Sumar y PP intercambian apoyos en el Congreso: una ley sobre hipotecas abusivas por otra de operaciones militares

Acuerdo inusual en el Congreso. Sumar ha facilitado este martes con su abstención la tramitación de una iniciativa del PP para aumentar el control parlamentario al envío de armas y las operaciones militares en el extranjero. Con ese movimiento, que ha roto la unidad de voto en el Gobierno, ha conseguido atar el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo a la toma en consideración de una ley propia que busca prohibir los desahucios derivados de hipotecas con cláusulas abusivas. El voto del PP no ha sido finalmente necesario pues la ley ha reunido los apoyos del bloque de investidura.

Sumar trataba este martes de conseguir una importante victoria con una ley para frenar los desahucios provocados por impagos de hipotecas que incluyesen cláusulas abusivas. Para asegurarse los votos, ha tratado de acercar al PP al texto, aunque la iniciativa ha obtenido prácticamente la unanimidad. 314 apoyos y los únicos votos en contra de Vox. Mientras tanto, el PP ha conseguido 174 apoyos y 30 abstenciones para sacar adelante su texto, entre ellas las del grupo plurinacional. A los 'síes' de la extrema derecha, el partido de Feijóo ha sumado los de Podemos, cuyos votos han decantado la iniciativa.

“Hoy ha sido un buen día”, ha celebrado el portavoz del grupo plurinacional, Íñigo Errejón, que pese a lo que trasladaban fuentes del grupo durante el día ha rechazado que se trate de un intercambio. “No es una cosa por otra, ambas son buenas”, ha defendido. Durante la jornada, sin embargo, en Sumar aseguraban que había una negociación combinada y que los apoyos eran vasos comunicantes.

Aumentar el control del Congreso a las operaciones militares

El texto del PP busca incrementar el control que tiene el Congreso sobre las operaciones militares de las tropas españolas en conflictos internacionales. Para ello, modifica algunos artículos de la Ley de Defensa Nacional, de 2005. Aunque la medida tiene muchos matices. Establece por ejemplo la autorización de la Cámara Baja para “ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”. “La autorización tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el día que se aprobó por el Congreso de los Diputados”, añade la proposición. 

El texto también incorpora una comparecencia del Gobierno en la Comisión de Defensa antes de que terminen los cinco años de autorización para establecer si procede una prórroga o no de la misión. 

Y también establece controles para el envío de material militar a zona de guerra. “Con carácter previo, el Gobierno deberá solicitar la autorización al Pleno del Congreso de los Diputados, dicha autorización será con carácter anual. Las renovaciones de ese acuerdo podrán solicitarse en la comisión parlamentaria correspondiente”, establece el texto, que incluye también una comparecencia anual del ministro de Defensa en la comisión del ramo en el Congreso “de forma exclusiva y monográfica, al objeto de informar de la evolución de las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara”. 

“¿Quién puede estar en contra de que se hable, que se debata o que se autorice en este Parlamento cuestiones ya reflejadas en la ley? ¿Creen ustedes que la prórroga se debe producir exclusivamente en el seno del Consejo de Ministros como pasa en la actualidad y privar al Parlamento de esta potestad?”, ha defendido el diputado del PP Alberto Fabra. 

La iniciativa ha salido adelante gracias al movimiento de Sumar, que con la abstención de sus 27 diputados ha dejado al PP una mayoría holgada. 

El grupo plurinacional ya reconocía este martes en rueda de prensa que estudiaban la proposición y que a priori no les sonaba mal, tal y como ha explicado el portavoz, Íñigo Errejón, en rueda de prensa. En la tribuna, durante el debate parlamentario, el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores de Sumar, Agustín Santos Maraver, ha combinado un tono duro contra el PP por su falta de “credibilidad” al presentar una propuesta así con el anuncio de algunas enmiendas para mejorar el texto. “El artículo 17 ya establece que el Gobierno tiene que ir al Congreso y cumplir los límites. El Gobierno hace todo tipo de piruetas para cumplirlo. ¿Se resuelve ese problema con un plazo de cinco años que supone saltar de una legislatura a otra?”, ha criticado el diputado y diplomático de carrera. 

“¿Por qué el Consejo de Seguridad de la ONU revisa los mandatos de misiones anualmente? ¿Por qué no sería más sencillo una enmienda que diga que el Gobierno tiene que ir a la Comisión de Defensa para explicar cómo están las misiones de paz y que la sesión no solo será informativa sino que se podrá producir una votación para poder mantener, retirar o condicionar esa misión”, ha propuesto. 

