En medio de la campaña electoral gallega, el Tribunal Supremo condenó esta semana a cuatro directivos de Novacaixagalicia, una sociedad efímera que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova antes de ser vendida por el FROB, a dos años de cárcel por administración desleal y apropiación indebida o cooperación necesaria para llevarla a cabo. Al no tener antecedentes penales y ser una condena por debajo de los dos años y un mes, los directivos previsiblemente no ingresarán en prisión. El fallo ratifica las penas que la Audiencia Nacional impuso en 2015 tras juzgar las indemnizaciones (18,9 millones en total) que esos mismos ejecutivos se autoadjudicaron en 2010 desde los despachos más altos de la entidad.
Mucho más que un castigo a cuatro gerifaltes codiciosos, el Supremo ha juzgado toda una era político-económica de excesos que se dio de bruces con la mayor crisis financiera mundial desde el crash del 29.
De momento, ninguno de los cuatro ejecutivos condenados entrará en prisión pero el fallo, que ni siquiera ha merecido demasiado espacio en las portadas, estampa el lamparón definitivo en los historiales de una élite financiera a la que nadie tosió en Galicia durante décadas. En la sentencia, escrita en 200 páginas, figura el nombre de Julio Fernández Gayoso. El sempiterno hombre fuerte de Caixanova, la caja del sur de Galicia que creció a fuerza de absorber entidades más pequeñas, el meritorio que entró en Caixavigo con 16 años apadrinado por un alcalde franquista y que luego se mantuvo 47 años en el poder, está condenado como el cooperador necesario que ayudó desde la cima de Novacaixagalicia en los trámites para abonar a cuatro ejecutivos un finiquito de 18,9 millones de euros. Todo se cargó a las cuentas de un banco valorado entonces en 181 millones. En castellano raso: más del 10% de los activos se dedicaron a pagar los despidos de cuatro dirigentes de su cúpula.
Al elegido de Gayoso, José Luis Pego, un asesor de prensa que heredó todo el poder en Caixanova, el Supremo lo castiga con otros dos años de cárcel por fijarse una indemnización de 7,7 millones, que salía de multiplicar su salario fijo (627.000 euros) por los 12 años que le quedaban para jubilarse cuando entró con plenos poderes en Novacaixagalicia dentro de una operación apadrinada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La publicitadísima fusión de Caixa Galicia y Caixanova tenía como objetivo poner a salvo el poder financiero gallego. El final es conocido: un rescate con dinero público de 9.000 millones de euros que acabó en la venta de la entidad resultante a un grupo venezolano por 1.003 millones. El nuevo banco privado sigue funcionando ahora con el nombre comercial de Abanca. En el tránsito 1.850 personas perdieron su empleo a través de un Ere.
Los ejecutivos de aquel experimento llamado Novacaixagalicia que pronto fue liquidado por el FROB Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez también han sido condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros. Entre los cuatro directivos deberán devolver 14 millones de euros de sus despidos. La honra la habían perdido mucho antes, cuando empezaron los murmullos a su paso en los restaurantes de postín y sus caras recorrieron Galicia de norte a sur en las pancartas que los preferentistas desplegaron para denunciar la estafa sufrida por 40.000 pequeños ahorradores. Algunos eran analfabetos y firmaron los contratos con sus huellas dactilares.
El Supremo ha respondido al recurso de casación presentado por las defensas que las gestiones para aprobar esas indemnizaciones millonarias en el consejo de Novacaixagalicia fueron “inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal”. E incluso considera suave la condena de la Audiencia Nacional dictada en 2015 por la Audiencia Nacional. Pero no toca las penas porque el Supremo no puede agravar en la respuesta a un recurso de casación de las defensas unas condenas que considera “desproporcionada por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas”.
A salvo de sentencias judiciales quedan otros privilegios como los planes de pensiones también millonarios establecidos en las antiguas cajas de ahorros. El propio Pego acumula un fondo de 10,8 millones. A Javier García de Paredes, director adjunto de Novacaixagalicia y absuelto en el caso de las indemnizaciones le corresponden 5,1 millones. Gregorio Gorriarán tiene 9,2 millones y Óscar Rodríguez, 8,1.
Fin de la omertá de los banqueros
El fallo del Supremo representa el punto final a una larga época de omertá. A muchos años en los que todos miraron a otro lado: los consejos de administración de las dos entidades financieras –formados por personajes de paja que se limitaban a respaldar a quienes los colocaron en ellos y a presumir de obra social–, el poder político, los sindicatos y por supuesto los medios de comunicación, beneficiarios directos de esa orgía crediticia que hizo correr el dinero de los ahorradores gallegos hacia manos amigas, ya fuesen inversiones en ladrillo en Levante o suntuosas bodegas. Nadie se atrevió a husmear nunca en los negocios de los hombres del dinero.
Porque Gayoso no estuvo solo en los días de vino y rosas. En la caja rival, la entidad del norte, se sentaba su antagonista, José Luis Méndez, todopoderoso director general de Caixa Galicia durante 29 años. Gayoso y Méndez. Méndez y Gayoso. Dos figuras intocables para periodistas y políticos que solo tuvieron problemas en los juzgados cuando sus castillos en el aire ya se habían desmoronado, con los balances de las cajas prácticamente quebrados.
Si Méndez se libró del pleito de las indemnizaciones que sí juzgó a su enemigo íntimo, Gayoso, fue porque pactó su salida a tiempo, en 2010, cuando el Banco de España, tras ver los números de Caixa Galicia y su exposición al ladrillo en aventuras de promotores valencianos, consideró al banquero incompatible con cualquier plan de futuro. Cobró por irse 18 millones de euros, exactamente la cantidad que exigió para apartarse del proceso de fusión.
Pero eso fue en 2010 cuando las luces ya se habían apagado. Tres años antes, en el verano de 2007 se vio capaz incluso de comprarse una isla, la de Sálvora, en plena ría de Arousa. La intrahistoria de la operación refleja bien el poder omnímodo que atesoraban en aquel momento los señores de las cajas. Méndez dio una rueda de prensa para anunciar su adquisición por 8,5 millones de euros que Caixa Galicia iba a pagar a una familia de nobles.
La venta de Sálvora suscitó una tenue oposición en un sector del BNG, que gobernaba Galicia en coalición con el socialista Emilio Pérez Touriño. Uno de los diputados nacionalistas, Bieito Lobeira, integrante de una facción marxista-leninista, presentó una pregunta parlamentaria para cuestionar que una caja se dedicase a comprar islas en un parque natural. El líder del BNG y vicepresidente de la Xunta entonces, Anxo Quintana, obligó al que era portavoz del grupo parlamentario, Carlos Aymerich a retirar la iniciativa. Por si quedaban dudas acerca del cambio de planes, Méndez exhibió en los despachos de los medios de comunicación una carta del BNG pidiéndole disculpas. Meses después, el Ministerio de Medio Ambiente ejerció el derecho de tanteo y se quedó con Sálvora para protegerla junto a otros dos islotes. El episodio dejó una copla para la historia. Tras presentarse ante los medios exultante para anunciar la compra de Sálvora, Méndez se permitió canturrear en el ambiente habitual de fanfarria con los periodistas afines una canción tradicional sobre la isla con la letra cambiada: “Ay, Sálvora, ay San Vicente, hai cousas en Galicia que solo as fai Méndez”.