumar redobla su presión a su socio de Gobierno para que tome medidas para bajar los alquileres. Lo hizo en septiembre con un paquete de propuestas para la negociación de los Presupuestos y ha continuado en las semanas sucesivas con reiteradas críticas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por las declaraciones en las que pedía “solidaridad” a los caseros. La semana que viene facilitará su comparecencia en el Congreso, apenas unos días después de la manifestación que recorrerá varias ciudades de España sobre este asunto y a la que acudirán precisamente dirigentes de la formación de Yolanda Díaz.
La vicepresidenta segunda lleva tiempo advirtiendo de que todas las medidas del Gobierno para mejorar la protección social de los ciudadanos, como el incremento del salario mínimo o los escudos sociales, no tienen ningún efecto ante una subida como la que están experimentando los alquileres en los últimos años. Pero desde la vuelta del parón veraniego Sumar ha colocado la cuestión de la vivienda como uno de los ejes principales por este asunto, que se dispara como principal preocupación de los españoles, según las encuestas.
Los alquileres se han disparado en todo el país. El fenómeno excede a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Según los datos analizados por elDiario.es, entre 2015 y 2022, los alquileres han escalado de media un 30% en cada una de las calles y barrios de las áreas metropolitanas españolas. En la costa mediterránea, en lugares como Baleares, Valencia o Málaga, los alquileres suben por encima de la media, hasta el 40%. La inflación de la vivienda también afecta a la compraventa de pisos.
Esta situación ha provocado que los sindicatos de inquilinos y el movimiento por el derecho a la vivienda hayan convocado una manifestación en Madrid y otras ciudades de España este mismo domingo bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Una movilización en la que participarán dirigentes de Movimiento Sumar como Lara Hernández o Elizabeth Duval, aunque no estará a priori ninguno de los ministros de la coalición.
Algunos dirigentes irán a la manifestación aunque sus organizadores responsabilizan al Gobierno de la situación actual. “No podemos dejar la solución en manos de quienes llevan años sin poner freno a un sistema parasitario que nos expulsa de nuestras casas”, dice el manifiesto con el que han llamado a la ciudadanía a salir a la calle. En la coalición sostienen que no llevarán carteles partidarios y que irán a título personal. “Los partidos no debemos asfixiar las movilizaciones populares”, sostiene una fuente de Sumar.
“A nosotros no nos basta con gobernar ni contener los daños”, le dijo a Pedro Sánchez este miércoles el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, consciente de esa percepción contra la inacción del Gobierno en parte de la ciudadanía. En una comparecencia del jefe del Ejecutivo sobre inmigración, el diputado aprovechó para recordarle sus diferencias en materia de vivienda, que son más importantes, dijo, que las que tienen con la derecha en este asunto.
En esa intervención, Errejón pidió al Ministerio de Vivienda que deje de dar “bandazos” y encuentre un “rumbo” a favor del derecho a la vivienda. En las últimas semanas, Sumar ha repetido las críticas contra Rodríguez. Especialmente en las que apeló a la “solidaridad” de los caseros para que bajen el precio del alquiler. “Igual que la jornada de ocho horas no fue por la benevolencia de los patrones, igual que el SMI no fue un regalo de la patronal, no va a ser la solidaridad de los caseros la que baje los precios sino la fuerza de los inquilinos, el PSOE no debe equivocarse”, le contestó el portavoz de la coalición este miércoles desde la tribuna.
Algunos partidos de la coalición fueron más lejos en sus críticas. “Dos palabras: dimisión o cese”, dijo la dirigente de IU Amanda Meyer. La portavoz de los comuns en el Congreso, Aina Vidal, calificó las palabras de la ministra como “un insulto a la inteligencia”.
Precisamente la semana que viene la Junta de Portavoces del Congreso debatirá una propuesta para llamar a Rodríguez a que comparezca en el Pleno. La iniciativa fue registrada hace varias semanas por ERC, EH Bildu y Podemos. Sumar no se opondrá en la Junta para que salga con lo que es probable que a finales de noviembre haya un debate monográfico sobre vivienda con la ministra en el Congreso.
Las medidas de Sumar en vivienda
Sumar ha elaborado una lista de prioridades, que incluyó en la negociación para las cuentas públicas, para complementar la ley de vivienda que el Congreso aprobó la legislatura pasada pero cuyo grueso está delegado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Esa ley que solo se aplica en Catalunya, impulsada por el anterior ejecutivo liderado por ERC, permite declarar zonas tensionadas en aquellas ciudades en los que los precios se hayan incrementado extraordinariamente en los últimos años para establecer en ellas topes a los precios del alquiler.
Pero con la mayoría de gobiernos en manos del PP, ese texto apenas tiene efecto. Por eso Sumar propuso al PSOE “condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades” a que apliquen esa ley. Es una medida que pocas semanas después la propia Rodríguez llegó a valorar como una opción aunque luego cambió de idea y en la reunión con los consejeros ofreció, en lugar de penalizaciones, premios a los gobiernos que apliquen la regulación.
En ese documento la coalición también incluyó una medida que no ha gustado tanto al PSOE: prohibir la compra de vivienda para especular. Aunque el detalle es menos ambicioso: se trata de una prohibición temporal para la compra, en zonas tensionadas, si esa vivienda va destinada a usos diferentes a la vivienda habitual y al alquiler asequible. “La actual situación de emergencia que vive nuestro país la compra de vivienda no puede tener un fin especulativo”, reza el texto.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, apenas días después de conocer la medida la tachó como una “propuesta extrema”. También piden incrementar el parque público de vivienda. Por ejemplo, a través de la construcción durante la legislatura de “500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente”.
Donde parecía haber un acercamiento es en una de las medidas que según los sindicatos de inquilinos han supuesto un verdadero agujero para la ley de vivienda aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: regular los alquileres de temporada. Hace unas semanas, PP, Junts y Vox tumbaron con su voto en contra una iniciativa legislativa para limitar ese tipo de contratos, que los caseros están usando para evitar el control de precios de la ley estatal. En aquel momento, aunque sin mucho entusiasmo, el PSOE se mostró a favor de tramitar esa proposición de ley.
Los grupos tendrán una nueva oportunidad para posicionarse en ese tema porque ERC anunció este miércoles en el Congreso que registrará de nuevo ese texto.