El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de 3 años de cárcel de Francisco Correa y Pablo Crespo por la actividad de la trama Gürtel en la ciudad de Jerez, gobernada entonces por el Partido Popular. Los jueces avalan la condena impuesta por la Audiencia Nacional por el amaño de tres contratos adjudicados de manera irregular a las empresas de Correa para organizar la participación de la ciudad de Jerez en la feria de turismo FITUR en el año 2004 por un valor total de 214.000 euros.
Son hechos similares a los sentenciados ya en firme en otras ramas del caso, por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en la empresa pública AENA, donde la trama también amañó diversos contratos públicos para organizar la presencia de ayuntamientos e instituciones en FITUR. Esta es la cuarta sentencia firme que certifica cómo la trama Gürtel extendió su entramado corrupto en instituciones de todo orden que dirigía el Partido Popular. Los jueces del Supremo ya han confirmado las condenas por la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana, por la primera etapa de la trama, por su amaños en AENA y ahora también por su actividad corrupta en Jerez.
Los jueces sí rebajan las condenas de algunos de sus colaboradores. Por ejemplo reducen a 1 año y 3 meses de cárcel la pena de Javier Nombela, empleado de las empresas del grupo Correa. También es absuelta de prevaricación Isabel Jordán y su condena, aunque no recurrió, queda en 1 año y 2 meses de cárcel. Jordán es una de las imputadas del caso presente en prácticamente todas las piezas separadas que ha decidido reconocer los hechos en los últimos juicios celebrados.
La sentencia del Supremo también matiza la absolución que dictó la Audiencia Nacional contra varios trabajadores municipales de Jerez que habían sido absueltos pero por prescripción de los hechos. Los jueces le dan la razón parcialmente y entienden que deben ser absueltos de prevaricación por la falta de delito y mantienen la absolución por el delito de falsedad documental por prescripción.
Esta pieza separada del caso Gürtel abordó irregularidades en la contratación del ayuntamiento de Jerez en un momento en el que estaba gobernado por el PP con la alcaldesa María José García-Pelayo, posteriormente diputada en el Congreso por Cádiz. El Tribunal Supremo rechazó en varias ocasiones extender la investigación a la antigua regidora del municipio andaluz al entender, entre otras cosas, que los hechos habían prescrito.
Expedientes “plagados de ilegalidades”
El Supremo declara probado en firme que las empresas habituales del Grupo Correa, Special Events y Down Town Consulting, fueron las que se llevaron el botín: tres contratos que sumaban 214.000 euros para organizar la presencia de la ciudad en la feria FITUR. El mismo tipo de actuación que llevaron a cabo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana por la que también han sido condenados en firme.
Una vez acabada la feria, explica el Supremo, pusieron en marcha un proceso para encubrir esta adjudicación a dedo: “Se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación antedatando las actuaciones e incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa”, relatan los hechos probados. Estos expedientes, en los que intervino tanto el personal de las empresas de Correa como técnicos y funcionarios del ayuntamiento, “están plagados de ilegalidades y arbitrariedades para sortear los controles de legalidad”, según el Supremo.