Una vez atada la ley de amnistía el Gobierno tiene ahora marcadas en el calendario de negociaciones el acuerdo de Presupuestos. Pero antes de aterrizar en la mesa de los grupos parlamentarios, las cuentas públicas deben contar con el visto bueno de Sumar, que este lunes ha elevado la presión sobre su socio. Para que lleve su firma, aseguran, el PSOE debe acceder a una serie de peticiones, como hacer permanente el impuesto a la banca y a las energéticas o regular los alquileres turísticos, entre otras medidas.
“Habrá legislatura y habrá Presupuestos, pero también tengo que decirles que las negociaciones con el PSOE siguen siendo intensas y avanzan, pero seguimos muy lejos de tener un acuerdo”, dijo este lunes Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar. Se trata de un aviso a su socio de Gobierno para que ese acuerdo sea “ambicioso” y “responda a una agenda que amplíe derechos”. “Estos deben ser los Presupuestos de la dependencia y los cuidados y aún no están cerca de serlos”, sostienen fuentes de la coalición.
No es la primera vez que Sumar lanza este tipo de advertencias a su socio de gobierno desde que comenzara la legislatura. Pero después del acuerdo con ERC y Junts para encaminar la ley de amnistía, que saldrá aprobada en el Congreso previsiblemente este jueves, la negociación de los Presupuestos pasa a ser prioritaria.
Las cuentas públicas están prorrogadas de facto porque el plazo legal para presentarlas terminaba el pasado 31 de diciembre. Con el adelanto electoral y las negociaciones hasta para formar Gobierno, el Ejecutivo no pudo cumplir ese plazo. Ahora no hay una fecha límite pero lo ideal para que todas las medidas puedan entrar en vigor es que el proyecto quede aprobado cuanto antes.
Sumar reconoce que las negociaciones están siendo intensas, con algunos avances, pero con las posiciones todavía alejadas en algunas de las principales exigencias que Sumar reclama desde hace tiempo a su socio. Sobre todo en vivienda y en materia fiscal.
Alquileres turísticos y mejora del índice de precios
Uno de los elementos centrales en esta legislatura para Sumar es precisamente el que tiene que ver con la vivienda. La ley que aprobó el Congreso la legislatura pasada dejó sin cubrir algunos elementos que ahora el socio minoritario de la coalición quiere recuperar. Entre ellos, la regulación de los alquileres turísticos.
Sumar, explican fuentes de la coalición, ha propuesto al PSOE una serie de iniciativas. La primera, prohibir nuevos alojamientos de este tipo en grandes ciudades y también en zonas de turismo masivo como las Islas Canarias y Balears. No podrá haber más de dos alojamientos turísticos por edificio para evitar la competencia desleal con los hoteles, sujetos a una legislación mucho más estricta.
También van a pedir convertir las plataformas donde se anuncian estos alojamientos en sujetos pasivos del IVA ya que, según sostienen esas fuentes, la mayoría de alojamientos turísticos se escaquean de ese impuesto. Y, por último, reforzar la inspección. En Madrid, aseguran, “solo 287 de los 24.000 alojamientos de este tipo tienen licencia”. Además, quedaron fuera de la ley los alquileres de temporada, un “agujero” que según los sindicatos de inquilinos puede servir a los propietarios para sortear los límites de precios que contempla la legislación en vigor.
Son contratos de una duración menor a 12 meses o con fechas cerradas “de entrada y salida”. Así los propietarios pueden usar esa vía para colocar pisos en el mercado de alquiler sin las restricciones de la ley, lo que ha provocado precios hasta un 35% más caros. La propia norma de vivienda contempla la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre este tema, que se activó en diciembre y que solo se ha reunido una vez desde entonces.
Otro de los asuntos que Sumar está abordando en esta negociación presupuestaria es el de la mejora del índice de precios de referencia aprobado hace apenas unos días. Un rango de precios máximos y mínimos entre los que se deben mover los nuevos pisos que entren en el mercado de alquiler en aquellas zonas, esos sí, que el Gobierno autonómico o local declare como tensionadas.
Sumar vio con buenos ojos la publicación de ese índice de referencia pero pidió mejoras. Esas diferencias terminaron en un choque en una reunión del ramo entre representantes del ministerio de Vivienda y de Sumar. Lo que pide la coalición que lidera Yolanda Díaz es considerar la mediana de los precios como índice de referencia e incluir elementos “objetivables” en los datos de la vivienda y una mejor ponderación de esos elementos, trasladan fuentes de la coalición.
Sumar también va a pedir en materia de vivienda un aumento de la inversión en el parque público de viviendas para alquiler asequible hasta los 6.500 millones entre avales, inversión y viviendas de la Sareb.
Impuesto permanente a la banca y las energéticas
Sumar ha exhibido ya algunas diferencias con el PSOE en materia fiscal. Lo hizo durante la negociación del acuerdo de Gobierno y también en las reuniones que mantuvieron ambas fuerzas para el decreto anticrisis. Entonces, la parte socialista del Ejecutivo aceptó mantener el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas que se había incluido en los anteriores paquetes de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.
Pero el PSOE añadió una excepción que soliviantó a su socio de Gobierno: una bonificación para aquellas empresas que hagan inversiones “relacionadas con la transición verde”. Sumar quiere eliminar esa modificación y convertir esos dos impuestos, el de la banca y el de las eléctricas, en permanentes y que no estén sujetos a la aprobación de nuevos decretos que vencen cada seis meses.
“Somos conscientes del poder de las grandes empresas energéticas de nuestro país y de la capacidad que las más grandes tienen para presionar a quienes gobiernan”, sostienen fuentes de Sumar, que reconocen que el PSOE está bajo estas “presiones difíciles de sortear”. Pero en estos momentos de difícil situación para las familias, dicen, “no podemos permitir la rebaja de impuestos a quienes más beneficios tienen”.
La gran banca española cerró el año pasado con algo más de 26.000 millones de euros de beneficio, la mayor cifra de su historia, gracias al impacto de la subida de los tipos de interés. Las ganancias se dispararon un 27%.
Permisos a 20 semanas, inversión en dependencia y subida del IPREM
Sumar ya alcanzó un compromiso con el PSOE para aumentar a 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad y así quedó reflejado en la Ley de Familias que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy hace unas semanas, un texto que recupera prácticamente la totalidad del que trabajó en la legislatura pasada el departamento que dirigía la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
“Estos deben ser los Presupuestos que por fin y como vienen demandando de forma inequívoca las familias de nuestro país apuesten por la subida de los permisos por nacimiento para mujeres y hombres a 20 semanas, entre otras medidas de vital relevancia para lograr la corresponsabilidad del Estado con las familias”, dijo este lunes Urtasun.
La coalición de Yolanda Díaz también quiere aumentar la inversión en dependencia por parte de la Administración General del Estado hasta llegar al 50%, “que es lo que marca la legislación”, según Urtasun. El portavoz de Sumar avanzó por otro lado que pedirán una subida del IPREM, el umbral de renta que marca los beneficiarios de muchas de las ayudas estatales y autonómicas, al 3%, en línea con el escenario previsto para la inflación de este año, dijo.
“Seguimos muy lejos de tener un acuerdo”, dijo Urtasun, que advirtió que para cerrar el acuerdo van a exigir que estén muchas de estas cuestiones. “No puede ser una legislatura de gestión, tiene que ser una legislatura de transformación”, reclamó.