Todo ello, para cerrar con más críticas al partido de Alberto Núñez Feijóo. “Es muy difícil para el PP convencernos después de la guerra de Irak de que lo que pretenden es más democracia y más transparencia. Cojamos la enmienda anual y veamos cómo no existen estos problemas”, ha dicho.

Algunos grupos durante el debate han acusado precisamente al PP de intentar dividir el bloque progresista en el Congreso con una iniciativa de este tipo. “Solo le piden al parlamento que cuente y sea protagonista cuando ustedes están en la oposición. Es una táctica  oportunista”, ha criticado el diputado de ERC Álvaro Vidal, para reprochar al PP su falta de “autoridad” en esta materia. 

“Están buscando explotar las contradicciones del bloque progresista”, ha reprochado también el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna. Su partido, no obstante, ha abrazado ese intento y ha terminado apoyando la iniciativa este martes. “Si la presentan es la torpeza del PSOE. Ni siquiera ha permitido que se debata en el Congreso nuestra participación en la guerra de Ucrania”, ha criticado. 

“Nosotros le vamos a plantear cuando vaya a trámite una serie de enmiendas para que las misiones de los militares no sean votadas cada cinco años sino en dos. Sobre todo para que España no pueda enviar material militar a países que están cometiendo genocidios”, ha explicado a continuación. 

El PNV ha rechazado apoyar la iniciativa entre críticas a la técnica parlamentaria usada por el PP, que ya había aprobado esta misma ley en el Senado y se encuentra a la espera de que el Congreso active las reuniones de la ponencia para discutirla. “Se nos propone tomar en consideración una iniciativa que ya se encuentra en trámite. Votaremos en contra. Sería absurdo tomarla en consideración con su melliza”, ha dicho el diputado jeltzale Mikel Legarda. 

Críticas parecidas ha enviado el portavoz del PSOE José Antonio Rodríguez Salas. “No se entiende por qué vuelven a presentarla una vez más. Es una falta de consideración al proceso legislativo”, ha censurado. 

Acabar con los abusos de los bancos

La proposición de ley de Sumar, mientras tanto, busca regular las denominadas cláusulas Redito Ad libitum (REDAL) en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios. “Pretende que ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas abusivas sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco”, ha explicado el diputado de los comuns, integrado en el grupo plurinacional, Fèlix Alonso. 

El texto propone alternativas a las familias para que puedan seguir en la vivienda hasta el último recibo de la hipoteca siempre que pague los intereses y amortice “un mínimo de un euro al mes”. En ese momento, ha explicado Alonso, tendrá tres opciones: “Vender la casa. Devolverla al banco con derecho a tanteo y retracto por parte de la administración para ampliar el parque público. O pagar el total del préstamo restante”. “Es un win win. Todos ganan. La familia no pierde su casa y el banco ingresa más intereses”, ha apuntado. 

La iniciativa abre además la puerta a los afectados por este tipo de cláusulas a renegociar sus contratos con el banco. “Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación específico, que tendrá carácter voluntario para el consumidor, y cuyo objeto será atender a las peticiones que estos formulen en el ámbito de esta ley”, sostiene el texto. 

“La casi totalidad de las hipotecas variables firmadas antes de 2011 contiene errores. En el 2003 ya fueron alertados por el Banco de España. En sucesivas consultas el regulador ha confirmado que esos contratos deben ser renegociados de forma consensuada por la familia y la entidad, nunca unilateralmente”, ha recordado Alonso en su defensa de la ley. 

Esas cláusulas consisten en muchos casos en deudas aparentemente asequibles en un primer momento pero que van creciendo con el paso del tiempo hasta volverse inasequibles para muchas familias.

La proposición, según fuentes del grupo parlamentario, “subsana los problemas de falta de información de los contratos anteriores a 2011”, en muchos casos derivados de la mala praxis de los bancos, algo que ratifican numerosas sentencias judiciales. Por otro lado, “alivia el enorme coste para las familias atrapadas en estos contratos, que asumieron miles de euros de intereses con los cuales no contaban”. “Esta ley ayudará a proteger todavía más a los consumidores, a aquellas personas que ahora quedaban desprotegidas a causa de una cláusula Redal o a una mala praxis de los bancos”, añaden, al tiempo que establece que las “fórmulas de cálculo y los errores matemáticos tendrán que ser públicos, accesibles y actualizados”.