El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme sobre un caso de blanqueo de capitales bautizado como 'caso Hidalgo'. Una investigación añeja en torno a un despacho de abogados de Marbella que ayudaba a empresarios a blanquear su dinero y esquivar a Hacienda que supuso el comienzo de la caída del juez Francisco Javier Urquía. Fue condenado y expulsado de la carrera judicial por liberar a uno de los detenidos a cambio de un soborno y en la actualidad es considerado una víctima de la red de intrigas y extorsiones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La investigación de este 'caso Hidalgo' arrancó en 2006 y las detenciones llegaron apenas un año después. El juez Urquía, entonces al frente del juzgado 2 de Marbella, lanzaba una operación con más de veinte detenciones, la incautación de más de 90 millones de euros, de 60 coches de lujo y más de 500 viviendas en zonas exclusivas de la Costa del Sol. En el centro de las pesquisas estaba el despacho de abogados Cruz-Conde y la sospecha de que ayudaban a crear entramados societarios para que sus clientes ocultaran y blanquearan dinero procedente de actividades ilegales.
Varios de los detenidos pasaron un tiempo en prisión provisional pero, para entonces, el juez Urquía ya tenía experiencia cobrando sobornos. Un año antes, según ha declarado probado en firme la Justicia, Urquía cobró 73.800 euros del cabecilla de la trama corrupta Malaya, Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle en un proceso judicial. Esa vez, ya en 2007, aceptó 60.000 euros de un intermediario para dejar en libertad bajo fianza a uno de los detenidos de la 'operación Hidalgo'.
El 'caso Hidalgo' fue una pequeña pieza en el gigantesco puzle de la corrupción marbellí. El origen de la investigación fueron datos obtenidos en la macrocausa de blanqueo de Ballena Blanca en 2005. Coexistió también con la instrucción del caso Malaya, tótem de la corrupción urbanística en nuestro país con Juan Antonio Roca al frente. Pero la causa investigada originalmente por Urquía se eternizó y se desinfló: el principal acusado falleció antes del juicio, más de diez personas se sentaron en el banquillo y cinco fueron condenadas. Ahora el Tribunal Supremo ha adelgazado aún más el caso al absolver a uno de los socios del despacho por errores en la cadena de custodia de las pruebas.
Los magistrados de la sala de lo penal, con Pablo Llarena como ponente, han estimado el recurso del abogado Guzmán Lacalle, que en 2007 llegó a pasar dos meses en prisión provisional. Había sido condenado a un año de cárcel y a pagar más de 300.000 euros por ser responsable de varios delitos fiscales del despacho de abogados del que era socio. Junto con su absolución se declaran firmes las condenas de entre seis meses y tres años de cárcel de varios clientes del despacho así como los 15 meses de prisión que pactó otro de los acusados durante el juicio. Las sanciones económicas impuestas a todos superan ampliamente los 20 millones de euros.
Sólo dos de los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo. Los jueces sí han decidido rechazar el recurso del otro que recurrió, uno de los clientes que usó el despacho para blanquear el dinero que metía en España desde diversas cuentas y sociedades en las Antillas Holandesas. Fue condenado a seis meses de prisión y pagar más de 400.000 euros entre multas y pagos a Hacienda por todo el dinero que defraudó escondiendo su dinero.
Entramado para blanquear dinero
La sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es declara firme, en primer lugar, que uno de los acusados perpetró un fraude fiscal de más de 16 millones de euros en el impuesto de sociedades que dejó de pagar entre 2004 y 2005. La empresa Nueva Promotora de Benahavís, que tuvo en su accionariado varias empresas holandesas, suscribió varios convenios urbanísticos para la compraventa de solares con el ayuntamiento del municipio malagueño. El responsable del plan aceptó 15 meses de cárcel por un delito de fraude fiscal junto con la obligación de pagar 8 millones de euros.
