El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena al futbolista del FC Barcelona Leo Messi por fraude fiscal. Avala la sentencia de la Audiencia de Barcelona que le impuso 21 meses de prisión y una multa de 2 millones de euros, y rebaja a 15 meses la pena impuesta a su padre.
La Sala Segunda del alto tribunal ha ratificado la condena a Messi y le considera autor de tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos en sus declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009. En total, defraudó a las arcas públicas 4,1 millones de euros de los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen.
Sin embargo, el tribunal ha decidido rebajar en seis meses la pena impuesta al padre del futbolista, Jorge Horacio Messi, que pasa de 21 a 15 meses de prisión la pena impuesta a su padre. Le considera cooperador necesario, pero incluye el atenuante de reparación del daño por la devolución a Hacienda por parte de su hijo del dinero defraudado.
El Supremo entiende que el jugador conocía “inequívocamente” su obligación de tributar los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. En este sentido, afirman los magistrados que “no resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello”.
Messi no se limitada a firmar los documentos que su padre y sus asesores fiscales le presentaban, sino que tenía “plena consciencia de que ese camino llevaba inexorablemente al insolidario resultado de la defraudación fiscal”.
Los magistrados del Supremo cuestionan en la sentencia que hayan sido excluidos de la acusación en este caso los asesores fiscales del jugador barcelonista, a quienes no acusaron ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Messi acudió a ellos para que le ayudaran a eludir el pago de impuestos, dice la sentencia, por lo que resulta “insólito” que no se les considere también culpables del fraude.
Ni el Supremo ni la Audiencia de Barcelona se han creído la versión del futbolista, que alegó desconocimiento acerca de las decisiones que se tomaron en relación con la explotación de sus derechos de imagen. Los dos tribunales consideran que conocía que sus derechos de imagen se escondieron a la Hacienda española a través de sociedades en Belice y Uruguay.
Dos de los cinco jueces que firma el escrito han emitido votos particulares en los que consideran que debió entenderse como continuado el delito fiscal, y no tres delitos distintos.