Yolanda Díaz ha reavivado un recurrente debate parlamentario sobre si se debe permitir que los diputados utilicen el catalán, el euskera o el gallego en los plenos del Congreso de los Diputados. La propuesta de la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar para que el hemiciclo se abra a las lenguas cooficiales ha sido acogida de forma muy positiva por fuerzas de izquierdas y nacionalistas que llevan planteando esa medida desde hace varios lustros. La puesta en marcha de un Congreso plurilingüe puede suponer un guiño a esas fuerzas que Pedro Sánchez necesita para volver a ser investido presidente del Gobierno.
Desde 2005, euskera, catalán y gallego se pueden utilizar en algunas intervenciones –en las mociones y escritos– del Senado, la considerada como la cámara de representación territorial. Pero en distintas votaciones en los últimos 18 años el rechazo de PP y PSOE ha frustrado todas las propuestas de reforma del reglamento del Congreso para que en los plenos se puedan utilizar todas las lenguas oficiales reconocidas por la Constitución, además del castellano.
Los populares ya han dicho que, en caso de que se vuelva a llevar al Parlamento, su voto volverá a ser negativo. Desde el PSOE, en cambio, evitan por el momento aclarar si mantendrán su tradicional 'no', conscientes de la importancia que puede tener la propuesta de cara a la negociación de la gobernabilidad con ERC, PNV, EH Bildu y Junts, partidos cuyos votos son imprescindibles para la formación de un nuevo Gobierno de izquierdas.
“Las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica”, aseguró este jueves la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, evitando aclarar si los socialistas apoyan la propuesta planteada por Sumar, su potencial socio en el nuevo Ejecutivo. “La lengua es algo que nos une a través del diálogo, de la palabra, y por tanto aquí siempre nos encontrarán a los socialistas en la defensa del uso de todas las lenguas oficiales”, agregó, sin dar más detalles.
Tras ser repreguntada por la prensa, Rodríguez siguió sin ser clara, aunque dejó la puerta abierta a que el PSOE se replantee su posición de los últimos años: “Nuestra democracia es una democracia viva y el desarrollo de la Constitución también y, por tanto, desde aquí expresar mi máximo respeto por todas las lenguas oficiales de España, que han de protegerse, ampararse y cuidarse”. Fuentes de la dirección de los socialistas han explicado a elDiario.es que, en todo caso, el debate sobre la medida se producirá una vez se constituyan las nuevas Cortes, el próximo día 17.
Qué dice el reglamento del Congreso sobre las lenguas
El reglamento del Congreso no prohíbe expresamente la utilización de euskera, catalán o gallego en los plenos del Congreso. Pero, en la práctica, su uso ha sido vetado por los distintos presidentes de la Cámara Baja cuando ha habido diputados que las han empleado desde el atril como lengua principal. Es decir, sí se permiten citas o frases breves en esos idiomas cooficiales, pero no toda una intervención.
Desde hace 18 años, la izquierda y el nacionalismo catalán o vasco han intentado en varias ocasiones revertir ese veto. En 2006, los distintos grupos parlamentarios del Congreso intentaron una reforma en profundidad del reglamento que finalmente no se produjo precisamente porque no se logró consensuar la regulación del uso de los idiomas cooficiales. Y, cada vez que el asunto se ha debatido en Pleno, la posibilidad de ampliar las opciones lingüísticas de los diputados ha chocado con el rechazo de los dos grupos más grandes: PP y PSOE. En el escenario actual, una clave que puede modificar ese 'no' habitual de los socialistas es que la propuesta es una exigencia para algunos de los partidos que necesita la izquierda para poder reeditar el Gobierno.
“Cuando le hablen de la reforma del reglamento del Congreso para que se pueda hablar en catalán debe tener en cuenta dos cosas: la primera, que en el reglamento no se dice que exista la obligación de utilizar el castellano, o la prohibición de utilizar otra lengua oficial. Por tanto, la voluntad política de la presidencia es suficiente. Y voluntad hasta ahora nunca ha habido. La segunda, que el proceso de reforma suele ser una estrategia para hacer perder el tiempo simulando que intentas arreglar un problema que en realidad a ti te importa un bledo”, denunciaba este mismo jueves el expresident Carles Puigdemont, de Junts, una de las fuerzas cuyo apoyo es imprescindible para una nueva investidura de Pedro Sánchez.
El miércoles, Yolanda Díaz trató de desvincular su propuesta con las demandas de los nacionalistas. Pero sí dijo que sería “importante”, de cara a la constitución del Congreso el próximo 17 de agosto, que quien quisiera pudiera “expresarse” en las lenguas cooficiales. “La nueva legislatura debe empezar a andar garantizando que las lenguas oficiales puedan usarse también en el Congreso, protegiendo y dando visibilidad a la pluralidad lingüística de nuestro país”, señaló en TVE. “Es un modelo que tiene encaje constitucional. La diversidad es mayor riqueza para nuestro país, sería muy positivo”, subrayó.