Además, la intervención de comunicaciones del caso Ballena Blanca llevó a los investigadores hasta un archivo de Excel que detallaba la contabilidad paralela del despacho Cruz-Conde. Descubrieron que dos ciudadanos paquistanís crearon un ovillo societario a través del despacho “con la intención de ocultar los fondos obtenidos por la actividad criminal que desarrollaban en Bélgica”. País en el que estaban encausados por formar parte de una trama de defraudación de IVA a través de empresas de importación de petróleo.
Ahora el Tribunal Supremo cuestiona el documento Excel que sirvió para detallar los trabajos que el despacho ocultó a Hacienda para no tener que pagar impuestos. Para cuando los peritos empezaron a trabajar con el documento faltaban 900 archivos que “carecían de interés para la causa”. Además, relata el Supremo, el disco duro original se perdió y sólo se pudo trabajar con una copia mutilada. Esto no implica para los jueces que los datos estén “alterados o pervertidos” pero sí pone en cuestión la cadena de custodia.
Los jueces reconocen que hay “fundados indicios de que el despacho pudo abordar parte de su actividad profesional sin facturación oficial” evitando pagar el IVA, pero las pruebas no son suficientes ni para declararlo probado ni tampoco para especificar si superó la barrera de los 120.000 euros para considerarse delito fiscal. En ese sentido el Supremo considera inviable condenar por un delito contra la Hacienda Pública a este abogado que fue imputado hace ahora 14 años.
Urquía: de condenado a víctima
El caso pasó razonablemente desapercibido en un momento en que la corrupción en Marbella parecía no tener fin. La instrucción eterna, llena de parones y con una acusación menguante también diluyeron su peso entre los casos Malaya y Ballena Blanca. Pero fue el caso que lanzó a los titulares a Francisco Javier Urquía Peña. Entró en la carrera judicial a finales de la década de los noventa y pasó por juzgados de Vélez, Elche, Barcelona y Talavera de la Reina antes de recalar en el juzgado 2 de Marbella en 2004. Dos años después empezó a aceptar sobornos.
Según declaró probado el Tribunal Supremo en marzo de 2009, Urquía “pidió dinero” al cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, en los primeros meses de 2006 para poder comprarse una casa. Lo hizo, según el Supremo, “a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales”. El trato favorable fue prohibir la emisión de un programa sobre los negocios delictivos de Roca en la emisora local Telemar. A cambio, un día después, Juan Antonio Roca dio 73.800 euros a Urquía en su despacho dividido en dos sobres.
Un año después, en el primer semestre de 2007, Urquía aceptaba un segundo soborno que acabaría definitivamente con su carrera como juez. Uno de los ciudadanos paquistaníes acusados de blanqueo en el 'caso Hidalgo' le entregaba, a través de varios intermediarios, la cantidad de 60.000 euros. El juez, dice la Justicia, dejó a varios imputados en libertad bajo fianza “una vez realizado el pago” del soborno. En febrero de 2012 el Tribunal Supremo le impuso en total 17 años de inhabilitación y dos años de cárcel por cohecho y prevaricación. Unos días después la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera judicial y ejerce como abogado.
En esos años de sobornos en Marbella también se convirtió, sin saberlo, en potencial víctima del caso Tándem. En 2006 fue grabado cuando todavía era juez en momentos privados. Unos vídeos que volvieron a aflorar en 2017 cuando los empresarios Juan y Fernando Muñoz contrataron, supuestamente, al comisario José Manuel Villarejo para apretar las tuercas a un antiguo socio defendido por Urquía. Villarejo, según el auto de procedimiento abreviado de la Audiencia Nacional, les pidió varios miles de euros a cambio de usar éste material con sus “debilidades” para que colaborase con ellos. El vídeo nunca llegó a usarse.
Del 'caso Hidalgo' de blanqueo en Marbella a la 'pieza Pintor' del caso Tándem, Urquía ahora está considerado perjudicado en una de las piezas pendientes de juicio y sentencia en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel para el excomisario y el exmagistrado ha asegurado en su declaración como perjudicado que no se sintió ni perseguido ni investigado por los empresarios que buscaban sus “debilidades”. Los dos empresarios han pactado una condena de 11 meses con la Fiscalía, lo que evitaría su entrada en prisión a cambio de reconocer los hechos.