Sumar quiere que el plan de regeneración democrática del Gobierno vaya mucho más allá de la limitación de la publicidad institucional o la modificación del derecho a la rectificación en los medios anunciados por Pedro Sánchez a principios de mes. El grupo tratará de incluir en dicha iniciativa medidas que afecten a los medios de comunicación, pero también otras modificaciones legislativas que permitan la “democratización de la justicia” así como un avance en la libertad de expresión. Así se lo planteará al PSOE dentro y fuera del Gobierno, incluso después de que este miércoles el propio Sánchez exponga “las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia” durante un Pleno extraordinario en el Congreso.
La derogación de la ley mordaza, un compromiso de Sánchez con sus socios de investidura –que, según aseguraba este mismo martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha sido pactada con Sánchez–, la eliminación de las injurias a la corona y otras instituciones del Estado así como la creación de un consejo de medios independiente son solo algunas de esas iniciativas en las que trabaja el equipo de Sumar y a las que ha tenido acceso elDiario.es. El partido minoritario del Gobierno contempla tres grandes grupos de propuestas: el que llama de “democratización de la información”, uno que contempla la “democratización de la justicia y medidas contra el 'lawfare' y un último que recoge la ”derogación de las leyes mordaza en defensa de la libertad de expresión“.
Algunas de ellas ya han sido verbalizadas por los dirigentes de Sumar en los últimos meses, después de que el pasado 29 de abril Sánchez anunciara su pretensión de avanzar en esa “regeneración” a raíz de la “reflexión” que realizó durante cinco días en los que mantuvo en vilo al país al plantearse incluso dejar el cargo por los daños personales que le estaban causando las informaciones y bulos que se han difundido sobre su familia y, en concreto, sobre su pareja, Begoña Gómez.
“Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”, dijo entonces el jefe del Ejecutivo. Desde ese momento y, a la espera de la comparecencia del miércoles, Sánchez tan solo ha desvelado su pretensión de limitar la publicidad institucional y la financiación pública de los medios de comunicación, así como la modificación del derecho al honor o a la rectificación, tal y como explicó el pasado día 1 en una entrevista en la Cadena Ser.
Limitar los “oligopolios” mediáticos
Respecto a la prensa, Sumar se plantea la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales “que sea independiente del Gobierno y de los grupos mediáticos”. El objetivo de ese nuevo organismo sería “examinar los medios a imagen y semejanza de otros países europeos y de comunidades autónomas como Catalunya o Andalucía”. En los documentos con los que trabaja, el equipo del partido confederal sostiene que “España es una excepción en esta materia” y también estudia medidas para “limitar los oligopolios mediáticos” atendiendo a la recientemente aprobada legislación europea.
El plan de regeneración debe incluir también, siempre según Sumar, el impulso a una “ley de secreto profesional de los periodistas” como “garantía jurídica para la protección de fuentes”. Se trata de un aspecto que el partido considera “imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación”. Además, Sumar quiere que el Gobierno promueva “políticas contra la precariedad de los profesionales de la información” con el fin de proteger “la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos” e impulsando, además, “medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo”.
Otro de los pilares de las propuestas del grupo minoritario del Gobierno se centra en la lucha contra la desinformación y las 'fake news'. En sus documentos, el equipo de trabajo propone un “plan para fomentar la cultura mediática y digital para la ciudadanía que trabaje el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación”. También se plantea la promoción de guías de uso y campañas contra la difusión de noticias falsas en redes sociales.
Sumar incorpora en sus textos de trabajo una ley de publicidad institucional en términos similares a los propuestos por Sánchez, de forma que defina “qué es un medio de comunicación”. Esta ley, además, debe abordar, según el partido, “la transparencia en la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación”.
Más allá, Sumar busca una reforma de la Ley de Secretos Oficiales “para avanzar en la garantía de acceso a la información por parte del Estado”, un “plan de fomento para apoyar la gestión de los Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro”, adoptar “medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial” y crear una nueva comisión legislativa sobre medios de comunicación.
Reformas en el CGPJ y el Código Penal
En cuanto a las medidas referidas al sistema de Justicia, Sumar quiere que el plan de regeneración actualice “el sistema de acceso a las carreras jurídicas del Estado eliminando cualquier factor de discriminación económico y social en el acceso”. En sus documentos incorpora también la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “para evitar que en el futuro vuelva a producirse el habitual bloqueo de la derecha cuando no tiene mayoría para controlar su renovación”. El último bloqueo se prolongó más de cinco años en los que el PP no quiso cerrar un acuerdo con los socialistas, aunque finalmente el pacto llegó el 25 de junio y, en estos momentos, la renovación se encuentra tramitándose en el Congreso.
Sumar quiere además reformar las competencias del CGPJ, “equiparándolas a las de los países democráticos y ajustándolas al mandato constitucional y a la plurinacionalidad del Estado”, según apunta en los textos que se encuentran ahora mismo en negociación con el PSOE. Y plantea “incrementar la eficiencia del servicio público de Justicia dotando los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad moderna”, así como “medidas para acabar con la guerra jurídica y la utilización política de la justicia.
El equipo de trabajo de Sumar propone, al respecto, un nuevo modelo de investigación penal a cargo de la Fiscalía con la introducción del juez de garantías, la recuperación de la vía procesal de exigibilidad de responsabilidad civil a los jueces eliminada por el PP en 2015 y la ampliación de los supuestos de anormal funcionamiento de la administración de justicia “para incluir reparaciones públicas del prestigio y buen nombre de las personas afectadas por las ya habituales investigaciones judiciales que generan multitud de titulares pero nunca llegan a juicio ni condena”.
Como forma de poner fin a uno de los aspectos más cuestionados de la ley de Seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, Sumar contempla derogar el artículo que sanciona la toma de imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Y con el fin de proteger “la libertad de expresión” incorpora una profunda reforma de la ley del Código Penal para suprimir los delitos contra los sentimientos religiosos, derogar los delitos contra la Corona o acabar con todas las penas referidas a las injurias a distintas instituciones del Estado: el Gobierno, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las fuerzas armadas y los gobiernos autonómicos y los tribunales superiores de Justicia.
Sobre el derecho al honor
Con el fin de evitar casos en los que hay personas procesadas simplemente por denuncias, en algunos casos basadas en datos falsos, Sumar también busca que el plan de regeneración modifique la ley de defensa derecho al honor. El objetivo es que se incluya “una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”.
“Con cargo al Poder Judicial deberá publicarse un anuncio en prensa reparando el buen nombre y el honor de la persona, en el mismo medio que publicó la información que afectaba a su buen nombre, con la misma extensión y reiterada con la misma frecuencia en la que se emitieron diversas informaciones en su caso”, plantea Sumar.