El Tribunal Supremo ha decidido anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal hace ahora más de un año. Los jueces han estimado parcialmente el recurso contra la decisión de Álvaro García Ortiz de nombrar a Delgado como fiscal togada ante el Tribunal Supremo después de su salida de la Fiscalía General del Estado: se debe repetir la propuesta del fiscal general al entender que existió desviación de poder y que lo hizo con el objetivo de darle un ascenso, no de proveer una plaza.
Explica el Supremo que esa desviación de poder consiste en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”. En este caso entienden que el fiscal general buscó blindar el ascenso de Delgado a la máxima categoría y no proveer una plaza por el procedimiento normal. “La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, explica esta resolución.
Los jueces han estimado el recurso de otro aspirante a esa plaza, Luis Rueda. Fue también la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los asociados y también en el Consejo Fiscal desde las últimas elecciones, la que recurrió la decisión de Álvaro García Ortiz de ascender a Delgado a la máxima categoría tras sucederla en el cargo. Un asiento en la fiscalía togada del Tribunal Supremo, encargada de los asuntos de la jurisdicción militar que recalan en la sala quinta.
García Ortiz propuso su nombramiento después de obtener el respaldo de cinco de los 12 miembros del Consejo Fiscal. Los informes y votaciones de este órgano consultivo no son vinculantes en cuanto a los nombramientos. Este nombramiento obtuvo el respaldo minoritario de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y los tres miembros natos del Consejo: el fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección Fiscal.
Esta decisión de la sala tercera del Tribunal Supremo llega después de varias sentencias que han anulado otro nombramiento, este de la etapa de Delgado como fiscal general: el de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores.
Buscaban “asegurar la promoción” de Delgado
El Supremo es contundente a la hora de acusar al actual fiscal general del Estado de ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría usando un procedimiento que no puede ponerse en marcha con ese objetivo, sino en todo caso para proveer una plaza si existe esa necesidad. “La voluntad del Fiscal General del Estado fue explícita: asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de Fiscal de Sala”, reprocha. “Esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley.
Ese objetivo, dice el Supremo, “no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal”.
Entre García Ortiz y Delgado, existían, destaca el Supremo, “una estrecha relación de confianza y que aquel tenía motivos de reconocimiento hacia esta”. Reconocen que haber estado en política “no constituye un demérito”, y que no tener experiencia previa en la jurisdicción militar tampoco sería un obstáculo para acceder a ese cargo, pero haber sido ministra “tampoco puede comportar automáticamente un mérito a efectos de la progresión profesional”.
Destaca que incluso la cobertura de esta plaza fue acordada por Justicia a petición de la propia Delgado antes de dejar el cargo de fiscal general. “Lo que no le impidió, pocas semanas más tarde cuando ya no ocupaba esa alta posición, presentar su solicitud como aspirante a esa misma plaza”, reprocha el Supremo.
Fiscal de Memoria Democrática
Dolores Delgado fue ascendida a fiscal togada hace más de un año y su siguiente nombramiento llegó en junio de este año cuando tomó posesión como fiscal de sala de Memoria Democrática. Un nombramiento que también ha sido recurrido por la conservadora Asociación de Fiscales y por un candidato, el fiscal Luis Ibáñez, que tal y como reveló elDiario.es ha criticado con dureza la norma de Memoria Democrática que tendría que aplicar en el puesto al que aspira con este recurso.
El plan de actuación de Ibáñez reflejaba que, según su opinión, esta norma “resulta indiferente a la mayoría del cuerpo social”, prometiendo una aplicación “aséptica” del texto legal destinado a reparar a las víctimas de la dictadura franquista. Destacaba su plan de actuación, en varias ocasiones, el “cariz” ideológico de la ley que tenía que ser “compensado” por esa “aséptica” actuación del Ministerio Público.
La Fiscalía especializada en Memoria Democrática que dirige Delgado desde la calle Ortega y Gasset de la capital ha comparecido en varios casos ya judicializados y relacionados con torturas a víctimas de la dictadura. En uno de ellos el Ministerio Público ha recurrido el archivo de la denuncia de Carles Vallejo por torturas policiales en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona. En otro, ha participado en los interrogatorios a Julio Pacheco y Rosa María García, primeras víctimas de torturas policiales durante la dictadura en declarar en un juzgado y denunciar el maltrato de la Brigada Político-Social.
En su paso previo al Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, Dolores Delgado ejerció como fiscal durante más de tres décadas. Entró en la carrera fiscal en 1989 y muy pronto accedió a la Audiencia Nacional para investigar casos de tráfico de drogas y terrorismo hasta su nombramiento como ministra de Justicia del ejecutivo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020.