El Supremo consagra la triple corrupción del PP: municipal, autonómica y estatal

La corrupción de la trama Gürtel y el Partido Popular extendió sus tentáculos por todos los escalones de la administración pública: desde ayuntamientos hasta empresas estatales pasando por administraciones autonómicas. El Tribunal Supremo ha dictado en este arranque de curso su tercera sentencia firme sobre la trama corrupta Gürtel, una resolución en la que los jueces confirman las condenas de Francisco Correa, José Luis Izquierdo y dos responsables de comunicación de AENA durante la etapa en la que Francisco Álvarez Cascos gestionaba este organismo adscrito entonces al Ministerio de Fomento. El Alto Tribunal da por probada la corrupción en este organismo estatal, igual que antes lo hizo en el Gobierno de la Comunitat Valenciana y en varios ayuntamientos madrileños. Todo en el marco de lo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía definió como una “relación simbiótica” entre trama y partido en un informe de hace ya siete años.

El botín estatal

La sentencia conocida este jueves relata cómo Francisco Correa y sus empresas tomaron al asalto los procesos de contratación de una empresa pública como AENA, gestor de los aeropuertos de todo el país. Fue a través de su director de comunicación, Ángel López de la Mota, y de su subalterno José María Gavari. Ambos, explica el Tribunal Supremo, “habían trabajado para el Partido Popular, en la oficina de prensa del mismo, y con ocasión de ello conocieron a Francisco Correa”. Para entonces, relata, el líder de la Gürtel “se encargaba de organizar, a través de sus empresas, actos del citado partido político”, llegando Gavari a “compatibilizar su trabajo para el Partido Popular con su trabajo para las empresas de Francisco Correa”.

Así llegó la trama Gürtel a dominar la contratación pública de AENA. Un total de 22 adjudicaciones públicas por un valor de 2,2 millones de euros en tres anualidades, entre 2000 y 2002, para organizar la presencia del ente público dependiente de Fomento en ferias como Fitur o ExpoOcio. Contratos adjudicados con procedimientos manipulados por los extrabajadores del PP, plagados de sobrecostes a modo de botín para la trama que recibía a cambio miles de euros en efectivo y regalos como viajes o incluso las obras en la casa de uno de ellos.

El modus operandi es similar al desplegado por la red que lideraba Correa en otras piezas ya sentenciadas, sobornando a cargos públicos ligados al Partido Popular para obtener contratos públicos, pero es la primera sentencia que declara probado en firme que el saqueo se produjo en la administración pública a nivel estatal. Un 'caso AENA' que se ha traducido en seis años y tres meses de cárcel para Francisco Correa, cinco años para Ángel López de la Mota y José María Gavari y tres años y tres meses para José Luis Izquierdo, el contable de la trama. Ningún responsable político de primera fila ha resultado condenado, tampoco Álvarez Cascos, que dirigió el Ministerio de Fomento entre 2000 y 2004 durante el segundo Gobierno de Aznar.

El botín autonómico

La primera sentencia firme sobre la trama Gürtel llegó en 2018, cuando el Tribunal Supremo avaló las condenas de once personas relacionadas con la actividad que la trama desplegó en la Comunitat Valenciana entre 2005 y 2009. Capitaneada por Álvaro Pérez 'el Bigotes', la trama se lanzó a la caza de la Generalitat Valenciana y su botín autonómico con una empresa, Orange Market, creada específicamente para eso. Un “desembarco” de las empresas de la red, según el Supremo, que sirvió para que Correa y los suyos perpetraran una “sustitución” de los organismos de contratación de varias consejerías, confeccionando concursos públicos a su antojo.

Una “toma” de los organismos de contratación que se tradujo en la adjudicación irregular de estos contratos para Fitur en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Millones de euros que iban más allá de la organización de los puestos para promocionar la Comunitat Valenciana: incluyeron conceptos como fiestas en la Posada de las Ánimas o almuerzos de más de 200.000 euros. Contratos procedentes de la administración regional que dirigía en ese momento Francisco Camps y dinero que salía de las consellerias de Turismo, Territorio y también de Infraestructuras así como de la Agencia Valenciana de Turismo. Nuevamente con unos márgenes de beneficio para Correa y sus empresas impropios de un contrato público.

