Perdido en un armario, como si hubiera caído de una prenda colgada en su interior, un guardia civil encontró en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez un pequeño lápiz de memoria que escondía el sistema de financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Un “puto pendrive”, como se refirió Francisco Correa a la prueba principal del caso Gürtel, volvía a comprometer el futuro de la formación. Tanto como para convertirse en uno de los hitos de la investigación que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) a acusar a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, de haber colaborado en esa financiación irregular a través de la adjudicación de contratos al donante del PP Arturo Fernández.
El hallazgo de ese 11 de febrero de 2017 fue el premio que buscan los investigadores en cualquier registro. Ahí arranca el itinerario de unas pesquisas documentadas en el sumario de Operación Púnica con un detalle que desmonta cualquier teoría que apunte a una conspiración contra Cristina Cifuentes y sus aspiraciones, incluida la que ella misma se ha encargado de alentar al asegurar que después de treinta años en política no cree en casualidades.
La cuenta atrás para la bomba que ha supuesto la publicación de los informes de la UCO echó a andar el 5 de mayo. Ese día, el juez Eloy Velasco notificó a las decenas de abogados personados en el caso Púnica, a través de una providencia, que levantaba el secreto parcial de la pieza separada que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Entre la providencia del magistrado y la recepción de los tomos por los abogados de las partes hubo otra notificación el 8 de mayo del secretario del juzgado detallando qué partes quedaban bajo secreto, principalmente documentación recabada de distintos organismos cuya divulgación podría dañar la marcha de la investigación.
Velasco sabía que iba a ser seleccionado para ascender a la nueva Sala de Apelaciones y antes de irse quería levantar el secreto de la pieza más relevante de Púnica e imponer una fianza a Granados, su principal acusado y en prisión incondicional desde octubre de 2014, según explican fuentes del caso. Había que escanear 5.496 folios que estuvieron finalmente listos para las partes en la mañana del día 16 de mayo. Al filo de las 14.30 algunos medios publicaron las primeras informaciones sobre la presidenta madrileña. A las 14.33, eldiario.es aludía a dos informes incluidos en los tomos 145 y 148 y titulaba: “La Guardia Civil implica a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP”.
Para llegar hasta aquí resulta conveniente remontarse al inicio de Púnica. El caso había nacido de la comunicación por parte de las autoridades suizas, a principios de 2014, de que Francisco Granados tenía una cuenta sospechosa en una sucursal bancaria del país. Con esa información, la Fiscalía Anticorrupción acudió a la Audiencia Nacional y el caso cayó en el Juzgado de Velasco. Arrancaba en secreto la causa Púnica. Hasta que saltó a los medios el 27 de octubre de 2014.
Esa mañana, agentes de la UCO se presentaron en el chalet que Granados tiene en Valdemoro, le enseñaron una orden judicial, lo detuvieron y registraron la vivienda. En el acta redactada por el funcionario del juzgado se dejó constancia del hallazgo de “una agenda de color negro con el anagrama Moleskine, foliado desde la 1 a 123”.
Junto a esa agenda encontraron otra similar de color morado y once dispositivos de almacenaje electrónico, entre discos duros externos, tabletas, lápices de memoria y ordenadores portátiles. Pero Granados había elegido la libreta negra para anotar a mano entradas y salidas de distintas cantidades de dinero (“in” y “out”) al lado de fechas y unas misteriosas siglas: “JLM”, “Me” y “BG”.
La confesión de Marjaliza
Hasta el verano de 2016, el juez Eloy Velasco y las dos fiscales del caso no pudieron contar con un traductor para esas siglas. Es por esas fechas cuando el empresario David Marjaliza, en prisión provisional desde su detención junto a Granados, cambia su rol de cabecilla de la red a colaborador de la justicia. Sus expectativas judiciales y el deseo de abandonar la prisión provisional empujaron al antiguo amigo del político a contar a los investigadores que “BG” era Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño de toda la vida, guardián de la caja fuerte del partido de Esperanza Aguirre.
La UCO comenzó entonces a comprobar la versión de Marjaliza. Beltrán Gutiérrez era gerente del Partido Popular con Granados de secretario general. Esperanza Aguirre se había visto obligada a cesarlo por el escándalo de las tarjetas ‘black’, pero Gutiérrez siguió a sueldo del partido. Granados y el exgerente también habían compartido responsabilidades en Fundescam, la fundación que financió de manera irregular el PP de Madrid, tal y como se destapó en el caso Gürtel.
