Sumar quiere dejar su impronta en los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, ha preparado un documento con las aportaciones de los cinco Ministerios, los partidos que integran la coalición y el grupo parlamentario. Un punto de partida para la negociación con el Partido Socialista que incluye algunas medidas como una prohibición temporal de la compra de vivienda para especular, restringida a zonas tensionadas, una prestación universal para crianza de 200 euros y un impuesto especial para las grandes herencias.
En un texto de 35 páginas, negociado durante el verano en los diferentes niveles de la coalición, Sumar incluye propuestas con tres grandes pilares: las medidas para controlar el precio de la vivienda, una reforma fiscal con la implementación de nuevos impuestos y la ampliación de derechos sociales con una batería de ayudas. “Cuentas para caminar. Cuentas para transformar”, reza el nombre del texto que Sumar ha hecho público este lunes en un acto con presentado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y los ministros de la coalición, en una imagen pensada para mostrar unidad en el espacio político.
“Hay una herramienta, una propuesta de país y una propuesta presupuestaria. España no puede ni debe estar a la defensiva. El pueblo de la coalición nos quiere transformando. España quiere más, los los trabajadores y las trabajadoras, la juventud, las personas, LGTBI quieren más”, ha defendido Díaz en el discurso en el que ha presentado el documento.
Vivienda
Los problemas de acceso a la vivienda centran algunas de las medidas más reseñables del documento. Entre las más destacadas, Sumar propone “prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible”. Es lo que resumen en un eslogan: prohibir la compra de vivienda para especular. “La actual situación de emergencia que vive nuestro país la compra de vivienda no puede tener un fin especulativo”, reza el texto.
A pesar de que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó una ley de vivienda durante la legislatura pasada, sus efectos apenas se notan en la sociedad puesto que las competencias de esta materia están delegadas a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas desde el 28M por el PP. Es por eso que Sumar propone ahora medidas para combatir lo que tildan de “inacción”. “Si no van destinadas al uso lo vamos a prohibir en las zonas tensionadas con carácter temporal”, ha dicho Díaz.
“Se propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a la aplicación por estas de los instrumentos de la ley de vivienda para limitar los precios de alquiler”, expone el texto que Sumar llevará a la negociación en el seno del Gobierno. Junto a esta medida, la coalición reclama establecer el contrato indefinido “como contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales”.
También piden incrementar el parque público de vivienda. Por ejemplo, a través de la construcción durante la legislatura de “500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente”.
Reforma fiscal
“Para modernizar España tenemos una gran reforma pendiente, la reforma fiscal. Tenemos una fiscalidad que es del siglo XX. Que es opaca al género. Prima a los de arriba, hay una exclusión de rentas por arriba”, ha defendido la ministra de Trabajo durante la presentación. “No va de usar un verbo, el verbo subir. Va de utilizar un sujeto, quién tiene que pagar los impuestos”, ha dicho.
Una de las medidas para comenzar esa reforma pasa por la creación de un impuesto nuevo. “Las herencias que suponen más de un millón de euros deben aportar más”, ha anunciado al contraponer sus políticas con las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que, ha dicho, “hace regalos a los ricos para que después Juan Pueblo pague los servicios”. El documento argumenta que esta medida busca “evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. “Se sugiere la creación de un Impuesto a las Grandes Herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones. Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido”, expone.
Como la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado no permite introducir nuevos tributos o modificar el IRPF, Sumar propone al PSOE que el acuerdo para las cuentas públicas vaya acompañado de un compromiso para aprobar ese nuevo impuesto a través de una nueva proposición de ley en el plazo de seis meses.
La coalición también propone reforzar el impuesto de sociedades, hacer permanente el impuesto a la banca y a las grandes eléctricas y reforzar el impuesto a las grandes fortunas. “Modificar este tributo directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para que grave el patrimonio neto de las personas físicas que supere 1.000.000 euros -sin perjuicio del mínimo exento de 700.000 euros, inicialmente aplicable solo a los sujetos pasivos por obligación personal en vez de 3.000.000 de euros como actualmente figura”, proponen.
Prestación por crianza
“La primera tarea que tenemos se llama desigualdad, reducir la desigualdad en España”, ha enunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno para introducir las medidas en el bloque sobre derechos sociales, en el que ha tenido una participación especial el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Para ello, retoman una negociación ya abierta con el PSOE para remunerar las primeras cuatro semanas del permiso de ocho, ya en vigor, para la crianza. Un acuerdo que busca cumplir con la directiva europea 2019/1158. “Hay que establecer de manera urgente los permisos retribuidos para los cuidados hasta los 8 años con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a de permiso parental de cuidados para cumplir de forma inmediata con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo”, dice el texto.
También proponen extender el permiso por nacimiento a las 20 semanas y la creación de una nueva ayuda, una prestación universal por crianza. “Con el objetivo de luchar por la erradicación de la pobreza infantil es imprescindible reforzar la prestación por crianza en estos presupuestos. Se propone crear una prestación familiar por crianza con un importe de 200 euros mensuales para el periodo de edad entre los 0 a los 18 años, implantado de forma progresiva”, plantean.