El caso se saldó con condenas firmes para once personas. Desde los trece años de Francisco Correa y Pablo Crespo hasta los doce de Álvaro Pérez pasando por penas de prisión también para cargos públicos como Milagrosa Martínez (consejera de Turismo), Rafael Betoret (jefe de Gabinete en Turismo) o Jorge Guarro (jefe de promoción de la Agencia), entre otros. La trama, según el Supremo, llegó a la Comunitat Valenciana para aprovechar “el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, a las que habían conocido y tratado en la organización de eventos para el partido político que ostentaba el gobierno de la Comunidad Valenciana”. El Partido Popular.

El botín municipal

La hiperactividad delictiva de los mandamases de Gürtel en la administración local acabó costando el Gobierno en 2018 a Mariano Rajoy, como consecuencia de una moción de censura presentada por el PSOE que contó con el apoyo mayoritario en el Congreso, incluido el del PNV que dejó caer al Ejecutivo que apoyaba. Dos semanas antes, la Audiencia Nacional sentenciaba la etapa de la trama corrupta conocida como 'Época I': el amaño de cientos de contratos públicos en municipios de Madrid, Málaga y también en las administraciones regionales de la capital y de Castilla y León por un valor aproximado de más de 140 millones de euros entre 1999 y 2005. Una sentencia confirmada en lo esencial por el Supremo y que también certificó en firme la financiación irregular del Partido Popular en varios municipios de Madrid. Un juicio en el que declaró como testigo el propio Mariano Rajoy. Negó saber algo sobre la contabilidad de su propio partido y su testimonio, dijo la Audiencia Nacional, restó en vez de sumar: “No aparece como suficientemente verosímil” para negar la existencia de la caja B.

Las dos sentencias del caso dibujan cómo Correa y sus empresas saquearon las arcas públicas de Majadahonda, Pozuelo, la ciudad de Madrid y Estepona haciendo lo que mejor sabían: sobornar a alcaldes y concejales para obtener contratos públicos a cambio. Una “estrecha y continua relación con influyentes militantes” del PP como Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo), su pareja de entonces, la después ministra Ana Mato, Guillermo Ortega (alcalde de Majadahonda) o Ricardo Galeote (concejal en Estepona), entre muchos otros. Contratos de limpieza o para construir una oficina de atención al ciudadano y la financiación irregular de campañas municipales del PP: más de 245.000 euros en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

Majadahonda, municipio de más de 70.000 habitantes ubicado a 25 kilómetros de la Puerta del Sol, es considerado uno de los epicentros de una trama que se infiltró en los sistemas municipales de contratación de la Comunidad de Madrid. Fue allí donde José Luis Peñas, entonces concejal, grabó a los cabecillas de la red. En esas cintas que el edil puso a disposición de la Justicia, los personajes de Gürtel presumían de amaños y regalos. Todo aquello dio origen a la causa que a día de hoy suma más de diez piezas separadas con muchas de ellas pendientes de juicio.

Las causas pendientes

Lo que en 2009 era para Mariano Rajoy “una trama contra el Partido Popular” seguirá siendo un campo de minas para la formación conservadora en los próximos años. Está previsto que la próxima sentencia sea la de la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede central del Partido Popular usando dinero negro pero también están previstos los juicios de los grandes 'pelotazos' de la trama en Arganda del Rey o Boadilla del Monte así como la sentencia firme de la Gürtel en Jerez o sobre la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, entre otras. La sentencia sobre la reforma de la sede central del PP no se conoce pero el caso ya ha tenido consecuencias. Pablo Casado ha anunciado su intención de abandonar Génova 13 para intentar dejar atrás los fantasmas de un edificio que, incluso, llegó a ser registrado por la Audiencia Nacional.

Algunas de estas causas pendientes de resolución seguirán explorando, por tanto, cómo la Gürtel y el PP fueron de la mano durante una década para saquear arcas municipales, autonómicas y estatales. En el caso de las administraciones a nivel nacional, el juez Santiago Pedraz zanjó en julio una causa en la que se investiga si las donaciones de empresarios recibidas por el PP tenían por objetivo conseguir adjudicaciones públicas de ministerios, como afirmó Francisco Correa durante uno de los juicios. Ante el instructor, el extesorero Luis Bárcenas apunto a ministros de Fomento y Medio Ambiente del Partido Popular.