El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir dos querellas de Abogados Cristianos y HazteOir contra magistrados del Tribunal Constitucional por los retrasos en dictar sentencia sobre la Ley del Aborto de 2010. Los jueces de la sala de lo penal reconocen que la “celeridad” es lo deseable a la hora de resolver recursos y que éste lleva más de una década en el cajón pero también rechaza que el Constitucional haya dejado el caso en la nevera de forma delictiva.
La querella fue presentada por estos dos colectivos ultracatólicos en el marco de una estrategia de presión para que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso que presentó el PP en 2010 lo antes posible. Acusaban de un delito de retardo malicioso y otro de negativa a juzgar tanto al magistrado ponente, Andrés Ollero, como a los tres últimos presidentes del tribunal de garantías: Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y el actual Juan José González Rivas.
La sala de lo penal que preside Manuel Marchena rechaza de plano que en el Tribunal Constitucional estén delinquiendo para retrasar la sentencia de forma maliciosa. Dice el Supremo que “no se desprenden indicios de que los querellados se hayan negado definitivamente a resolver en la forma descrita en el precepto”. La sola existencia de un retraso de más de diez años, añade el escrito, “no basta para acreditar que su objetivo sea obtener una finalidad ilegítima”.
Finalizan el auto diciendo los magistrados que “nada indica que la actuación de los querellados en el asunto estuviera presidida, individual o colectivamente, por algún tipo de interés personal, o de cualquier otra clase, concretado en provocar un retraso en la resolución con el objetivo de alcanzar una finalidad a la que pudiera aplicarse aquel calificativo”.
El Supremo rechaza investigar estos retrasos por la vía penal pero sí recuerda que lo ideal es que los asuntos, por complejos que sea, no tarden una década en resolverse. Aseguran los jueces que “aunque en ocasiones las circunstancias concurrentes, así como la complejidad de algunos asuntos, pueden explicar situaciones excepcionales, la celeridad en la resolución es un objetivo deseable, en el ámbito del funcionamiento de los Tribunales”.
La sentencia del Tribunal Constitucional se va a retrasar todavía más. La renovación de cuatro de sus magistrados que se hará efectiva este jueves incluye a Andrés Ollero, el que iba a ser ponente de la sentencia del aborto. Esto implica un cambio de ponente y un paso atrás en los trabajos para plantear una propuesta de sentencia que pueda votar el pleno. También abandona el tribunal su presidente, Juan José González Rivas, y será el nuevo presidente el que decida cuándo se lleva el caso a pleno.
En su querella ahora inadmitida, Abogados Cristianos denunciaba que “han transcurrido casi 11 años y el Tribunal Constitucional no ha dictado ninguna resolución al respecto”. Ni el ponente ni los presidentes del Constitucional “han llevado el asunto al Pleno, de manera que no solo no se ha dictado una resolución sino que ni siquiera se ha discutido el asunto”. Por su parte, la plataforma Hazteoir - altavoz de Vox en los primeros años de la formación - entiende que “son responsables del retraso tanto el ponente como los sucesivos presidentes, al no haber requerido al primero para la presentación de un borrador”.