Primera condena firme para Luis 'Alvise' Pérez por acosar a políticos y periodistas en internet. El Tribunal Supremo ha confirmado que el líder de 'Se Acabó la Fiesta', eurodiputado electo desde hace más de una semana, debe indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por difundir en Twitter fotos de ella cenando con su marido, Antonio García Ferreras, afirmando que forman parte de una “mafia”. Inicialmente los tribunales madrileños le habían impuesto 10.000 euros. “El ánimo de molestar” a Ana Pastor, dicen el Supremo y la Fiscalía, “no dota de interés general alguno a la publicación de su imagen realizada sin su consentimiento”.
El agitador ultra se presentó a las últimas elecciones europeas el pasado 9 de junio, consiguiendo más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo con su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta'. En los cinco años previos y después de trabajar para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Pérez desarrolló una intensa actividad tanto en Twitter como en su canal de Telegram, donde atesora más de medio millón de seguidores, difundiendo consignas racistas y machistas, en ocasiones conspiranoicas y muchas veces hostigando a políticos y periodistas del espectro progresista.
Uno de sus objetivos desde hace años es Ana Pastor. La periodista y fundadora de Newtral le ha llevado en dos ocasiones a los tribunales: una por afirmar sin pruebas que gestionaba de forma ilegal la tributación de su empresa, y otra por colgar fotos de una cena privada con su marido y Óscar Camps, líder de Open Arms, dando a entender que hacían algo ilegal. En el primer caso el Tribunal Supremo avaló que Pérez y otro 'youtuber' ultra especularan sin pruebas sobre Ana Pastor y su empresa, pero en el segundo la Audiencia de Madrid firmó una indemnización de 10.000 euros para la periodista.
El hoy eurodiputado electo difundió la imagen de Pastor, García Ferreras y Camps cenando en Balears con un mensaje: “Nunca antes la mafia se había sentido tan cercada, observada y desenmascarada como ahora. Esto tan sólo acaba de empezar”. Un juzgado dio la razón al agitador en primera instancia pero la Audiencia Provincial decidió condenarle por la vía civil. Ana Pastor, dijeron los jueces, “no ejerce cargo público alguno por más que por su profesión de periodista y presentadora de televisión tenga cierta proyección pública, sin que las fotografías tengan relación alguna con este ámbito profesional”. Unas fotos que invadían su vida privada y que fueron, además, difundidas sin su consentimiento.
Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del agitador y rebajan a 7.000 euros su condena inicial al entender que una de las tres fotografías que publicó, que salía junto a Ferreras y a Óscar Camps, sí podía estar legitimada “por el ejercicio de la libertad de información”. En cuanto al resto de fotografías, los jueces explican que el carácter público de Pastor y Ferreras no les convierte automáticamente en algo de interés general. “Supondría en la práctica la privación de sus derechos a la intimidad familiar y a la propia imagen”.
Las múltiples condenas de Alvise
Los bulos que Luis 'Alvise' Pérez lleva años publicando en su canal de Telegram se han traducido en varias causas judiciales contra él, tanto por la vía civil como por la vía penal. Su futuro sillón de eurodiputado implicará su aforamiento ante el Tribunal Supremo pero solo en lo que tiene que ver con las –al menos– dos causas penales en las que está imputado: una por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y otra por difundir grabaciones de la 'operación Kitchen'. Pero sus causas civiles, más numerosas y con varias condenas económicas de por medio, no se ven afectadas por sus resultados electorales.
Su objetivo cuando se presentó a las elecciones europeas, dijo por activa y por pasiva el agitador ultra, era quedar aforado y proteger lo que denomina su “lucha” contra la corrupción, que a día de hoy no está muy claro cuál es y en qué consiste. Pero ese aforamiento no le protege de las causas tramitadas en la vía civil que ya le han costado varias condenas pendientes de ratificación por el Supremo: los 5.000 euros que, por ejemplo, tiene que pagar a Manuela Carmena por inventarse que recibió un respirador en su casa durante lo peor de la pandemia.
También está pendiente de que los tribunales repitan la sentencia sobre su condena más voluminosa hasta la fecha: los 60.000 euros que fue condenado a pagar al exministro José Luis Ábalos. En ese caso, también por difundir imágenes suyas en su domicilio y dando a entender que tenía algún problema de salud mental. En ese caso los tribunales han ordenado repetir la resolución por problemas en la notificación de las resoluciones del caso.