Los agentes recuperaron las intervenciones telefónicas al antiguo hombre fuerte del PP madrileño y hallaron una en la que Granados hablaba con María Victoria Cristóbal Araújo, concejala de Majadahonda y cargo de confianza del exsecretario general.
Esa charla se produce el 8 de octubre de 2014 a las 18:15 horas. Granados llama a Cristóbal para hablar de la imputación Beltrán Gutiérrez en las ‘black’ y ella saca un tema que parece incomodar a Granados. “Porque le dije el otro día a Miriam: ‘como se vaya Beltrán, el gerente será Pedro Antonio, que es de confianza”, dice la mujer. Y añade: “Ya para cuadrar el círculo, así el dinero no pasa ni por la sede, va donde lo recojan a la casa del que sea”. Granados, incómodo, cambia de tema.
Con la declaración de Marjaliza y el resto de indicios recogidos, los agentes redactan un informe de 23 páginas solicitando una serie de entradas y registros y se lo entregan al juez el 9 de febrero de 2016. El objetivo es el domicilio y el despacho de Beltrán Gutiérrez. También piden entrar en el despacho de Javier López Madrid, consejero de OHL, y en el domicilio del exdiputado autonómico y antiguo delegado del Gobierno Pedro Núñez Morgades. La Fiscalía apoya las peticiones de la UCO y el juez Eloy Velasco autoriza todos los registros, excepto el de la vivienda de Núñez Morgades. El magistrado considera que basta con llamarlo a declarar.
Aparece el pendrive
Entre el 11 y el 12 de febrero de 2016 se produce la operación. La entrada en el despacho del PP madrileño, en una planta del edificio de Génova, hace saltar el caso a los medios: el juez investiga en una pieza secreta de Púnica la financiación irregular del PP de Madrid.
En la casa de Beltrán Gutiérrez, en el madrileño barrio de La Prosperidad, aparecen tres pendrive. Pero los investigadores confieren especial importancia al lápiz que recoge el guardia civil en el fondo del armario con la inscripción ‘Indra’. “Figura un archivo contable al cual se accede tras la apertura de las carpetas denominadas ‘Elecciones 2007-Proveedores’ que permitió acceder a una carpeta final denominada ‘Back revs’, en alusión a las siglas de una empresa, y en donde se localiza finalmente el citado archivo contable denominado 'Actos de Partido Popular de Madrid 2006-2007', que contabilizan actos del Partido Popular de Madrid, fundamentalmente referidos al año 2007 y Ia campaña electoral celebrada en ese mismo año”, escribe después la UCO en un informe incorporado al sumario.
Los agentes de la UCO no trabajan solos. Sus movimientos están supervisados por las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, y por el propio juez Eloy Velasco. Son los únicos que conocen los avances en las pesquisas. Como ejemplo, la detención de Granados. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, supo que su excompañero de partido iba a ser arrestado tan solo unas horas antes del arresto.
Los guardias siguen su trabajo. Se apoyan en otros investigadores, como los de la Agencia Tributaria. El 15 de marzo de 2016, el teniente instructor de las diligencias dirige un escrito al juzgado para que solicite al organismo dependiente de Hacienda abundante documentación de las empresas que han aparecido en la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez. Ese informe y el aval de las fiscales y el juez también se pueden encontrar en el sumario.
Por otra parte, el gerente Gutiérrez aparece como autorizado en “numerosas cuentas” del PP de Madrid y a la vez en otras de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Los agentes analizan la documentación y concluyen que la mayoría de gastos pagados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 “tendrían como finalidad la de abonar gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. En el auto de entrada y registro, Eloy Velasco ya asume la tesis de que la agenda de Granados apunta a que el PP habría recibido al menos 1,6 millones de procedencia irregular por la vía de Beltrán Gutiérrez.
Los contratos con Arturo Fernández
En este punto la investigación comienza a acercarse a Cristina Cifuentes. Entre las aportaciones encontradas por los investigadores figura “la más importante”, asociada a la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), por valor de 100.000 euros, seguidas de dos efectuadas de 60.000 euros cada una “dimanantes del empresario Arturo Fernández Álvarez, a través de la Fundación Cantoblanco y de una empresa.
