El Supremo entierra la teoría de la conspiración de Vox contra el Gobierno por el 8M

Vox ha fracasado en su nuevo intento de que el Tribunal Supremo investigue al Gobierno por la gestión de la pandemia. Los jueces de la sala de lo penal han inadmitido la petición del partido ultraderechista de abrir una causa para investigar si el ejecutivo ocultó la gravedad de la crisis sanitaria a principios de 2020, en este caso esgrimiendo unas palabras de la ministra Yolanda Díaz sobre las precauciones que ella tomó en su departamento días antes del estado de alarma y de la manifestación feminista del 8 de marzo de ese año. El Supremo es tajante al afirmar que las alegaciones de Vox no aportan nada nuevo y recuerdan que ya en diciembre de 2020 rechazaron decenas de denuncias y querellas similares.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en diciembre del año pasado en 'La Cafetera' que ella ya desplegó “un montón de medidas” para prevenir la COVID-19 a mediados de febrero, cuando la pandemia se cebaba con Italia. Incluso recordó que una semana antes de la declaración del estado de alarma presentó una guía que le costó acusaciones de “alarmista”. Unas declaraciones que fueron rápidamente esgrimidas tanto por Vox como por el Partido Popular para volver a acusar al ejecutivo central de ocultar información para no entorpecer las manifestaciones masivas del 8 de marzo feminista, una estrategia ya usada por la derecha en el primer año de pandemia.

Los entonces líderes del Partido Popular llegaron a pedir su comparecencia en sede parlamentaria. “Si lo sabían por qué nos pusieron en riesgo a los españoles”, dijo la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. “Ocultaron la pandemia por intereses partidistas, la gestionaron negligentemente y bloquearon las querellas en la Fiscalía”, dijo el entonces presidente del partido, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter, anunciando también una comisión de investigación. Vox fue un paso más allá y anunció que iría a los tribunales para impulsar la reactivación de las querellas y causas que ya impulsó sin éxito durante el primer año de la pandemia para llevar al ejecutivo a los tribunales por la gestión de la crisis del COVID-19.

Vox anunció la medida con gravedad. Las declaraciones de Díaz, afirmó en un comunicado, suponían “un reconocimiento público de que la inactividad del Gobierno no era por desconocimiento de la situación” sino por una “gravísima negligencia en la gestión y el conocimiento que el Gobierno tenía de la evolución pandémica”. Un argumento que acaba de rechazar con contundencia el Tribunal Supremo en un auto de la sala de lo penal, firmado por Manuel Marchena, que explica que las afirmaciones de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno no constituyen ningún tipo de prueba que permita abrir la vía penal contra el ejecutivo central.

Vox aseguraba en estos escritos que “el Gobierno conocía los riesgos y el impacto que tendría la pandemia originada por el COVID-19 y aun así no actuó, poniendo en peligro a la población”. El Supremo contesta que “los hechos puestos de manifiesto en los escritos presentados no justifican su reapertura”. La declaración de Díaz, añaden los magistrados, “nada aporta, entre otros extremos, sobre la necesaria relación de causalidad entre los resultados lesivos y mortales denunciados y las omisiones que se imputan a los miembros del Gobierno”. Una vez más recuerda el Supremo, como ya hizo en diciembre de 2020, que es imposible establecer algún tipo de responsabilidad penal contra las autoridades sanitarias por, entre otras cosas, permitir las manifestaciones del 8 de marzo.

Tal y como ha explicado elDiario.es, la ofensiva penal encabezada por Vox contra la gestión de la pandemia ha hecho aguas en los tribunales en repetidas ocasiones desde su arranque a mediados de 2020. La negativa más sonada fue la del Tribunal Supremo en diciembre de 2020, cuando los jueces rechazaron decenas de denuncias y querellas interpuestas contra miembros del ejecutivo central y diversas autoridades sanitarias por delitos que iban desde las lesiones hasta el genocidio. Una de esas querellas rechazadas era de Vox y acusaba al Gobierno de provocar la muerte de miles de españoles y de tomar medidas demasiado tarde. Ampliaron la querella para acusar también al ejecutivo de no evitar muertes en residencias de ancianos aunque esa era una competencia de las comunidades autónomas. Posteriormente, Vox se ha opuesto a la apertura de una comisión de investigación sobre este asunto en la Asamblea de Madrid.

Todas fueron rechazadas y remitidas a los juzgados territoriales para que, en su caso, estudiasen posibles responsabilidades penales. Esos argumentos que sirvieron para rechazar las querellas son ahora reproducidos por el Tribunal Supremo para enterrar la nueva petición de la ultraderecha. “Los escritos presentados no revelan motivo alguno para acceder a la petición formulada” por Vox, dice la sala de lo penal. Una decisión que ha sido tomada con el visto bueno de la Fiscalía del alto tribunal, que también se ha opuesto a que las declaraciones de Yolanda Díaz tengan algún tipo de relevancia para reabrir el procedimiento, y que no ha sido hecha pública por el partido de Santiago Abascal.

La fijación con el 8-M feminista

El partido ultraderechista hizo bandera de su ofensiva penal en los tribunales contra la gestión del ejecutivo central en el primer año de la pandemia. Una de las causas que más lejos llegó, aunque igualmente acabó en el archivo, fue la instruida por el juzgado 51 de Madrid a instancias de la denuncia de un abogad, Víctor Valladares, condenado y sancionado varias veces por estafar y engañar a clientes. Una investigación vertiginosa trufada de informes polémicos tanto del forense como de la Guardia Civil en la que el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, llegó a estar imputado.

El caso fue finalmente archivado pero giró en torno a la manifestación feminista del 8 de marzo, celebrada unos días antes de la declaración del estado de alarma y que, según la derecha, fue permitida por el Gobierno a pesar de suponer ya entonces un riesgo grave y conocido para la salud pública. Vox llegó a personarse en el caso como acusación popular y la causa se convirtió en una amalgama de acusaciones popular como la Unión de Oficiales de la Guardia Civil o una asociación de consumidores mientras familiares de víctimas se quejaban ante el juzgado por no poder formar parte del caso.

Vox no fue el único en acudir a la Justicia cuando la derecha decidió que las palabras de Yolanda Díaz justificaban la apertura de un frente penal, pero sí fue el que acudió a la más alta magistratura que marca el camino al resto de juzgados y tribunales. El abogado Víctor Valladares también anunció que solicitaría la reapertura al juzgado 51 de Madrid e incluso la citación de Yolanda Díaz.