La Suprema Corte de Justicia dio un paso histórico en la protección de los derechos humanos en México al considerar inconstitucionales y “ampliamente discriminatorias” las leyes de los estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo hoy la ministra Olga Sánchez Cordero.
En una entrevista con Efe, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó que el alto tribunal ya emitió cinco criterios en el mismo sentido sobre el matrimonio homosexual, el mínimo requerido para sentar jurisprudencia en la materia.
En su opinión, el criterio más importante es el que establece que las “parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia”.
Así, “para todos los efectos relevantes las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es injustificada su exclusión del matrimonio”, afirmó.
Sánchez explicó que dicho reconocimiento les da acceso a derechos asociados al matrimonio tales como la seguridad social, beneficios fiscales, los derivados de la muerte de uno de los cónyuges, y para la toma de decisiones médicas o migratorios en el caso de extranjeros.
La razón por la cual las parejas homosexuales no han gozado de la misma protección que las heterosexuales “no es por un descuido del órgano legislativo, sino precisamente por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por una discriminación histórica”, destacó.
La exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio, expuso, “no tiene razón de ser en un Estado laico o que quiere ser un Estado laico realmente”, y no hay justificación “en razón de la dignidad de su persona, de su integridad y de un principio de igualdad y de no discriminación”.
Por ello, después de haber sido discriminadas históricamente estas personas por tener preferencias sexuales diferentes, a partir de ahora serán consideradas “ciudadanos de primera (clase), igual que todos”.
Con esta decisión se da “un paso importante” en la protección de los derechos humanos, dijo la ministra, quien también aludió al criterio que considera “inconstitucionales” las leyes de los estados que definen el matrimonio como “la unión entre hombre y mujer para procrear”.
“La procreación no es la última o única finalidad del matrimonio”, sostuvo.
La ministra detalló que otro de los criterios emitidos por la Suprema Corte señala que la libertad de los legisladores locales está “limitada por lo derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación que operan de una manera transversal”.
Lo que sigue es que los estados vayan haciendo las adecuaciones pertinentes para que sus normas no sean declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal, explicó.
En caso de que los estados mantengan una legislación que para la SCJN es “abiertamente inconstitucional”, las parejas homosexuales tendrán que promover un juicio de amparo para que tengan su protección y puedan contraer matrimonio en los términos señalados por la Corte.
La ministra dijo que si bien en algunos estados hay voluntad de avanzar, hay otros que continuarán siendo “muy renuentes”, en cuyo caso estimó que “tendrán que acatar la sentencia de la Corte tarde o temprano” para no estar en una situación de inconstitucionalidad permanente.
La Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde 1997, se convirtió en pionera en 2009 al aprobar en su Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, y apenas en septiembre de 2014 fue secundada por el norteño estado de Coahuila.
El experto Héctor Salinas recordó que desde la reforma en la capital mexicana, los grupos conservadores dijeron que blindarían sus estados para no dar paso al matrimonio homosexual, que calificaron de “un atentado a la familia y los valores tradicionales”.
La actuación del alto tribunal es muy relevante porque frena a los grupos conservadores que habían logrado imponerse en los Congresos de los estados y abre “un camino en el reconocimiento de todo tipo de familias a partir del matrimonio igualitario en todo el país”, aseveró Salinas a Efe.
El ombudsman nacional, Luis González, llamó a los estados a modificar sus normas para quitar las trabas al matrimonio homosexual.
En declaraciones a los medios, dijo que está de acuerdo con el máximo tribunal y recordó que la Constitución es clara cuando señala que no se debe discriminar a las personas por diversas razones, entre ellas la preferencia sexual.
Paola Martínez Castro