Sus grabaciones sirvieron para destapar, investigar y condenar a la trama Gürtel y ahora el Tribunal Supremo apoya su indulto parcial. Los jueces de la sala de lo penal han emitido un informe favorable a que José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular que grabó a los cabecilla de la trama Gürtel, vea sustituida su condena de inhabilitación absoluta por una que sólo le impida ejercer cargos públicos de libre designación. Peñas fue condenado a más de cinco años de cárcel por participar en las actividades corruptas de la trama en Majadahonda, donde era concejal por el PP, y el Supremo apoya que sus condenas de inhabilitación sean cambiadas por una condena de inhabilitación especial.
Es decir, el Supremo no apoya una medida de gracia que anule su condena de prisión pero sí le permite mantener su trabajo de funcionario. Según informa su abogado, Ángel Galindo, y según recoge el escrito del Supremo, la Audiencia Nacional decidió suspender su entrada en prisión en la ejecución de la sentencia. Explica el Supremo los motivos: “Ninguna de las penas de prisión, por separado, supera los dos años, que el condenado ha realizado un importante esfuerzo reparador mediante el ingreso de importantes cantidades en la cuenta de consignaciones del juzgado, adecuado a su capacidad económica”.
José Luis 'Pepe' Peñas fue asesor del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, hace más de dos décadas y se convirtió en concejal de Urbanismo del municipio madrileño en 2003. En esos años el empresario Francisco Correa y sus contactos en el Partido Popular habían tomado al asalto tanto los procesos de contratación del municipio como también se habían lanzado a la financiación ilegal de campañas del partido, tal y como declaró probado en firme el Tribunal Supremo. Peñas participó de esa corrupción en un primer momento pero después empezó a grabar clandestinamente las conversaciones de los miembros de la trama.
Esas grabaciones fueron la llave que permitió a la Audiencia Nacional abrir el desván de la corrupción de la trama Gürtel y que dos décadas mas tarde se transformaron, entre otras cosas, en una sentencia firme del Tribunal Supremo. Una sentencia que declaró probado que el PP se benefició económicamente de la corrupción entre 1999 y 2005 y que también condenó a José Luis Peñas a 5 años y 3 meses de cárcel por el ramillete habitual de delitos de corrupción: asociación ilícita, cohecho, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Su ingreso en la cárcel está suspendido.
El indulto parcial no toca su condena de prisión pero sí le permitiría mantener su trabajo de funcionario público en el Ayuntamiento de Madrid como ordenanza. Dice el Supremo que “la pérdida de este trabajo a consecuencia de la aplicación de la pena de inhabilitación absoluta supone para el solicitante una aflicción desmedida e innecesaria”.
Su abogado, Ángel Galindo, se ha mostrado muy satisfecho con el informe del Supremo que apoya la concesión de un indulto parcial. Asegura que “era de Justicia y el Supremo la hace Justicia con mayúsculas en la concesión de este Indulto. Es el denunciante de la mayor trama de corrupción política y empresarial de la Democracia y sin su denuncia nada se hubiera destapado y la corrupción seguiría instalada en el Gobierno de la Nación”.
Un testigo “valiente”
Ahora el caso está en manos del Consejo de Ministros. Los jueces de la sala de lo penal han emitido un informe en el que apoyan que se le conceda un indulto parcial que no afectaría a su condena de cárcel ya que apoyan sólo que su condena de inhabilitación se sustituya por otra que sólo le impida ejercer cargos públicos. Son los mismos términos en los que se expresó la Fiscalía sobre una posible medida de gracia.
El informe pone en valor la actitud de Peñas durante todos estos años y los datos que ha aportado a la Justicia. Dicen los jueces que “a pesar de su condena, ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas de la denominada trama ”GÜRTEL“ y añaden que ”en todas ellas, su testimonio ha sido constante, coincidente e incluso valiente“.
La sala también pone encima de la mesa la normativa internacional para proteger a los denunciantes de corrupción o 'Whistleblowers' y lamenta que la ley española “no cuenta con una protección que incentive y proteja a los funcionarios públicos que, habiendo intervenido en las actividades delictivas, deciden ponerlo en conocimiento de la justicia”. No existen, añaden, “apenas instrumentos jurídicos que incentiven el arrepentimiento, la confesión y la ayuda en la investigación, a pesar de ser tremendamente valioso el testimonio de quien, desde dentro, ha participado de los hechos criminales”.