El PP habla de “cortina de humo”
Este jueves el PP ya dejó claro que no va a moverse del 'no'. “No es una demanda real de los españoles”, aseguró el vicesecretario de Organización de los populares, Miguel Tellado, en una entrevista en RNE. En su opinión, Díaz pretende fomentar un “debate estéril” a través de una “cortina de humo” para no hablar “de los problemas internos de su partido”.
La última vez que la propuesta se llevó a Pleno, en junio de 2022, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos ni siquiera permitieron su toma en consideración. Fue una proposición de reforma del reglamento de la Cámara Baja registrada por tres grupos parlamentarios. Y la iniciativa fue defendida por Unidas Podemos y todos los partidos nacionalistas e independentistas, que, durante el debate, hablaron en catalán, euskera y gallego para provocar que la presidencia les retirara la palabra, que fue precisamente lo que sucedió.
En ese momento, ERC, PNV, EH Bildu, En Comú Podem, Junts, PdeCat, CUP, BNG y Compromís firmaron una declaración conjunta denunciando que el Congreso es “un claro exponente” de la “situación de privilegio para el castellano” en el Estado. “No está ni establecido en el reglamento, pero la Presidencia se apoya en los usos y costumbres para negar la expresión en cualquier otra lengua, a diferencia de otros parlamentos en los cuales se refleja el plurilingüismo como son el de Suiza o los de Bélgica o Canadá, países estos últimos en los cuales históricamente también se ha impuesto una lengua sobre otra”, remarcaron.
El ejemplo del Parlamento Europeo: 24 lenguas oficiales
Uno de los ejemplos más cercanos es el del Parlamento Europeo, donde se hablan 24 lenguas. Los documentos parlamentarios se publican en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) y los diputados tienen derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección. Así se garantiza que todos tengan acceso a los trabajos de la Eurocámara.
“El Parlamento Europeo se distingue de las demás instituciones de la Unión Europea por su obligación de garantizar el mayor grado posible de multilingüismo”, explica la Eurocámara: “Cualquier ciudadano o ciudadana de la UE tiene derecho a presentarse a las elecciones al Parlamento. No sería razonable exigir a los diputados un perfecto dominio de una de las lenguas más utilizadas, como el francés o el inglés. El derecho de cada miembro a leer y redactar documentos parlamentarios, seguir los debates y hablar en su propia lengua se reconoce expresamente en el Reglamento del Parlamento”.
En tanto que colegislador, el Parlamento Europeo también tiene el deber de garantizar que la calidad lingüística de los actos legislativos que aprueba “sea irreprochable en todas las lenguas oficiales. La ciudadanía europea tiene derecho a seguir la labor del Parlamento, formular preguntas y obtener respuestas en su propia lengua, en virtud de la legislación europea”, explica la Eurocámara.
Las 24 lenguas oficiales permiten un total de 552 combinaciones posibles, dado que de cada lengua puede traducirse a otras 23. Para ello, el Parlamento Europeo tiene unos servicios de interpretación, traducción y verificación de actos legislativos. El servicio de traducción del Parlamento Europeo permite la comunicación escrita y electrónica multilingüe en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. La Dirección General de Traducción emplea a más de 600 personas que se dedican a la traducción, informa la Eurocámara.
El principal cometido de los intérpretes del Parlamento Europeo es transmitir en todas las lenguas oficiales y en tiempo real las intervenciones de los eurodiputados. En todas las reuniones multilingües organizadas por los órganos oficiales de la institución se dispone de servicios de interpretación. La Dirección General de Logística e Interpretación de Conferencias del Parlamento Europeo emplea a unos 270 intérpretes funcionarios y tiene a su disposición una bolsa de unos 1.500 intérpretes externos acreditados a los que recurre con gran regularidad.
La legislación aprobada por el Parlamento Europeo concierne a más de 447 millones de ciudadanos de 27 países y se publica en 24 lenguas oficiales, “por lo que debe ser inequívoca e idéntica en todas las lenguas”, recuerda la Eurocámara. El control de la calidad lingüística y jurídica de los textos es responsabilidad de los juristas lingüistas del Parlamento.
Durante todo el proceso legislativo, los juristas lingüistas del Parlamento garantizan el mayor nivel posible de calidad de los textos legislativos en todas las lenguas de la UE. “Para garantizar que la voluntad política del Parlamento se expresa en textos de alta calidad, los juristas lingüistas intervienen en todas las fases del procedimiento”, explica la Eurocámara: “Esta misión la desempeña un equipo de 75 juristas lingüistas”.