Los investigadores centran sus pesquisas en Fernández y otros empresarios donantes y en los contratos que sus empresas hubieran obtenido de la Comunidad de Madrid después de las elecciones de 2007, la primera campaña financiada irregularmente según la documentación incautada a Gutiérrez.
Acreditado el vínculo de Fundescam, los agentes buscan en las administraciones controladas por políticos del PP que hubieran tenido cargos en la citada fundación. Aunque está secreta, la investigación no puede evitar dejar algunos rastros, como cuando los agentes se presentan en la Asamblea madrileña para recabar la documentación de esos contratos en la mañana del 27 de septiembre de 2016.
El 1 de marzo de 2017 entra en el juzgado de Velasco un documento, con el sello de la UCO, bajo el título ‘Informe policial relativo a las relaciones contractuales mantenida entre la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L y la Asamblea de Madrid’. Consta de 67 páginas y va firmado por un cabo 1º, el experto de la Unidad en contratos con la Administración, y un teniente del mismo grupo, instructor de las diligencias.
Los dos agentes citados rubrican el documento, pero es la Unidad Central Operativa, cuyo emblema aparece en la primera página, quien asume el informe en toda su extensión, desde el coronel que manda la unidad hasta el último guardia, explican en la UCO. Así fue el día que se entregó y así sigue ocurriendo después de los ataques de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de una parte de la derecha mediática, involucrada históricamente, y hasta pocos días antes la divulgación del informe, en una competición por vender las virtudes de la Guardia Civil, incluida su unidad de élite contra el crimen organizado.
En las conclusiones del informe, los agentes describen el proceso de adjudicación del servicio de cafetería a la empresa de Arturo Fernández y dedican el apartado quinto del punto 7 a una “valoración policial”: “Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podría ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”. A continuación señalan a cuatro personas, entre ellas a Cristina Cifuentes.
En ese mismo punto se aclara que los “elementos probatorios” que derivan en un delito de cohecho proceden de otro informe, que los propios agentes califican de “principal”, que figura en ese mismo tomo y en el que acreditan la financiación irregular del Partido Popular en tres campañas electorales. Ese es el objeto primero de la pieza y no la participación de Cristina Cifuentes.
Sin embargo, el juez Velasco comienza a difundir a través de varios medios, de un modo informal, su valoración del asunto que ha ocupado una parte de los principales titulares: la posible implicación de la presidenta madrileña. El magistrado asegura que no aprecia delito en su conducta. Después matiza que así es, al menos por ahora.
El juez y las fiscales se suman a la UCO
A los dos informes citados de la Guardia Civil hay que sumar un tercero, ampliatorio, sobre las declaraciones ante los agentes de los otros tres implicados en la concesión. Cifuentes no pudo ser interrogada por los guardias al estar aforada. Cinco días después del informe sobre Cantoblanco, las fiscales y el juez se pronunciaron en sendos escritos en el mismo sentido que la UCO.
Las fiscales escribieron que se han “identificado varias adjudicaciones en favor del Grupo de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia [del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde estaba Ignacio González] y de la Asamblea de Madrid en 2007, 2009 y 2011”. Velasco remató en un auto que se trata de “múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
Para cuando los medios habían escudriñado el sumario y encontrado esos informes de Fiscalía y el auto del juez, Cifuentes ya había salido a atacar el trabajo de la UCO, aferrada a las noticias sobre el posicionamiento del juez Velasco, difundido en “fuentes jurídicas”. El viernes se supo que la presidenta había ordenado a los servicios jurídicos de la Comunidad, pagados con dinero público, elaborar un contrainforme cuyas conclusiones se difundieron a los medios bajo el titular “No hay caso”.
El CGPJ había adoptado el miércoles la decisión, conocida de antemano, de nombrar a Velasco para la Sala de Apelaciones. El informe de la UCO sobre los indicios contra Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica trascendió a finales de mayo de 2016 y el juez no elevó exposición razonada al Tribunal Supremo de Justicia de Murcia hasta principios de abril, diez meses después. A ese ritmo, y teniendo en cuenta que a Velasco le quedan entre dos y seis semanas en el juzgado, será su sustituto quien deba valorar en un auto si se debe investigar a la presidenta de Madrid, como propone la UCO, o si no hay caso, como defiende la propia Cifuentes.