El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de cárcel de los marineros y tripulantes que, hace ahora diez años, usaron el buque Juan Sebastián Elcano para traficar con cocaína entre Colombia, Estados Unidos y España. Los jueces de lo militar, según ha podido saber elDiario.es de fuentes judiciales, han rechazado los recursos de dos de los encausados y declara firme la sentencia que impuso condenas, muchas de ellas en conformidad, de entre uno y tres años de cárcel a tres marineros, dos cabos y el cocinero del barco. Una década después, la investigación no ha conseguido plasmar en una resolución judicial cómo llegaron al barco los 130 kilos de cocaína y heroína que finalmente fueron encontrados en las tripas del buque.
Los jueces ponen así punto y final a la aprehensión de droga que en el verano de 2014 afectó al buque insignia de la Armada española: el velero que sirve de escuela para las nuevas incorporaciones a la división marítima de las Fuerzas Armadas y que, además, se engalana y recibe a miles de visitantes cada vez que llega a puerto. Una de sus últimas visitas multitudinarias ha sido en Barcelona este pasado mes de septiembre.
A nivel judicial la causa arrancó cuando los servicios secretos de Estados Unidos comunicaron en 2014 a las autoridades españolas que varios detenidos en Nueva York con 27 kilos de cocaína habían afirmado que la droga había salido de un velero militar español, entregada por varios de sus tripulantes a cambio de dinero. Con el paso del tiempo otro operativo contra el tráfico de drogas en las orillas del Hudson reveló que otros 10 kilos más de heroína también procedían del navío español. Las cámaras de seguridad habían captado a varios marineros españoles en distintas zonas de la ciudad, avalando la versión de los detenidos.
La investigación encontró hasta 130 kilos de droga en las profundidades del barco y, a través de los teléfonos móviles intervenidos, consiguió dibujar una red más amplia de sospechosos: un cocinero que ejercía de contacto con los traficantes colombianos suministradores de droga y los marineros y cabos que habían aceptado llevar cocaína y heroína desde Cartagena de Indias hasta Manhattan.
Para cuando el caso llegó a juicio ante un tribunal militar la mayor parte de los culpables, acusados de traficar con apenas un 10% del alijo incautado, habían optado por pactar con la Fiscalía unas condenas que implicaran reconocer su culpa pero no entrar obligatoriamente en prisión. El cocinero que puso en contacto a los marineros con los traficantes fue condenado a dos años de cárcel. Los marineros y cabos que pactaron obtuvieron condenas de dos años de cárcel por tráfico de drogas.
El Supremo avala las condenas
Dos de ellos quisieron pelear su inocencia en el juicio y fueron condenados a tres años de presidio y sus recursos, según ha sabido elDiario.es, han sido rechazados por la sala quinta del Tribunal Supremo. Sobre las posibles irregularidades en la custodia de la droga y el resto de pruebas, el Supremo se alinea con la Fiscalía para afirmar que “no cualquier irregularidad o incidencia invalida la cadena de custodia”.
Los jueces de lo Militar también rechazan las alegaciones sobre supuestas irregularidades en la intervención de los teléfonos de los acusados. “No existe el más mínimo atisbo de que el teléfono analizado por la policía norteamericana fuera distinto del que fue intervenido”, explican. “Bajo ningún concepto permite inferir la existencia de una manipulación”, añaden antes de rechazar el resto de motivos y validar la sentencia del tribunal militar de instancia: “Nos encontramos ante unos elementos de juicio cabalmente valorados, en modo atinado, lógico y completo, conclusión de fácil obtención a la vista del tenor de la Sentencia cuestionada”.
La sentencia firme del caso llega diez años y pocos meses después del estallido del caso con la mayor parte de los acusados reconociendo los hechos pero sin que la investigación consiguiera descrubrir quién introdujo la mayor parte de la cocaína en el barco que fue posteriormente encontrada durante los registros. Ahora serán los tribunales los que ejecuten la resolución y decidan si algunos de los condenados tienen que entrar en prisión, aunque muchos de ellos ya pasaron un tiempo encarcelados de forma preventiva y, además, no tienen que pagar las multas de cientos de miles de euros que tradicionalmente van aparejadas a los delitos de tráfico de drogas. Porque en el caso del Juan Sebastián Elcano los investigadores nunca hicieron constar el valor en el mercado de la droga que les fue intervenida.